El asesor de RUU, Santiago Arana, cuestionó la normativa vigente sobre caudales ambientales. “En los últimos dos años se ha generado a nivel de organismos de regulación, como Dinagua (Dirección Nacional de Aguas), un cambio en las resoluciones sobre el uso de agua represada, dado que se pasó de un caudal ambiental de servidumbre de 0,4 litros por segundo por kilómetro cuadrado de cuenca a un caudal de excedencia de Q60”, detalló.
En el marco de la jornada “Más riego, más competitividad”, organizada por RUU en la Expo Rural del Prado, señaló que “varios socios tuvieron unas cuantas resoluciones con ese cambio en la redacción del permiso para las renovaciones”, por eso “se definió analizar y estimar el impacto de ese cambio normativo sobre los sistemas de riego”.
Para ello, se ubicaron 10 represas de socios con todos los datos y modelos de simulación, con el fin de “determinar que hubiera pasado en los últimos 35 años si en vez del caudal de servidumbre que se usaba antes del cambio, pasábamos al Q 60”, comentó.
El ingeniero agrónomo explicó que el rango de variación de las precipitaciones va de 480 milímetros (mm) a 1.900 mm, y los escurrimientos pasan de 30 a 900 mm por año. “Con semejante rango es muy difícil planificar represas que se muevan sobre la base de promedios, hay que analizar las represas sobre la base de la variabilidad que tienen las precipitaciones en Uruguay, que es muy alta”, sostuvo.
Las 10 represas se analizaron en sus dos principales variables, que son “el área de cuenca o captación por superficie regada, y cuánta agua almacenada hay en la represa o tengo posibilidad de represar por cada hectárea a regar”, señaló. Las represas “no son las que queremos, sino las que podemos”, dijo Arana. Eso “nos genera cuencas que van desde 1,2 hectárea por cada hectárea a regar, hasta algunas que tienen 5,5 hectáreas por cada hectárea a regar, lo que marca las diferencias en la capacidad de aporte”, detalló.
También dijo que hay represas “muy chicas” respecto a las necesidades de agua de los cultivos que “tienen solamente 280 mm acumulados por hectárea para regar y otras más grandes con 480 mm”. Dentro de este panorama “tremendamente variable, se observa que en los últimos 35 años, con la nueva reglamentación del Q 60, en promedio nos faltarían 43 mm por año para regar lo que regábamos con la reglamentación anterior”, afirmó.
Y sostuvo que “durante el 24% del período de 35 años el riego se vio afectado por el cambio de normativa, con un grado de afectación en productividad que llega a 1.300 kilos maíz por cada año”.
Para Arana emitir resoluciones de autorización de agua para riego en condicional con una duración de 10 años “no parece lo más razonable”. Propuso una revisión de esta normativa, “incorporando los criterios de la evidencia científica”, para que las decisiones regulatorias estén alineadas con los datos y la información disponibles, “tanto a nivel nacional como internacional”.
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Otras limitantes
Arana sostuvo que por “los altos costos de la inversión en sistemas de riego y fuentes de agua” se hace necesario “mantener criterios estables en las condiciones de la Comap (Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones)”.
También puso énfasis en la necesidad de “reforzar los mecanismos de financiamiento a largo plazo”. Y sostuvo que “es fundamental darle continuidad” a las opciones que existen. Apuntó que es “necesario identificar mecanismos de promoción y soporte para productores medianos y chicos, tributantes de Imeba que no pueden acceder a los beneficios de la Comap”.
En cuanto al acceso a la energía, mencionó las “dificultades y demoras” existentes. El problema “se está abordando”, pero aún requiere soluciones más estructurales y no “caso a caso”, opinó. Entre las prioridades más urgentes destacó la necesidad de “un cambio a nivel de UTE”, que convierta al riego en “una línea estratégica de Estado”.
Arana consideró que el Estado debería asumir un papel más activo en la construcción de infraestructuras multiprediales, especialmente para apoyar a los pequeños productores que enfrentan mayores dificultades para acceder a fuentes de agua. “El uso de represas, como las de UTE, podría ser una opción estratégica para destinar agua a riego”, comentó.
También consideró que se debe evitar los tramites lentos, redundantes y avanzar en una ventanilla única. “La normativa debe brindar certezas”, reclamó. Para RUU “sería bueno que haya una señal clara desde el sistema político” para la adopción del riego, porque “nadie que quiere regar lo hace de un año para otro”, dijo.
Describió que el proceso, desde la planificación hasta la implementación de un proyecto de riego, suele llevar “dos o tres años”, y “esto necesita políticas de largo plazo”, que permitan a los productores integrar el riego “como una solución tecnológica para sus empresas”.
Arana ofreció un panorama sobre la evolución del riego en la producción agrícola de Uruguay, en una presentación elaborada con el ingeniero agrónomo Gastón Sebben. Allí se indicó que la tasa de crecimiento en la adopción del riego en los últimos cuatro años tuvo un incremento de área de 11% anual acumulado. De mantenerse esa tasa de crecimiento, se proyecta que “en aproximadamente 12 años se alcanzarán 150.000 hectáreas y se necesitarían unos 20 años para llegar a las 300.000 hectáreas, “siempre y cuando logremos mantener esa tasa, porque en el último año se ha visto algo disminuida”, advirtió.
Explicó que el 96% o 97% del riego se realiza utilizando energía eléctrica de UTE, mientras que solo el 3% se efectúa con gasoil. En cuanto al agua, dijo que “el 80% aproximadamente proviene de represas”, y añadió que “la tendencia claramente es que el crecimiento futuro se apoye fuertemente en el represamiento como fuente que permite escalar el recurso”.
Arana destacó que solo el 20% de la agricultura mundial se realiza con riego, sin embargo esta área representa el 40% de los alimentos producidos.
A pesar de que el área de cultivos ha permanecido relativamente estable en los últimos 20 años, el riego ha crecido “cerca del 120%, demostrando que es una tecnología que facilita la certeza en la producción, y es una estrategia que a nivel mundial viene siendo adoptada para mejorar la productividad de los cultivos agrícolas”, afirmó.
En la búsqueda de atributos deseables para sistemas con una intensificación agrícola sostenible, explicó que cuando se elimina la restricción del agua, “que es la principal limitante en los sistemas productivos agrícolas”, se hace más eficiente el uso de otros insumos como “herbicidas, fertilizantes y fungicidas”, entre otros, dado que aumenta la productividad por hectárea bajando riesgos.
Además, la información nacional presentada por RUU muestra que existen “diferencias significativas” en los sistemas bajo riego con respecto al aumento de “carbono orgánico en el suelo”, particularmente “en profundidad”. El carbono orgánico “es de los mejores indicadores que explican cuál es el comportamiento de los suelos”, por lo que Arana lo considera una señal “esperanzadora”.
El funcionamiento del riego también es sostenible. El hecho de que la inmensa mayoría de los sistemas sean alimentados con energía eléctrica de UTE, que en un 90% proviene de fuentes renovables, tiene como consecuencia un menor “impacto en gases de efecto invernadero”, valoró.
