La identificación de Amelia Sanjurjo reimpulsa la búsqueda de desaparecidos, pero no elude la carencia de información

Recién en junio pasado, mientras cavaban una nueva trinchera de forma rutinaria, es decir sin información de calidad, los antropólogos forenses que entonces trabajaban en el batallón de infantería paracaidista N° 14 en Toledo se toparon con sus huesos. Aunque, por primera vez, al no existir registros de primera mano, se demoró casi un año en confirmar quién era.

Pocha Sanjurjo era una persona sencilla, una militante de barrio. Sin embargo, tenía una determinación inusual: “Daría feliz mi vida al partido”, le había confiado a Lile Caruso, su amiga y vecina, entonces viuda reciente de Álvaro Balbi (un militante muerto en 1975 por la Policía) y madre de cuatro hijos. Ella se quedó muy impresionada al oír eso mientras viajaban a Cuchilla Alta para descansar unos días: Amelia, de vender libros que compraba en una pequeña distribuidora de Ciudad Vieja y de organizar todo lo posible la resistencia contra la dictadura en Colón y Lezica y Lile, de la responsabilidad maternal.

En la casa ubicada en Garzón y Checoslovaquia, donde hasta hacía poco vivía con su padre y ahora alquilaba una pieza a un muchacho con quien luego comenzó una relación, los agentes estatales del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) habían montado una ratonera y detenido al inquilino Carlos Aguilera y a la secretaria del seccional Norte (N 9°), Leonor Albagli, que había pasado a verla.

A Pocha la secuestraron en plena calle. Luego de varios días con sesiones de torturas en La Tablada —el cercano exhotel donde desde ese año funcionaba la Base Roberto del OCOA, que entonces dependía del general Rodolfo Zubía, jefe de la División de Ejército 1—, Aguilera fue liberado, Albagli remitida a prisión y Sanjurjo —que se resistía a comer— murió y fue desaparecida, en apenas seis días.

La Tablada sumó cuatro comunistas desaparecidos ese año 1977: Luis Eduardo Arigón y Óscar José Baliñas (en junio), Oscar Tasino (julio) y Sanjurjo (noviembre). El 1 de agosto fue también secuestrado y desaparecido el subdirector del semanario Marcha, el maestro Julio Castro, uno de los siete encontrados en el país hasta ahora, junto con Ubagésner Chaves Sosa (en una chacra privada cerca de Pando), Fernando Miranda, Eduardo Bleier, Ricardo Blanco Valiente (en los batallones) y Roberto Gomensoro, cuyo cráneo, rescatado del agua en 1973, había sido identificado en 2002.

Para la historiadora Fabiana Larrobla, una de las enseñanzas es que el hallazgo confirma determinadas dinámicas de enterramiento y muestra un patrón de ubicación por fechas.

l Lento, mentiroso y tenso camino. Los compañeros y familiares de la Pocha Sanjurjo presentaron denuncia penal poco después de finalizada la dictadura, pero el caso no logró avanzar más allá de la versión de que sus restos habían sido incinerados y tirados al Río de la Plata. Así, recordó a Búsqueda el director de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Wilder Tyler, comenzó a producirse “la primera mentira oficial”. La segunda, en términos parecidos, ocurrió poco después, cuando el presidente Jorge Batlle puso a trabajar a la Comisión para la Paz.

Luego, el presidente Tabaré Vázquez, camino a cumplir con su promesa de campaña de entrar a los batallones para buscar a los desaparecidos, como reclamaba el sector más militante de su electorado, ordenó a las fuerzas investigar y producir un informe sobre el tema. Entonces apareció una “tercera mentira oficial”: un documento con la firma del comandante del Ejército Ángel Bertolotti volvió a mencionar que se habían hecho exhumaciones clandestinas en terrenos de la fuerza, pero con la variante de que, en lugar de arrojar las cenizas al mar —dijeron— se habían dispersado en la zona.

Aunque el comandante fue repudiado por los sectores más duros de los retirados, en Tierra mínima, su reciente libro sobre el trabajo de los antropólogos forenses del GIAF que dirige Alicia Lusiardo, el periodista y escritor Fernando Butazzoni hizo referencia a un manual “secreto” enviado entonces por Bertolotti a las unidades militares que pinta la crispada situación entre el primer gobierno del Frente Amplio y el Ejército.

