Si gana las elecciones, Lacalle Pou negociará detalles del proyecto con el resto de la oposición. Foto: Nicolás Der Agopián

“Cuando la cosa es clara, la biblioteca es una”, y “para eso tenés que laburar bien”, dice Rodrigo Ferrés, encargado de redactar el proyecto de 300 artículos que será el buque insignia de Luis Lacalle Pou

Para desembarcar en el gobierno, los blancos trabajan en una ley de urgencia “para enmarcar” y que no dé lugar a dos interpretaciones

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Nº2037 - al de Septiembre de 2019
escribe Federico Castillo

Qué curiosos e insospechados pueden resultar a veces los caminos que conducen a la emoción. Al abogado Rodrigo Ferrés, especialista en derecho administrativo y asesor jurídico del candidato blanco Luis Lacalle Pou, se le transforma toda la cara cuando habla de las bondades de un artículo de ley bien redactado. Realmente hay un brillo cercano a la pasión en el momento en que se refiere a la perfección de la técnica jurídica legislativa. Ferrés sabe que esto no es lo usual. Y entonces parece hasta impostar su sentimiento ante la incredulidad de los que no lo entienden. “Hubo una época en el Uruguay donde las leyes eran impecables. A veces voy a esas leyes y las veo y son como cuadros…, esto para un abogado es…, es como para enmarcar. Esto es una pintura”, dice mientras mira hacia arriba como buscando las palabras que ayuden a terminar de definir el concepto. “Hay leyes viejas que, en mi cabeza, son obras de arte”.

Desde hace seis meses, Ferrés está al frente de la titánica tarea de redactar un proyecto de ley de urgente consideración, con más de 300 artículos, sobre distintas áreas del Estado, que será la carta de presentación con la que pretende desembarcar el Partido Nacional si llega al gobierno. Por eso es que este abogado está yendo y viniendo sobre viejas leyes, revisando archivos legislativos, tratando de emular un lenguaje jurídico que sea preciso, claro, que no abra puertas a otras lecturas. “Si esto se convierte en ley es necesario que se interprete bien y que no haya muchas dudas. Es un lenguaje que no puede ser coloquial ni con conceptos que se presten para las dos bibliotecas. Cuando la cosa es clara, la biblioteca es una. Y para eso tenés que laburar bien”, afirma en diálogo con Búsqueda. Ferrés insiste en el trabajo que hay detrás de redactar cada uno de los centenares de artículos. Dice que solo así se le pone la certeza a la interpretación. Se reúne tres veces por semana con técnicos de distintas áreas. Cada uno de los referentes le da insumos y él va redactando. “Hay que ajustar y ajustar. Y de repente ves que la redacción podría ser un poco mejor”. La idea es que el proyecto de ley ómnibus quede más o menos pronta en los primeros días de noviembre. Pero no tendrá un punto final hasta que el resto de los actores de la oposición se siente a negociar detalles del articulado. Es un proyecto abierto, aclara Ferrés. Lo mismo se ha encargado de decir Lacalle Pou cada vez que puede: hay que encontrar las coincidencias. Y después plasmarlas todas juntas en esta hoja de ruta para el primer año de gobierno.

Ferrés, que trabaja junto con el candidato blanco desde las elecciones de 2014, subraya la necesidad de apelar a una ley de urgencia. Dice que se acude a un trámite parlamentario de estas características porque hay una “coherencia” con las medidas que están en el programa de gobierno a las que se les quiere dar un sentido de urgencia. Destaca además que el primer semestre se puede aprovechar con la tramitación de esta ley. Y queda libre el segundo para la discusión de la otra gran ley que es la de presupuesto. “En el primer año vos podés viabilizar una serie de propuestas y medidas que son necesarias y que tienen esa cosa urgente, que no pueden esperar. Por eso el vehículo para aprobarla es también de urgencia”.

La regla fiscal y la gobernanza

Hay un capítulo importante destinado al área económica en este gigantesco proyecto de ley. Ahí está contenida la instrumentación de una regla fiscal. “Se establecen parámetros para poder disciplinar el gasto. Una regla que permita no gastar más de lo que entra y tener un presupuesto adecuado a los gastos que el país pueda hacer”, explica coloquialmente el jurista. La consolidación de una regla fiscal ha sido una cuestión recurrente en los discursos del candidato y en cada entrevista que ha dado la eventual ministra de Economía, Azucena Arbeleche. “La introducción de una regla fiscal debe entenderse como parte de una agenda más amplia de crecimiento a mediano plazo. Se trata de una condición necesaria para avanzar hacia un manejo más ordenado de las cuentas públicas, pero no de una condición suficiente”, quedó escrito en el programa de gobierno de los blancos. “Su implementación debe de ir de la mano de una política monetaria independiente y de una adecuada gobernanza de las empresas públicas”, agrega el documento.

