Carcel de Punta Rieles. Foto: Javier Calvelo/ adhocFOTOS

Presos se adelantan a las medidas de las autoridades y resuelven suspender visitas en algunas cárceles para evitar contagios

6min
Nº2065 - al de 2020
escriben Raúl Santopietro y Juan Pittaluga

Hay un lugar donde la cuarentena ya es obligatoria. En las 26 cárceles que están distribuidas a lo largo y ancho del país más de 12.000 personas están privadas de libertad. Tienen a su favor que, si nadie con coronavirus ingresa a la prisión, no hay riesgo de contagio. Pero, al mismo tiempo, tienen en su contra el enorme peligro de que, si uno de los 4.000 funcionarios se contagia fuera o algún familiar es portador del virus y lo lleva a la cárcel, están dadas las condiciones para que queden muy expuestos.

Hay prisiones donde las recomendaciones que hace el Ministerio de Salud Pública a toda la población van en sentido contrario a la realidad. Es difícil evitar la aglomeración de personas donde hay hacinamiento. Lugares donde la yerba no sobra y es prácticamente imposible que los presos no compartan el mate. O el lavado de manos en cárceles donde los insumos de higiene básicos escasean.

Pero también hay cárceles, como las unidades N° 1 y N° 6 de Punta de Rieles, donde las condiciones son diferentes y allí la oportunidad es otra. Incluso, en ambos lugares, los propios reclusos han tomado medidas radicales como la suspensión de las visitas, una decisión que, si el Ministerio del Interior decreta por su cuenta para todos los centros de reclusión de Uruguay, seguramente cause problemas graves. Es que el contacto con familiares y amigos es importante para los presos no solo por el aspecto emocional, sino porque son quienes les traen alimentos y artículos personales. En Argentina la suspensión de visitas fue una de las razones que ocasionó esta semana motines en cárceles de Santa Fe y Entre Ríos, con la muerte de internos, destrozos a edificios y agresión a los funcionarios.

Altamente vulnerable

Hacia fines de febrero y principios de marzo, con los primeros casos en Brasil y Argentina, la llegada del coronavirus a Uruguay se dio como un hecho dentro del sistema carcelario. Por aquel entonces las autoridades ya habían recibido la primera nota del comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, planteándoles que era necesario un protocolo para las cárceles. A partir de aquel contacto, el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y el Sistema de Atención Integral para las Personas Privadas de Libertad (SAIPPL) de la Administración de Servicios de Salud del Estado (Asse) elaboraron junto con Petit directrices para tomar precauciones.

El jueves 5 el comisionado penitenciario envió una segunda nota dirigida al flamante ministro del Interior, Jorge Larrañaga, con copia al directorio de Asse. En la nota, a la que accedió Búsqueda, le manifestó su preocupación porque las condiciones de alojamiento “vuelven altamente vulnerables” a los presos y porque podrían convertirse en “un vector de transmisión para la población general”, ante los problemas de higiene, de ventilación, de alimentación y la falta de formación en prevención de la salud. Además, le advirtió que en el sistema penitenciario “no existen, salvo excepciones, lugares donde aislar internos por períodos de mediana o larga estadía y con atención médica”. Comunicó también su alarma por el “clima de inestabilidad” que causaría “la presencia virtual del virus” y que “poco ayudaría no solamente a contener la enfermedad, sino también a la buena convivencia dentro del sistema”.

Para tener la situación bajo control, Petit propuso cuatro acciones: crear un grupo de trabajo, realizar campañas de información a los presos y sus familiares sobre el virus, dar kits de limpieza a los reclusos y contar con lugares definidos para el eventual aislamiento, en especial el módulo 12 de la Unidad N° 4 Santiago Vázquez (ex-Comcar), sin uso desde un motín ocurrido en 2018.

Las autoridades rápidamente pusieron en marcha varias de las recomendaciones. Y al poco tiempo entró en vigor un protocolo liderado por el INR que dispuso que a cada persona que ingrese a la cárcel, sea funcionario o visitante, se le tome la temperatura para detectar si tiene fiebre.

El martes 17 Petit volvió a enviar una nota con otra serie de recomendaciones a tener en cuenta para la elaboración de un plan de contingencia que insiste en mantener “la buena convivencia”. Fueron 20 medidas específicas que contemplan tanto a los presos como a los funcionarios. Pidió que se garanticen los insumos de higiene como jabón, hipoclorito, escobas y material de limpieza junto con la coordinación de “brigadas de limpieza” y “de salud” conformadas por prisioneros, a quienes les apliquen los beneficios de la redención de pena por trabajo. Solicitó reforzar la alimentación para funcionarios y presos con verduras frescas, proteínas y frutas, en particular con vitamina C, y que se repartan barbijos y guantes. También planteó el apoyo de locutorios y un call center línea 0800 para “facilitar la comunicación de los internos con sus familias y mundo exterior”. Por otra parte, propuso que se tramiten prisiones domiciliarias “dada la salud de los internos”, en particular para madres con hijos a su cargo.

