Dentro de su extensa agenda de audiencias con organismos, asociaciones y otros grupos vinculados de una u otra forma con el sistema previsional, la comisión que elabora un diagnóstico y propuestas para reformar la seguridad social ya recibió a las delegaciones de las cajas paraestatales —Notarial, Bancaria y de Profesionales Universitarios— y las tres “están con dificultades, de diferente orden, pero todas con dificultades”, dijo a Búsqueda el presidente de ese equipo de trabajo, Rodolfo Saldain.
En particular, a los integrantes de la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) les “sorprendió” la situación de la Caja Notarial de Seguridad Social (CNSS) porque, al haber implementado una reforma el año pasado, los expertos asumían que se empezarían a ver mejoras. “Y, sin embargo, no”, expresó Saldain.
El 17 de noviembre la CESS recibió a una delegación de la CNSS, que presentó un cálculo actuarial anterior a la reforma de 2019, una reforma que, según comentó Saldain, “no recogió todo lo que querían”. Al finalizar el encuentro, se llevaron la tarea de actualizar ese cálculo actuarial.
Notarial
La reforma de la CNSS entró en vigencia el 1° de enero de 2020, tras quedar aprobada la ley en setiembre de 2019. Según el informe que entregó su delegación ante la CESS, supuso una adecuación del sistema de retiros y pensiones por invalidez, vejez y sobrevivencia, y se fijaron dos objetivos: por un lado, “alcanzar el equilibrio individual de las generaciones futuras”, y, por otro, “establecer una transición entre el desequilibrio presente y el equilibrio futuro”, expresa el informe.
El motivo principal para implementar la reforma fue “la progresiva descapitalización” del fondo de invalidez, vejez y sobrevivencia (IVS). Las proyecciones con año base 2017 pronosticaron la “descapitalización completa” en 2032.
El informe que recibió la CESS afirma que esa descapitalización tiene que ver con un aumento de egresos que surgen de factores “ajenos al control del instituto”. Entre ellos mencionan un aumento de la esperanza de vida, que llevó a que se extiendan los años promedio que se pagan las prestaciones. A esto suman un incremento del Índice Medio de Salarios entre 2004 y 2018, que implicó una revaluación de las pasividades (de 65,7% en ese período). La evolución del montepío notarial —los aportes— no acompañó ese aumento porque 94% de los cotizantes son trabajadores independientes. También menciona un incremento de 59% en la cantidad de jubilados entre 2010 y 2019 y una disminución en el número de afiliados empleados activos. Esto último llevó a un mayor déficit de la CNSS.
Bancaria
La audiencia con la delegación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias (CJPB) fue el martes 1°. Según dijo a Búsqueda el presidente de la comisión, se trata de un instituto “con una situación de desequilibrio desde hace 13 años, aproximadamente, y muy muy sensible a la evolución del mercado de empleo del sector financiero”.
La CJPB comenzó a implementar un proceso de reforma en 2008. Según sus autoridades, los objetivos de la etapa inicial se lograron y se alcanzó un equilibrio en el primer año de aplicación. Así lo expresan en uno de los documentos que entregaron a la comisión. La segunda fase comenzó en 2018 y allí se empezaron a verificar “déficits operativos crecientes que deberán ser cubiertos con las reservas financieras acumuladas”, expresa el informe.
Con la limitación de ingresos de personal a los bancos públicos dispuesta por el Poder Ejecutivo y los efectos negativos de la pandemia de 2020, esta caja se deberá enfrentar en los próximos años a factores negativos que “incidirán en el agotamiento de las reservas financieras entre los años 2026 y 2039”, advirtieron las autoridades de la CJPB. “En ese período será necesario, de no obtener financiamiento externo, utilizar el resto del fondo patrimonial”, añaden en uno de los documentos presentados en la audiencia.
El organismo previsional entregó a la CESS una proyección financiera de largo plazo, publicada en octubre. Allí figura que entre 2018 y 2023 los aportes jubilatorios y otros ingresos disminuirán 3%, pero en el plazo total, a 45 años, el crecimiento en términos reales sería de 94%, ya que el crecimiento salarial compensaría la baja en el número de cotizantes.
En el largo plazo, los aportes de pasivos anteriores y del Estado tenderán a desaparecer 100%, según la proyección. Al 2023 ya habrán disminuido 19%. Los aportes adicionales de empresas, por el contrario, aumentarán 254% en todo el período. El aumento en términos reales entre 2018 y 2023 será de más de 30%, explicado por el crecimiento de las rentas vitalicias de esta caja.