Ferrés acota que una mejora de las gobernanzas de las empresas públicas es “importante” por “dos razones”. “Creemos que las empresas públicas tienen que ser más eficientes, y la experiencia ha demostrado que se necesita además un mayor control de sus sociedades anónimas”, señala, y pone como ejemplo a sociedades de derecho privado que orbitan a Ancap y que “han tenido un resultado complicado”. “En el proyecto de ley establecemos unos mecanismos de que aunque sean sociedades anónimas y estén en el derecho privado estén más controladas que una sociedad anónima común. Tiene que haber un mayor control de las sociedades anónimas estatales”, afirma.

La Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas es un nuevo organismo que estará proyectado en esta ley de urgencia. Dependerá de Presidencia y su Consejo de Dirección estará integrado por el prosecretario de la Presidencia, el ministro de Economía y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Otra cuestión en la que se detiene la norma de urgencia es en la regulación de la importación de petróleo crudo y derivados. “La desmonopolización de la importación es como un primer paso para introducir competencia en el mercado y ayudar a las rebajas en las tarifas”, explica Ferrés. “Somos conscientes de que eso no es de la noche a la mañana y de que implica todo una serie de medidas en toda la cadena del sector. Hay que actuar con mucho profesionalismo para que los distintos sectores traten de acompañar ese cambio para lograr esa rebaja de tarifas”.

Hay un capítulo dedicado a apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas y al sector agropecuario. Y también un artículo en que se deroga la obligatoriedad de la ley de inclusión financiera. En realidad, explica el abogado, se cambiará el “deberá” por el “podrá”. “La ley permanece, pero incluirse al sistema es optativo”. Ferrés señala que se convencieron de esto durante las giras por el interior del Uruguay. “Lo vimos en la recorrida, en los comercios chicos. Hay una falta de realidad en la aplicación de la ley”.

En el proyecto ómnibus de Lacalle Pou, hay una pretensión de que la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) y la Unidad Reguladora de Servicio de Comunicaciones (Ursec) estén fuera de la órbita del Poder Ejecutivo. “Que sean lo más independientes y neutrales posible”, aclara Ferrés. “En realidad ellos tienen que regular un mercado donde compiten empresas públicas y privadas, y no está bueno eso de ser juez y parte. Hoy por hoy, la Ursea y la Ursec están metidas dentro de Presidencia. Nosotros queremos que no tengan ningún vínculo para regular y controlar de la forma más autónoma posible”. El asesor de Lacalle Pou aclara que con esto también se busca que empiece una “cultura” de que los directores de esos reguladores sean personas que conozcan el mercado, personas idóneas. En definitiva, que no estén sometidas al poder político.

Evaluar y controlar

La Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas es un nuevo organismo que estará proyectado en esta ley de urgencia. Dependerá de Presidencia y su Consejo de Dirección estará integrado por el prosecretario de la Presidencia, el ministro de Economía y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. El objetivo que se persigue con esto es que las políticas públicas que se estén llevando adelante sean evaluadas en forma permanente e independiente de los ministerios que las ejecuten. “¿Cómo hace Presidencia para controlar que las cosas se hacen en tiempo y en forma?”, se pregunta el abogado. “Nosotros consideramos que era necesario institucionalizar algo que fuera más allá de un gobierno”, señala, y aclara que, según lo que se está redactando, la nueva oficina no generará burocracia nueva. “Con la gente que hay, con los que se pueda contar, se puede armar esa agencia para que siga cada política publica”. Ferrés pone un ejemplo bien concreto: si hay que hacer una reconstrucción en la ruta 9, se busca seguir los plazos de la licitación, que se ejecute en tiempo y forma, etc.

En el proyecto también hay un tramo dedicado a la seguridad social, pero sin ningún asunto específico más que las directivas para constituir una comisión de expertos que empiece a estudiar el tema a escala nacional y multipartidario.

Legitima defensa en el campo y la ciudad

En otro capítulo grande en el que se está trabajando es en el de la seguridad. “Acá tratamos de implementar las distintas medidas que están en el programa a través de reformas legales”, explica el abogado. “Hay cambios en la Ley de Procedimiento Policial, para fortalecer la actuación de la Policía y que tengan más herramientas en el ejercicio de sus funciones. Hay medidas que tienen que ver con la legítima defensa policial. No es una cuestión de gatillo fácil. Simplemente que con determinadas etapas cumplidas pueda actuar sin estar pensando en terminar en un juzgado”.

Para los blancos la seguridad rural también es importante. Y en ese sentido se busca extender la legítima defensa a todo el establecimiento agropecuario. No solo la casa y sus alrededores. Con esta medida se busca combatir el robo de ganado.

Ferrés también destaca algunos artículos destinados a la gestión carcelaria. “Algo que está muy bueno es introducir por ley una serie de normas que regulen el trabajo de los presos. Sacar el ocio de las cárceles. Vamos a redactar dos artículos que delimiten bien esa función”, explica. Sabe que existe un sistema de rehabilitación de los reclusos “pero hay que mejorarlo”. “Y no dejarlo librado a la discrecionalidad del Ministerio del Interior”. Y cierra con un concepto que podría aplicar y resumir toda esta ingeniería de artículos que serán el buque insignia del primer año de un eventual gobierno nacionalista. “Cuando tiene fuerza de ley queda más explícito y lo tenés que cumplir”.

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