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Bajo la premisa de “aflojarle la cincha a la producción”, no aumentar impuestos ni tarifas públicas y lograr eficiencias en el sector público, el entonces candidato blanco Luis Lacalle Pou generó expectativas entre el empresariado de que —si llegaba al gobierno— los privados tendrían la mochila más aliviada para desplegar su actividad.
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A pocos días de asumir como mandatario, con la crisis sanitaria del Covid-19, las medidas económicas dirigidas a las empresas atendieron principalmente a aquellos sectores más afectados por la pandemia, si bien hubo apoyos a monotributistas y firmas de pequeño porte en general. Para varios rubros de servicios se aprobaron exoneraciones de aportes patronales, exenciones del pago mensual del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas o de los anticipos al Impuesto al Patrimonio. Según el nivel de facturación y tamaño de la empresa, en diversos sectores también se otorgaron préstamos o garantías especiales a través de la Agencia Nacional de Desarrollo, se propiciaron reestructuraciones de préstamos y exoneraron cargos fijos de las tarifas públicas. Otra medida que ayudó tanto a empresarios como a trabajadores fue el subsidio de desempleo especial , entre otros beneficios que se fueron extendiendo y que en algunos casos llegaron hasta mediados del año pasado. Por otro lado, en el transcurso de la pandemia comenzaron a regir cambios regulatorios y beneficios fiscales para promover la construcción de viviendas y apalancar la inversión y el empleo.
Ya como presidente, Lacalle Pou recurrió a la imagen del “malla oro”, que en ciclismo se otorga al que lidera la clasificación. Señaló que “al que va en la punta” su gobierno quiere “estimularlo” para que invierta y genere más puestos de trabajo. “Hay que sacarle el lastre al que va a pedalear, al que va a traccionar la economía”, agregó.
De la mano del crecimiento del sector agropecuario, del empuje de la industria —que se benefició con el cierre de fronteras— y de las obras de infraestructura vinculadas a la planta de UPM 2, la economía se recuperó y las expectativas empresariales mejoraron. Pero ante la caída del tipo de cambio y el encarecimiento de los costos internos medidos en dólares los reclamos del empresariado resurgieron en los últimos tiempos.
En ese contexto, en esta edición de la XXVII Encuesta Anual de Evaluación y Perspectivas Empresariales de Búsqueda se pidió a los ejecutivos que puntuaran —en una escala de entre 1 (“nada”) y 5 (“mucho”)— cuánto consideran que hizo el gobierno para mejorar las condiciones del sector productivo, en general. Casi cuatro de cada 10 encuestados (39%) consideraron que el apoyo fue “regular”, al puntuar su accionar con una calificación de 3. La mayor proporción de respuestas con ese puntaje estuvo en los servicios (53%) y la industria (48%).
Las demás respuestas se dividieron entre los que expresaron disconformidad con lo hecho desde el gobierno a favor del sector productivo (los puntajes 1 y 2, que indican “nada” y “poco”) y los que realizaron una valoración positiva (4 y 5, de “bastante” y “mucho”). Aunque no superaron al juicio de “regular”, este último grupo de opiniones de conformidad superó a aquellas que plantean insatisfacción: 26% entiende que el respaldo a la actividad productiva y empresarial fue “bastante” y otro 10% consideró que se apoyó “mucho”.
Los críticos son uno de cada cuatro: 17% cree que desde la administración de Lacalle Pou se hizo “poco” para contribuir con la actividad privada y 8% opinó que no se hizo “nada” por apoyar al empresariado.
Entre los que demostraron mayor satisfacción con las acciones dirigidas a mejorar las condiciones para producir están los ejecutivos de la construcción: siete de cada 10 consideró que se hizo “bastante” en ese sentido. En contrapartida, los menos satisfechos fueron los comerciantes: 24% lo puntuó con 1 y una proporción igual indicó 2, es decir, “nada” o “poco” al sector productivo.