Otro punto de discrepancia es la obra del polder o reserva de agua bruta (RAB), que abarca 240 hectáreas. “Es un lago de 15 millones de metros cúbicos, que no represa agua de lluvia, porque se construye en la altura de una cuchilla y se llena con agua eutrófica (con valores anormales de nitratos y fósforo) del río De la Plata”, detalló.
Agregó que “tiene una taipa de 6,5 kilómetros de tierra, que si se llega a romper desaparecerían 700 hectáreas, en los campos aledaños no quedaría nada, ni los animales, y pone en riesgo la vida humana, de las familias que viven en las zonas aledañas”, enfatizó.
Para el monorrelleno están previstas 109 hectáreas, y los vecinos prevén que se expropiará algo más de las 350 hectáreas del proyecto. “Nos oponemos al monorrelleno y al polder”, pero “no a la planta potabilizadora”, puntualizó.
Si bien hay una medida cautelar del juez Alejandro Recarey (ver nota aparte), se sigue realizando la evaluación de impacto ambiental, haciendo mediciones de infiltraciones, entre otros estudios. Ese es otro punto que genera inquietud, ya que se avanza con las expropiaciones a pesar de que los estudios de impacto ambiental aún no concluyeron.
“Ya se sabe que habrá una afectación en la napa freática, porque al imponer ese volumen y presión de agua arriba hace que la napa se eleve, afectando en forma negativa la capacidad productiva natural de esos suelos que son todos de alta productividad”, sostuvo el integrante del Grupo de vecinos y productores de Rincón del Pino.
También advirtió que “cualquier derrame o filtración del monorrelleno, que puede pasar, en vez de salir inmediatamente al río De la Plata quedará en una cuenca interior del acuífero Raigón, y tendra un recorrido mayor”. Por lo tanto, “el potencial de contaminación es mayor si se ubica en la cuenca interior frente a una posible ubicación en zonas más cercanas al rio de la Plata”, dijo.
Sostuvo que “el polder no se necesita hacer”, porque “hay otras opciones para resolver los problemas de salinidad”. Señaló que la consultora israelí Mekorot “vino en mayo de 2022 –previo a la licitación– y entre otras recomendaciones le dijo a OSE que hiciera la planta, pero que no hiciera el polder, que eso sería un error”.
Bonino comentó que los responsables del proyecto les dijeron que el polder “se tiene que hacer”, porque el contrato de abastecimiento es de 365 días, pero “seguimos sosteniendo que hay otras opciones para resolver esto, y que el Estado debería detenerse y analizar el escenario nuevamente”.Además enfatizó que “OSE debe, en primer lugar, solucionar las pérdidas de agua potable que hoy tiene, que son el 45% del agua que se potabiliza”.
Salinidad. Si bien más del 80% del agua potable que abastece a Buenos Aires (Argentina) es del río De la Plata, la toma está en una zona donde no hay salinidad, porque hasta allí no llega el océano Atlántico. Sin embargo, poner una toma de agua en Colonia y transportarla por cañería hasta Montevideo es costoso, según OSE. Y se eligió Arazatí porque allí los episodios de salinidad son bajos, y los kilómetros de caño necesarios para transportar el agua a Montevideo son “razonables”.
Bonino planteó que “desde febrero del año pasado a hoy no hubo eventos de salinidad (según datos que les brindó el gerente general de OSE, Arturo Castagnino), por lo tanto el polder no es necesario”. El productor sostuvo que “en promedio solo hay salinidad seis o siete días al año, y cuando eso ocurre perfectamente se puede mezclar el agua con otras fuentes, tal cual lo manifiesta la consultora Israelí en su informe de mayo del 2022”.
También dijo que hay que considerar que el proyecto Arazatí se va a conectar con todo el sistema de aguas corrientes de Uruguay, y eso permite parar distintas fuentes en ciertos momentos, además de mezclar el agua para tener agua dulce en los momentos de salinidad.
Reuniones. El Grupo de vecinos y productores de Rincón del Pino trabaja a contrarreloj intentando “concientizar a las autoridades” sobre los dos aspectos de este proyecto, que “son tremendamente perjudiciales”, dijo Bonino.
Señaló que mientras no se firme el contrato hay esperanzas respecto a un cambio de decisión, pero “una vez firmado ya no habrá marcha atrás”. Insistió en que “al proyecto no le estamos cambiando absolutamente nada, simplemente estamos pidiendo que se consideren esos componentes, que no afectan el proyecto e incluso lo abaratan”. Enfatizó que “no solo costará menos, sino que además no estaríamos dañando recursos fundamentales como nuestras aguas y suelos”.
Agregó que “desde hace dos años hemos tenido reuniones, pero las respuestas no son las que buscamos”. Comentó que el grupo fue recibido por autoridades de la Intendencia de San José, y que solicitó una reunión con Ordenamiento Territorial de la Junta Departamental de San José, también con el ministro de Ambiente, Robert Bouvier, y con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou.
Hace unos días mantuvieron un encuentro con el presidente de OSE, Raúl Montero, en la intendencia de San José, y con el director técnico del consorcio Aguas de Montevideo, el ingeniero Francisco Gross. “Sostienen algunas cosas con las que no estamos de acuerdo. Por más que nos digan que no va a contaminar, no hay experiencia en Uruguay que asegure eso, porque el país no ha tenido un polder arriba del acuífero Raigón con agua del río De la Plata”, comentó Bonino.
Señaló que después de adjudicada la licitación, en agosto de 2023, “pasaron algunas cosas que nos dan la razón” respecto a que estas obras no son necesarias. A propósito, mencionó que en la crisis hídrica de 2023 se abrió una nueva fuente de agua, en Paso Valdez (río San José), y “eso no se tuvo en cuenta cuando se licitó”.
