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Las críticas, provocaciones, insultos y amenazas a las mujeres en redes sociales serán analizadas por el Poder Ejecutivo en un esfuerzo por tener información precisa para definir políticas contra la violencia mediática.
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El tema es una de las prioridades para 2023 del Instituto Nacional de las Mujeres, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, que se alió con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para monitorear las respuestas que reciben en Twitter 285 mujeres de distintos ámbitos, con actividad pública y al menos 3.000 seguidores.
“Si bien todos sabemos que Twitter es una red que maneja niveles altos de violencia, en el caso de las mujeres esa violencia tiene formas bastante específicas y replican la que se da en el ámbito presencial. Hay una línea de trabajo y en Inmujeres contamos con una funcionaria, una abogada especializada, que está trabajando en violencia mediática”, dijo Mónica Bottero, directora del organismo, el jueves 7 ante la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados.
La Ley Nº 19.580 incluye a la violencia mediática entre las manifestaciones de violencia basada en género. Refiere a toda publicación o difusión de mensajes e imágenes a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de las mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, legitime la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres.
La iniciativa de Inmujeres será lanzada sobre fin de año y proporcionará información en tiempo real sobre la violencia digital contra las mujeres. El proyecto está a cargo del Laboratorio de Aceleración del PNUD, un servicio que trabaja directamente con gobiernos de 78 países para evaluar problemáticas de forma rápida y reducir los tiempos de investigación de una media de dos años a meses o incluso semanas.
Se trata del primer estudio público oficial, luego de que en marzo la oficina local de ONU Mujeres hiciera un programa piloto similar, junto con la consultora CPA Ferrere. Esta investigación, divulgada por Búsqueda (Nº 2.165), relevó más de medio millón de mensajes enviados a través de Twitter a mujeres políticas uruguayas entre junio 2019 y junio 2020, y mediante técnicas de aprendizaje automático identificó mensajes violentos que fueron caracterizados a partir de su contenido. Se determinó que casi tres de cada 10 mensajes que reciben las mujeres políticas son violentos y que la mayoría aluden a la condición de mujer y al cargo que ocupan. Otro de los fenómenos que observó el análisis es que cuanta mayor visibilidad tiene una mujer política, mayor es el nivel de violencia que debe enfrentar.
“Por sus características, este tipo de violencia es difícil de detectar y en algunos casos está naturalizada por el medio en el que se desarrolla: en efecto, la arena política fue históricamente un ambiente dominado por hombres —aún sus reglas y costumbres desfavorecen la participación de la mujer— y el aumento de la participación de las mujeres en cargos de decisión ha empezado a develar esta problemática. A su vez, el medio digital facilita el ejercicio de la violencia, tanto por su inmediatez como por su capacidad para proteger a los agresores”, dice parte del estudio.
Femicidios
La participación de Bottero en el Parlamento fue para informar sobre la gestión que realizó el Instituto Nacional de las Mujeres en lo que va del período de gobierno, especialmente en su trabajo contra la violencia basada en género y el apoyo que brinda al Ministerio del Interior y la Policía Nacional para evitar los femicidios.
En el primer semestre de 2022 hubo en Uruguay 14 femicidios, una cifra en línea con los datos históricos si se proyecta anualmente: fueron 25 en 2019, 19 en 2020 y 26 en 2021. Las denuncias por violencia doméstica fueron uno de los dos ítems que creció en el periodo enero-julio, junto con los homicidios, de acuerdo a las cifras de delitos presentadas la semana pasada por el ministro del Interior, Luis Alberto Heber. En el primer semestre de 2019 hubo 18.529 denuncias, 18.788 en 2020, 16.777 en 2021 y 18.634 en 2022. La última cifra representa un aumento del 11,1% respecto al mismo período del año pasado.
Al hablar de los homicidios —que crecieron 39,9% en el primer semestre—, Heber volvió a repetir que el despliegue policial y no la pandemia fue el factor determinante para que hayan disminuido en 2020 y 2021. Las denuncias de violencia doméstica también bajaron en esos años, aunque a diferencia de otros delitos se especulaba que podían aumentar con las medidas de encierro y distanciamiento social.
“En el mundo se hablaba que iba a ser una fuerte pandemia también en violencia de género, en particular la doméstica, porque la gente se estaba quedando en sus casas y no se sabía por cuánto tiempo. A nivel global, las institucionalidades de género estábamos convencidas de que iba a producirse una pandemia de violencia doméstica en particular, pero es algo que podemos decir que en Uruguay no sucedió. No sucedió porque la política fue la de no cerrar; se dio lo que se llamó la ?libertad responsable' y no hubo impedimento de circulación”, argumentó Bottero. “Ningún número nos indica que haya aumentado la violencia doméstica como consecuencia de la pandemia. Aumentó la percepción de la violencia doméstica y, por lo tanto, aumentaron las llamadas al servicio telefónico de orientación a mujeres en situación de violencia doméstica, que a nivel nacional hacía poco tiempo que estaba y la difusión era bastante limitada; y aumentó porque culturalmente toda la ciudadanía está entendiendo y visibilizando este problema”.