“Su redacción, el tono y las directivas impartidas no dejaban espacio para la ilusión: nada de bienvenidas, nada de ayuda, nada de cooperación. Todo a regañadientes y con condiciones.” Tampoco el título se salía de eso, porque se llamó “Protocolo de actuación del equipo de antropólogos en la zona de exclusión a disposición de la Presidencia de la República”.

Pero no solo hubo tensiones entre los uniformados y los civiles. También se produjeron cortocircuitos entre los especialistas de la Universidad de la República y Familiares, sobre todo a partir de que los resultados no fueron los esperados.

Después de bastantes enfrentamientos, el segundo equipo de investigadores, bajo la batuta de José López Mazz (el primero, de breve vida, había sido dirigido por el profesor de la Facultad de Ciencias Daniel Panario), quedó descabezado al ser forzado este a renunciar, porque la organización de familiares de detenidos desaparecidos le retiró la confianza.

El arqueólogo había sostenido que aquello “no era un comité de base” y no quiso bajarse de su postura técnica: en su opinión, había muestras suficientes de remociones en el terreno que avalaban la existencia de la llamada operación zanahoria, es decir que varias tumbas clandestinas habían sido vaciadas, algo que Familiares no estaba dispuesta a admitir, al menos con las pruebas existentes.

López Mazz, desgastado, finalmente abandonó el equipo y fue reemplazado por Lusiardo, que ya formaba parte del GIAF, pero que tiene una formación más enfocada al trabajo de laboratorio y un fuerte currículum construido en Argentina, México y otros países en los que trabajó en la búsqueda de desaparecidos.

A pesar de los recursos puestos a disposición no solo por los gobiernos, tanto del Frente Amplio como de la Coalición Republicana, los resultados de ambos equipos siguieron siendo magros a causa de un factor previo: la falta de información.

Si bien al comienzo llegaron informes anónimos e incluso testimonios de exsoldados que declararon haber participado en los enterramientos, el silencio, las amenazas e incluso muertes no aclaradas de informantes fueron cerrando el cerco y no dejaron a los investigadores otra alternativa que abrir más trincheras, tanto en terrenos del Estado como privados.

Continuidad

La llegada de un gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou, que en la campaña electoral de 2014 había declarado en TV Ciudad que si fuera por él no seguirían las excavaciones, más la aparición, con tres senadores, de un partido fundado por militares —Cabildo Abierto— encendió algunas alarmas.

Sin embargo, el trabajo de búsqueda, que había cambiado su ingeniería pasando del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia en la órbita de Presidencia a una dirección de la institución de derechos humanos, no fue un obstáculo para avanzar.

La figura de Matilde Rodríguez de Gutiérrez Ruiz permaneció en la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, que funciona entre el edificio Caubarrere y el Palacio Estévez, mantiene el manejo de los archivos y sirve como base logística, pero la búsqueda pasó por ley a la institución.

Tyler dijo a Búsqueda que un presupuesto inicial de unos US$ 700.000 al año, los aportes en retroexcavadoras y otros insumos de las intendencias de Canelones y Montevideo y la solidaridad del GIAF han permitido hasta ahora seguir con los trabajos sin grandes interrupciones. Salvo casos como un incidente con un cable subterráneo de UTE, que luego de años, aún está sin resolver en el exbatallón 13 de Gruta de Lourdes.

El manejo político y militar del tema no parece haber variado en estos años de gobierno con un presidente blanco.

La información sigue sin aparecer y las condenas de exrepresores abonan la continuidad del silencio. Para los políticos, en cambio, aun sin grandes avances, el tema sigue en la agenda. El exministro de Defensa Javier García y el propio presidente Lacalle Pou no se privaron de recordar eso cuando se supo de la identificación de Sanjurjo, mientras que la oposición, previsiblemente, se quejó de “pocos resultados”.

El fiscal Perciballe, por su parte, considera ahora su obligación investigar no solo la actuación de OCOA en relación con el homicidio de Sanjurjo, sino su enterramiento en el batallón 14, y por eso pedirá la reapertura de la causa.