Sostuvo que “en el último período de gobierno del Frente” Amplio “no se hizo nada”, y “en este período de gobierno tampoco se hizo nada” y “no se quiso mucho”.
“Ojalá me equivoque y en el próximo gobierno salga con mucho empuje todo esto que es necesario, pero hay que trabajar más en profundidad y más con los productores y actores privados de la cadena agropecuaria”, dijo.
Criticó que hasta ahora se hizo con “una visión muy desde lo público, de cada una de las reparticiones, y podrán tener fundamentos de conocimiento, pero no es lo que en la práctica tienen los productores”.
Para la ACA hay un “convencimiento” en cuanto a que “el riego es el determinante para captar la potencialidad que tiene la producción de Uruguay”, y “trabajará en todo lo que sea necesario”, afirmó.
Consultado sobre las metas del plan de riego 2025-2029, el director de Recursos Naturales del MGAP, Martín Mattos, dijo a Agro de Búsqueda que actualmente se incorporan alrededor de “6.000 hectáreas por año” a los sistemas de riego, y la meta es “duplicar” esa extensión a 12.000 hectáreas anuales, con lo que se lograría llegar a 60.000 hectáreas en dicho quinquenio. Al aplicar este mismo cálculo de proyección para 10 años se determina la meta general de unas 150.000 hectáreas.
“Son referencias” de objetivo hacia dónde se quiere ir, es un “orden”, pero después el riego tiene mucho de ver en qué sistemas queremos promocionarlo, porque una cosa es el riego en agricultura, en pasturas, en ganadería, en lechería”, consideró.
Destacó que, más allá de la extensión prevista a modo de “norte”, lo más importante es que “el riego se expanda como una mancha de aceite en todos los sistemas productivos” de Uruguay. Eso incluye a “la agricultura, la ganadería, la lechería y en la producción de frutas y hortalizas”, señaló.
Incentivar y financiar. Las “políticas de estímulo y financiamiento” definidas en este plan comprenden la “declaratoria del riego como actividad promovida, en el marco de la ley de promoción de inversiones” (como el caso del sector del software) y “mecanismos de financiamiento público-privado para infraestructura colectiva”: obra pública, inversión privada con “reembolso parcial del Estado”, financiación con instituciones locales o multilaterales.
Se prevé además la “convocatoria a postulación de proyectos por fondos concursables para apoyo a la construcción de sistemas de riego”, como el “modelo chileno”. En el plan se plantea la interrogante: “¿podría la industria jugar un rol como promotor del riego colectivo, como en el arroz o la caña de azúcar?”.
El “perfeccionamiento del régimen de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap)” y “beneficio de Impuesto a las Enajenaciones de Bienes Agropecuarios (Imeba): certificados endosables o bonos”, también figura entre los estímulos al riego.
Sobre este punto Mattos señaló que hoy el riego tiene una promoción del Estado, mediante la Comap, pero el crecimiento viene básicamente explicado por los productores que tributan por IRAE (Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas)”.
“Ahora si identificamos que esto es una limitante y vamos a promover un sistema de presentación de proyectos a fondos concursables”, que sea “mucho más dirigido y ordenado”, incluyendo en la promoción y beneficios a “productores en general, no solamente a los que tributan por IRAE”, indicó.
Obstáculos y oportunidades. Entre las “limitantes” y “barreras” para el “despegue” del riego en la agricultura local, en el plan se advierte que para el mismo se requieren “inversiones altas” y “no divisibles, a amortizar en muchos años”. Y que “si bien hay aumentos de productividad”, el “margen de rentabilidad puede ser acotado: por inversión, por sistema de producción, por exposición a precios, y por costos (determinados por diseño de cada sistema)”.
La “decisión de invertir depende de condiciones de financiamiento y del régimen promocional (exoneración parcial IRAE)” y “parte importante de los productores no queda amparado (Imeba)”, indica.
Plantea además, entre los obstáculos, que en la Comap “no se permite canalizar beneficios a otras empresas”, que “alta proporción de agricultura y lechería se realiza en campo arrendado” y que “otras inversiones de menor magnitud compiten con la inversión en riego”.
Implica también “tecnología con curva de aprendizaje costosa”, que “demanda mucha capacidad de operadores y de gerenciadores”, sumado a la “incertidumbre en la definición de caudales ambientales (implicaría sobredimensionar obras)”, y a que “la información nacional sobre cantidad y calidad de agua todavía es insuficiente para tomar decisiones ágiles de gestión”.
Otras de las barreras pasan por la “complejidad de requisitos o trámites”, las “limitaciones en infraestructura energética complementaria” y la “dificultad de coordinación entre desarrolladores y potenciales usuarios”.
En cuanto a “oportunidades” y “motivaciones”, el plan oficial destaca la “importancia estratégica” del riego como “dinamizador” del desarrollo económico por “mayor productividad”, “mayor estabilidad”, por “potenciamiento” de cadenas conectadas, “inclusión de productores” de distintas características de tamaño y rubro, así como los “beneficios del abordaje polivalente de gestión del agua”: consumo humano, control de inundaciones, generación hidroeléctrica, uso colectivo de infraestructura existente, producción agrícola y abrevadero animal.