Va en serio. 

A partir del martes 17 el ministerio agregó a las cárceles medidas sanitarias de prevención de contagio, sumadas a los controles de temperatura que ya se realizaban. La dinámica diaria de los presos se alteró a partir de este protocolo reforzado. Hoy el INR junto con el SAIPPL —en los centros metropolitanos y de Rivera— y Sanidad Policial —en el resto del país— monitorean la temperatura de cada persona que entra, y si alcanza los 37,5 ºC no puede ingresar. Se repartieron kits de limpieza que incluyen guantes, tapabocas, jabón, pañales, shampoo y artículos femeninos, y se desplegaron cuadrillas de internos encargadas de la higiene de espacios comunes con abundante hipoclorito para la limpieza de celdas. También se fumiga.

Se definieron lugares de aislamiento en cada prisión, que están siendo acondicionadas ante la eventualidad de que haya afectados, como por ejemplo en Santiago Vázquez, —allí está recluido un tercio de la población carcelaria—, donde se definió que el módulo 2 con capacidad para 400 personas quede reservado. Las visitas fueron restringidas a un familiar por recluso. Se suspendieron las actividades educativas y religiosas que aglomeren a más de cinco personas. En contrapartida, los funcionarios incentivarán las actividades al aire libre.

Mientras, los presos buscan la forma de organizarse entre sí para evitar que el coronavirus ingrese a las cárceles.

“Gente, lo del coronavirus va en serio”. Así comienza un mensaje de audio grabado por un recluso de la cárcel más nueva del sistema, la Unidad N° 1 de Punta de Rieles, que rápidamente circuló entre los presos de los demás penales. Incluso, el Ministerio del Interior usó ese audio para difundirlo entre toda la población carcelaria como forma de “concientizar sobre la situación”, dijo a Búsqueda una fuente de la cartera.

“Les pedimos que cuando hablen con sus visitas les pidan que por un tiempo, solo por un tiempo, traten de no venir para no contagiarnos nosotros ni que se contagien ellos. Sabemos lo importante que es para ustedes ver a su familia, pero más importante tiene que ser verlos sanos y sin el virus”, dice el mensaje. “Para cuidarlos a ellos y cuidarnos todos les pedimos que se laven las manos todas las veces que puedan durante el día, que no compartan el mate, los cubiertos y los vasos. Abran las ventanas de las celdas y límpienlas. ¡Vamo arriba! El virus es altamente contagioso. Esto es por ustedes, por nosotros y por nuestras familias”, agrega el recluso, detenido en la cárcel inaugurada en 2018 bajo el régimen de participación público-privada y siguiendo lineamientos de construcción y seguridad de prisiones europeas.

Las personas privadas de libertad de esa unidad y de otra más vieja que se ubica al lado (la N° 6) resolvieron de forma voluntaria dejar de recibir visitas debido a la situación sanitaria que enfrenta el país por el coronavirus. “Muestra una madurez y una comprensión ante este momento excepcional que vive el país”, valoró al respecto el director del INR, Luis Mendoza. Además, en varios centros, como el N° 20 de Salto, hay presos que están confeccionando sus propios tapabocas. Y desde la oficina del comisionado penitenciario se imprimieron para los reclusos unos 1.000 volantes con ocho recomendaciones primordiales que incluyen cambiar la forma de saludar, ventilar las celdas y no compartir mate.

Por ahora las iniciativas han dado resultado y no hay ninguna persona privada de libertad contagiada del virus. De todas formas las autoridades están atentas a la necesidad de definir medidas más restrictivas.

“Nosotros hacemos guardia de cárceles, somos parte de la respuesta si es que hay algún problema penitenciario para apoyo de ese problema. No se está dando, pero sí estamos previstos dentro de ese plan”, dijo a Búsqueda el general Luis Heber de León, comandante de la Fuerza Aérea, que como parte de las Fuerzas Armadas se encarga, junto con el Ejército y la Armada, de la seguridad perimetral en las unidades penitenciarias. “El problema parte desde el momento que a la persona que está recluida por un problema sanitario le cortan la visita. Ahí empieza un problema, y es que en algunas cárceles se pueden poner altamente agresivos, y en otras no, depende de la población carcelaria. Acá por ahora no es el caso, sí es lo que pasó en Argentina”.

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