El productor agregó que, también fruto de la sequía, “OSE encontró evidencia que bajo el lecho del río Santa Lucía existe un acuífero aluvial –ampliamente promocionado desde el año 2012 por el hidrogeólogo Guillermo Popelka–, de muy buena potencia, con una calidad de agua muy buena, que se podría explotar”.
“Si tenemos más fuentes de agua para resolver los problemas de salinidad del río De la Plata, ¿para qué vamos a hacer un experimento y contaminar un acuífero, comprometiéndonos a nosotros y a las futuras generaciones?”, concluyó Bonino.
El Poder Ejecutivo apeló el fallo del juez Recarey
Gobierno presentó una apelación por el proyecto Neptuno (Arazatí) y asegura que no hay elementos para imponer una medida cautelar, informó Búsqueda en su edición del pasado 18 de julio. En sus escritos, OSE y el Ministerio de Ambiente entienden que el juez Alejandro Recarey “se apartó de las prácticas y la legislación procesal”, por lo que “no actuó apegándose a las reglas del debido proceso”.
El Poder Ejecutivo presentó el pasado martes 16 un escrito para apelar el fallo del juez Alejandro Recarey, quien semanas atrás detuvo la firma del contrato entre OSE y el consorcio Aguas de Montevideo para la construcción de la toma de agua y planta potabilizadora en Arazatí, en el departamento de San José.
Las dos apelaciones presentadas, una por parte del Ministerio de Ambiente y otra por OSE, serán analizadas por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4° turno y buscan levantar la suspensión al rebatir los argumentos esgrimidos por el magistrado, así como los cuestionamientos planteados por los promotores de la medida cautelar impuesta, como son la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida y el movimiento Tucu Tucu.
Fuentes del Poder Ejecutivo brindaron detalles a Búsqueda del escrito presentado por Ambiente, el cual sostiene que la sentencia de Recarey “fue dictada mediante un procedimiento viciado por la ausencia de jurisdicción de la sede”, al tiempo que “su falta de imparcialidad generó la indefensión de las partes citadas”, cuyos argumentos y pruebas “no fueron atendidos”. Además señala que el juez, “lejos de mantener el debido proceso, se apartó de las prácticas y la legislación procesal, disponiendo una medida sin que se cumplieran los requisitos fundamentales para su adopción”.
En ese contexto, el escrito cuestiona la competencia del juzgado civil para intervenir en este tipo de procesos y considera que esa tarea le correspondería al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Esto se debe, explicaron las fuentes, a que el tribunal tiene competencia especial para considerar la legalidad de los actos administrativos y justamente eso es lo que se cuestiona de la actuación de OSE y de los ministerios de Ambiente y de Salud Pública en el proyecto Neptuno.
Un segundo capítulo se centra en la “indebida actuación del magistrado antes, durante la audiencia y en el dictado de su decisión”, ya que, a criterio de Ambiente, Recarey “no actuó apegándose a las reglas del debido proceso”. Y es que según plantean las fuentes, el juez notificó a la cartera sobre la fecha de la audiencia tan solo 24 horas antes, lo cual “provocó una desigualdad muy importante entre las partes, ya que el ministerio no estaba en las condiciones más adecuadas para defenderse”.
“Me opongo por el costo y por las empresas”, dijo el diputado Lust
El diputado Eduardo Lust, candidato a la Presidencia de la República por el Partido Constitucional Ambientalista, confirmó su oposición al proyecto Neptuno (Arazatí). “Lo que me espanta, y lo he hablado con autoridades del gobierno, es el precio y la financiación, que es para beneficiar a las mismas empresas que se han beneficiado siempre, con el gobierno anterior y con este”, dijo el legislador al ser consultado por Agro de Búsqueda.
Consideró que “no hay duda de que hay que tener otra fuente de agua para potabilizar, está bien que sea del río De la Plata, pero ¿por qué no la hace OSE?”. Utilizando un simulador del Banco Central del Uruguay, calculó que si OSE solicitara un préstamo de US$ 295 millones, a pagar en 210 cuotas, para llegar a US$ 800 millones tienen que cobrar una tasa de interés del 15% en dólares, lo que “significa una usura tremenda”.
Por lo tanto, “me opongo al proyecto, en virtud de su costo, y además porque lo van a hacer los empresarios que han hecho todas las grandes obras en los últimos años en Uruguay”. “Me dirán que son las únicas empresas capaces de hacerlas. Sí, pero eso lo puede hacer OSE, dirigiendo la obra y contratando a estas empresas, que la harían igual, porque ganarían menos que de esta forma, pero igual ganarían mucho”, consideró Lust.
En la sesión del 31 de agosto de 2023, en la Cámara de Diputados, el representante expresó: “no pongo en duda al directorio de OSE, pero sí a la OPP (Oficina de Planeamiento y Presupuesto), que en última instancia resolvió este asunto”.
“Lo que no me cierra es que si puedo hacer algo por US$ 250 millones, lo haga por US$ 900, que serán US$ 1.300, porque ya tenemos experiencia en estos megacontratos, como los de las papeleras, que siempre sale un tercio más”, advirtió.
Lust sostuvo que “acá estamos enriqueciendo a los cuatro fantásticos (en referencia a Berkes, Saceem, Ciemsa y Fast, que integran el consorcio Aguas de Montevideo)”. Más adelante, agregó que “van a presentar un permiso ambiental que no tienen, el Ministerio de Ambiente les va a hacer observaciones, y ellos van a responder: me adapto a sus observaciones, pero el presupuesto sube US$ 100 millones”.
