Con la rebaja del IVA crecieron los pagos electrónicos, pero no tuvo “ningún efecto” en el cumplimiento fiscal de las empresas

Anne Brockmeyer y Magaly Sáenz Somarriba, autoras de Tecnología de pago electrónico y cumplimiento tributario: evidencia de la reforma de inclusión financiera de Uruguay, usaron para su análisis datos administrativos sobre pagos con tarjeta a escala de transacción con el detalle de las fechas realizadas (entre 2007 y 2016), el monto de la compra y de la devolución de IVA, además de la identificación fiscal de la empresa y un identificador del POS. También emplearon declaraciones mensuales de IVA de las empresas. Y registros del impuesto a la renta les permitieron confirmar el volumen de negocios de las firmas y, por lo tanto, su elegibilidad para el subsidio de alquiler de POS.

Una constatación fue que ese beneficio fiscal al consumidor para los pagos mediante tarjetas de crédito y débito desencadenó un aumento inmediato del 50% en el número de transacciones con esos instrumentos. Para calcularlo, las economistas del BM emplearon una estimación de “diferencia en diferencia”, que compara las firmas del sector minorista respecto de las mayoristas; solo las primeras son alcanzadas directamente por la “inclusión financiera”, ya que las rebajas del IVA no se aplican a las ventas de empresa a empresa. El efecto de tratamiento de “diferencia en diferencia” fue cercano a cero y, en consonancia con ello, el efecto sobre el IVA repercutido declarado y el pasivo neto por el impuesto también resultó estadísticamente indistinguible de cero. “Esto significa que el cumplimiento tributario no se vio afectado y las devoluciones generaron un costo fiscal general de alrededor del 1,5% de los ingresos del IVA”, afirman las autoras.

Esos hallazgos, dicen, contrastan marcadamente con los que hizo otro investigador para Brasil —publicados en 2019—, que muestran que la implementación de los recibos electrónicos incrementó las ventas reportadas de las empresas minoristas en al menos 21%.

¿Cómo se entiende que si se verificó una “gran respuesta de los consumidores a las devoluciones del IVA”, al mismo tiempo hubo un “efecto nulo sobre el cumplimiento tributario”? Una explicación es que los comercios se autoseleccionan para usar POS, sopesando beneficios (la retención o atracción de clientes y la agilización de las transacciones) y costos (variables y fijos por el uso del dispositivo y por un aumento potencial en los pagos de impuestos requeridos). “Nuestros resultados sugieren que el fuerte aumento en la demanda de pagos con tarjeta por parte de los consumidores después de la introducción de la devolución del IVA no fue suficiente para aumentar la adopción de POS por parte de las empresas en el margen extensivo”.

Para Brockmeyer y Sáenz Somarriba, “está claro que el número de transacciones con tarjeta aumenta considerablemente en agosto de 2014, precisamente cuando las devoluciones del IVA comienzan a cobrar fuerza”, lo que “no sorprende”, ya que el beneficio fue importante y se introdujo con “gran fanfarria mediática”. Mientras, el número de POS en uso y de empresas con al menos uno de esos equipos también se incrementó con el tiempo, aunque solo se vio un ligero salto en el momento de la reforma. Sin embargo, el aumento en la adopción de POS fue “en el margen intensivo”, es decir, entre las firmas que ya los estaban usando (para las cuales el costo de disponer de otro de estos equipos sería mucho menor). Solo el 6,5% de las empresas minoristas elegibles habían aceptado el subsidio estatal al alquiler del aparato dentro de los dos años posteriores a su introducción, en setiembre del 2012.

Tampoco encontraron evidencia de que la adopción de POS respondiera a una reducción en las tasas de retención de impuestos aplicadas por las empresas de procesamiento de tarjetas o a una rebaja en las comisiones cobradas en las transacciones. “Esto sugiere que acelerar la adopción de POS por parte de las empresas requeriría incentivos financieros mucho mayores o un mandato” que las obligue a ofrecer servicios de pago con tarjeta, sostienen.

Una segunda explicación al hecho de que la inclusión no tuvo “ningún efecto sobre el cumplimiento fiscal entre las empresas minoristas” es que, incluso entre las firmas con POS, las ventas con tarjeta constituyen en promedio menos del 30% de las ventas totales reportadas; en otras palabras, gran parte de su facturación es en efectivo.

Incluso si la respuesta de los consumidores frente al estímulo de la rebaja impositiva hubiera sido el doble, el aumento en las ventas con tarjetas aún no habría llevado su participación en la facturación total hasta un punto en el que estas “crearan una restricción vinculante para el comportamiento” fiscal de las empresas, señalan las autoras.

Según estimaciones de la Dirección General Impositiva publicadas hace un par de años, citadas en el estudio, en 2012, antes de implementada la reforma de la “inclusión financiera”, al menos el 20% de los ingresos potenciales de IVA fueron evadidos, lo que corresponde a una pérdida fiscal equivalente a 2,5% del Producto Bruto Interno.

A modo de conclusión, las economistas del BM subrayan que, dado que los consumidores responden en gran medida a los incentivos financieros, es probable que incluso los beneficios más pequeños, o más específicos o temporales —por ejemplo, solo para pagos por montos chicos con tarjeta— podrían generar un aumento considerable en las transacciones con instrumentos electrónicos como ese. “Sin embargo —agregan—, es más probable que se logre un impacto en el cumplimiento tributario con políticas que incentiven con éxito a más empresas a adoptar un POS, lo que puede requerir incentivos financieros mucho mayores que los utilizados en Uruguay o un mandato”.