Señala el “respeto” de las políticas y los marcos institucionales vigentes: Plan Nacional de Aguas, Plan de adaptación al Cambio Climático, la Ley de suelos y aguas, y la Estrategia Nacional para el Desarrollo Agropecuario (Senda).
El “compromiso con la sostenibilidad” en sus tres dimensiones, en particular con la conservación de la calidad del agua, y la “convergencia” de evolución de negocio agrícola, la “madurez” de la tecnología, el “conocimiento” generado en “esfuerzos promocionales” y la “alta coincidencia política”.
Respecto al desarrollo de obras de infraestructura, el plan considera que hay represas identificadas en estudios de cuencas de los ríos Arapey, Yi y San Salvador, pequeñas centrales hidroeléctricas mutipropósito identificadas por el Instituto de Mecánicas de Fluidos e Ingeniería Ambiental (Imfia) de la Facultad de Ingeniería, el Sistema colectivo del río Rosario, sistemas colectivos a partir del lago de Salto Grande, tomas del río Uruguay, a lo largo del litoral (similares a los de Bella Unión) y sistemas vinculados con las represas de Palmar, Canelón Grande, Casupá y además se plantea un “sistema de riego a partir del proyecto Arazatí”, entre otras alternativas.
Sistema de riego. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
Javier Calvelo / adhocFOTOS
Consensos y salto de desarrollo. ¿Qué consensos se deben alcanzar para que el uso del agua tenga un impacto positivo y sostenible?, ¿qué limita la expansión del riego en Uruguay?, ¿qué ajustes en la política podrían beneficiar su desarrollo? y ¿qué nuevas medidas de política podrían implementarse?
Esas interrogantes fueron planteadas a modo de disparador en un taller de intercambio sobre el tema, entre actores de los sectores público y privado. La actividad fue organizada por la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (Opypa), el juves 29 de agosto, en la Torre Ejecutiva.
En referencia a las políticas de Estado para la gestión de los recursos hídricos, el ministro interino de Ganadería, Ignacio Buffa, dijo en esa actividad que “el agro necesita desarrollar una política de largo plazo entorno al riego, que perdure mucho más allá de un solo gobierno”, y para eso “precisa de previsibilidad que le permita desarrollarse”.
Es un tema “muy importante”, por el cual “le va la vida” al agro, para “poder dar un salto de desarrollo”, enfatizó.
Resaltó la necesidad de “discutir o conversar sobre un plan estratégico de “cómo potenciar el uso del agua”, y que “cualquier política vinculada al agro o es de largo plazo o es de coyuntura y no es política del sector agropecuario”.
Ante la interrogante respecto a “qué estamos haciendo en un año electoral discutiendo un plan estratégico de riego”, el jerarca ensayó dos respuestas: la primera es que “es absolutamente necesario” y la segunda es que eso “hace honor a la tradición de Uruguay de construir políticas de largo plazo”.
Para alcanzar el objetivo en cuestión resulta “imprescindible la participación de varios ministerios y organizaciones”, porque de lo contrario “no se podrá lograr esa política de Estado”, sostuvo.
Compromiso electoral. Atendiendo a que se avecinan las elecciones generales, previstas para el último domingo de octubre, resulta oportuno repasar algunas de las propuestas incluidas en el programa de gobierno que planteó el Partido Nacional para las elecciones anteriores.
“Nos proponemos desarrollar una Política Nacional de Aguas sostenible y solidaria con las generaciones futuras, que proteja al recurso natural de maneras compatibles con una actividad productiva sana y un desarrollo urbano que satisfaga las necesidades de los uruguayos”, indicó.
Y se comprometió a que “mientras esa política se diseña y se pone en ejecución, es urgente cumplir con tareas tales como terminar el inventario de recursos hídricos a nivel nacional”, incluyendo “estimaciones de oferta, demanda y balance hídrico”.
Además de “poner en marcha un sistema de monitoreo permanente de calidad del recurso, que permita identificar vulnerabilidades y generar capacidad de respuesta temprana ante episodios contaminantes”, señaló.
Otro de los compromisos fue evaluar la Ley de riego y sus alcances, especialmente en lo referente a la formación de floraciones de cianobacterias e incorporar la realización de estudios de caudal ecológico y ambiental de cada una de las cuencas del país.
“El objetivo es saber hasta dónde se puede represar y hasta dónde se debe dejar escurrir”, además “preocupa la alteración del ciclo natural del agua”, que, según los técnicos de la Universidad de la República puede “afectar la calidad del recurso, con consecuencias perjudiciales para la salud humana”, se propuso esa colectividad política.
En tanto que el candidato presidencial del PN, Álvaro Delgado, en su programa de gobierno señala que “los principales desafíos en llevar adelante un Plan Nacional de Riego en forma sostenible son: los costos energéticos, un marco jurídico claro que estimule la inversión privada y una coordinación eficaz y eficiente de los procesos”. “El objetivo es poder regar 100.000 hectáreas en 2030”, plantea.