Se estima un aumento de los egresos operativos del orden de 2,3% en el quinquenio 2018-2023. El aumento de las altas jubilatorias se verá compensado por las bajas revaluaciones de las pasividades, proyectan las autoridades de la CJPB. Pero sobre el final del período (hacia el 2063) los egresos aumentarían en términos relativos y se alcanzaría un nivel por encima de 12%.
El mismo día de la audiencia de las autoridades de la CJPB con la CESS, en la tarde asistió una delegación de la Asociación de Bancos Privados (ABPU). Sus representantes realizaron una presentación, también con una proyección financiera para el sector bancario privado, y plantearon principalmente dos alternativas de reforma. La primera es “mantener a la CJPB separada, pero modificarla para distribuir el ajuste que asegura sostenibilidad entre activos, pasivos y empresas, o migrar a un nuevo régimen que mitigue el riesgo de la evolución del empleo”. La segunda, “incorporar a la CJPB al régimen general de BPS (Banco de Previsión Social), estableciendo un cronograma de transición en el que las tasas de aportes y niveles de prestaciones se normalizan con el resto del sistema previsional”.
También la Asociación de Empleados Bancarios expuso su visión ante los expertos que analizan la reforma del sistema. Allí defendieron la viabilidad de la CJPB, tras los cambios introducidos a partir de 2008. “Hoy estando en medio del desarrollo de una reforma profunda, reafirmamos la viabilidad, equilibrio, sustentabilidad y suficiencia de nuestro régimen previsional, por lo que defendemos la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, manteniendo su autonomía, bajo un régimen de solidaridad intergeneracional y capitalización colectiva parcial, preservando las fuentes de financiamiento existentes, lo que garantiza el mejor de los caminos para los afiliados, el Estado, y la sociedad en su conjunto”, señala la organización de los trabajadores en uno de los documentos entregados.
Profesionales.
La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) presentó dos proyectos de reforma en los últimos meses: uno propuesto por la mayoría de los integrantes de su directorio y otro por una minoría junto con la asociación de afiliados.
El presidente de esta caja, Gonzalo Deleón, dijo a Búsqueda que desde 2010 la institución tuvo balances operativos “decrecientes”, pero “pese a todo ha seguido brindando todas sus prestaciones: subsidios, pensiones y jubilaciones”. Sin embargo, en el directorio coinciden en que los sistemas previsionales requieren reformas periódicas.
La reforma anterior de la CJPPU fue hecha en 2004 y, según Deleón, “no dio los resultados esperados”. En su opinión, el directorio anterior “tendría que haber establecido un cambio en la matriz legal de la caja”, pero la decisión fue “recortar prestaciones extraordinarias” y otra que le “llamó la atención”: que “dejó arriba de la mesa un proyecto que no mandó al Ejecutivo”. En setiembre de 2017, el nuevo directorio comenzó a trabajar en el diseño de un proyecto de reforma para dotar a la caja de 20 años más de viabilidad.
Desde la CESS consultaron a las autoridades de esta caja respecto a la elección de ese plazo. Según figura en uno de los documentos presentados, la CJPPU contestó que prever cambios a más largo plazo podría llevarlos “a no incorporar aspectos relevantes que puedan surgir en el mercado de trabajo, la aplicación de tecnología a la actividad profesional y la evolución demográfica”. Agrega que el instituto da cobertura a un colectivo “con mucha diversidad, a diferencia de las otras cajas paraestatales, con más de 50 profesiones actualmente amparadas, cuya modalidad de actividad es diferente. Los ajustes periódicos permiten ir adecuando en forma más gradual, intentando evitar de esta forma afectar comportamientos o complejizar la viabilidad política de los mismos”.
Deleón dijo que la CJPPU tiene un 45% de “población cautiva”, que son aquellos aportantes que trabajan en relación de dependencia y, por tanto, no están obligados a realizar aportes al organismo, pero eligen hacerlo. Una reforma del organismo, según su presidente, debería ser cuidada porque podría “inducir cambios de comportamiento” en ese colectivo de profesionales universitarios.
“La CESS tiene por delante una ardua y compleja tarea de buscar los consensos, y esta no es una propuesta cualquiera. Esta es una propuesta que yo creo que va a ser muy tenida en cuenta por el soporte técnico que tiene y el consenso que requirió en su confección y la participación”, reflexionó Deleón.
