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    ‘Fair play’ financiero en el fútbol uruguayo: a partir de 2026 buscarán controlar sueldos, impuestos y aportes

    El nuevo reglamento pretende ser instalado por la AUF en paralelo con el próximo contrato de televisión

    El fair play financiero, instalado hace más de una década en el fútbol de Europa para promover la estabilidad económica entre los clubes, pretende ser introducido en el fútbol uruguayo el año que viene. La intención es hacerlo en simultáneo con el nuevo contrato de televisión, que al incrementar los ingresos de los clubes puede aumentar el riesgo de endeudamiento.

    El tema es analizado por el Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). El presidente de la AUF, Ignacio Alonso, dijo a Búsqueda que la idea es establecer en 2026 un fair play financiero para “verificar el cumplimiento estricto mensual” de las obligaciones salariales y fiscales, así como los aportes al Banco de Previsión Social (BPS) que tienen que realizar los clubes profesionales. El objetivo a largo plazo es permitir que las instituciones alcancen un equilibrio presupuestario básico que admita montos determinados de capacidad de endeudamiento y de inversión de capital, en este último caso, especialmente en las sociedades anónimas deportivas.

    Las irregularidades económicas y financieras son frecuentes en el fútbol uruguayo, sobre todo en lo que respecta al cumplimiento de las obligaciones con la Dirección General Impositiva (DGI) y el BPS. El año pasado, Héctor del Campo, entonces miembro del Comité Ejecutivo de la AUF, señaló ante el Parlamento que es común que los clubes no incluyan a todos los empleados en las planillas salariales, lo que causa un daño significativo a los trabajadores. Del Campo acudió a la Comisión Especial de Deporte de la Cámara de Diputados para solicitar, entre otras medidas, que se aplique a las instituciones una exención del IVA a pagos como los servicios de luz y agua.

    ”A lo primero que ayudaría es a que las planillas se sinceren, lo que beneficiaría a muchos muchachos que se quedan sin jubilación para que lleguen a los años y a la plata que tienen que aportar. Entonces, si dejaran que las instituciones deportivas lo descuenten, lo primero que harían sería tener en planilla a todos los muchachos porque igual lo podrían descontar con certificado de crédito de la DGI, y con ese certificado de crédito pagarían el impuesto del BPS”, manifestó.

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    Liverpool, con nueve títulos en seis años, se consolidó como uno de los clubes más ordenados económicamente del fútbol uruguayo

    Liverpool, con nueve títulos en seis años, se consolidó como uno de los clubes más ordenados económicamente del fútbol uruguayo

    A diferencia del fair play financiero implementado en otras ligas, la AUF actualmente no contempla la creación de un mecanismo que limite el monto máximo que un club puede destinar a salarios y fichajes de jugadores durante una temporada. Este tipo de regulaciones tienen como objetivo equilibrar la competencia al establecer topes de gasto que impiden que los clubes con mayores recursos financieros dominen el mercado al obtener más ingresos por conceptos como derechos de televisión, recaudación de entradas, patrocinios y masa de socios, entre otros.

    En este contexto, el modelo de fair play financiero en Uruguay no impactaría de forma directa a los clubes grandes como Nacional y Peñarol, mientras que el éxito deportivo de otros equipos dependerá de su capacidad para gestionar de manera eficiente sus recursos, como actualmente hace Liverpool, que compite de igual a igual con los grandes: desde 2019 obtuvo nueve títulos profesionales de Primera División en comparación con 11 de Nacional y ocho de Peñarol en el mismo período.

    La situación en Europa

    El juego limpio financiero fue aprobado en 2010 por la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA), que ordena desde 2011 a todos los clubes que clasifican a sus competiciones —Champions League, Europa League, Conference League y Supercopa— a demostrar que a lo largo de la temporada no tienen deudas pendientes con otros clubes, futbolistas ni autoridades fiscales. “En otras palabras, deben demostrar que han pagado sus cuentas”, resumió la UEFA en un boletín explicativo sobre la normativa que publicó al momento de su aprobación.

    Desde 2013, las instituciones también se evalúan según exigencias de equilibrio financiero que requieren un balance entre sus gastos y sus ingresos: pueden gastar hasta 5 millones de euros más de lo que ganan por cada período de evaluación (tres años). Sin embargo, pueden superar este límite hasta cierto punto si está completamente cubierto por una contribución directa o un pago de parte de los propietarios del club o una parte relacionada a la institución.

    En 2019 el fair play financiero de la UEFA tomó relevancia global luego de que la federación abriera una investigación formal al Manchester City de Inglaterra por posibles infracciones de las regulaciones. La investigación se centró en presuntas violaciones que fueron divulgadas en medios de comunicación. “Se descubrió que el Manchester City cometió graves infracciones al sobrestimar sus ingresos por patrocinios en sus cuentas y en la información de equilibrio financiero presentada a la UEFA entre 2012 y 2016”, explicó la federación.

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    Pep Guardiola junto al jeque árabe Mansour bin Zayed Al Nahayan, el propietario del Manchester City

    Pep Guardiola junto al jeque árabe Mansour bin Zayed Al Nahayan, el propietario del Manchester City

    La UEFA impuso en febrero de 2020 medidas disciplinarias al club inglés como la exclusión de su participación en las competiciones internacionales durante las temporadas 2020-2021 y 2021-2022, además del pago de una multa de 30 millones de euros. Después de la apelación, la sanción se redujo solo a una multa de 10 millones de euros. La disminución en la sanción al Manchester City provocó críticas a la UEFA y a la eficacia y exigencia de su normativa financiera. El cuestionamiento se basó en que las potencias económicas y deportivas del continente no son perjudicadas, pese a las infracciones que cometen, debido a su importancia en los ingresos generados por derechos de televisión y patrocinios y al atractivo comercial que representan.

    El Manchester City es propiedad del City Football Group, un consorcio controlado por un grupo de inversión vinculado al gobierno de Abu Dabi. Al frente del grupo se encuentra Mansour bin Zayed Al Nahyan, jeque árabe miembro de la familia real de Abu Dabi. Además de infringir el reglamento de la UEFA, el Manchester City también violó las normas del fair play financiero de la Premier League, la principal liga de Inglaterra. En ambas situaciones el club logró eludir las restricciones mediante acuerdos de patrocinio inflados e inversiones no autorizadas de sus propietarios. Desde que el gobierno de Abu Dabi adquirió el Manchester City en 2008, el club se ha consolidado como uno de los más exitosos del mundo a partir de millonarias contrataciones. En el último mercado europeo, a principios de 2025, invirtió 215 millones de euros en la contratación de futbolistas, superando el gasto combinado de los otros 19 clubes de la Premier League, que totalizaron 212 millones.

    En Inglaterra el Manchester City fue acusado en 2023 por la Premier League de romper su fair play financiero con 115 infracciones durante un período de nueve años, de 2009 a 2018. También se acusa al club de no cooperar con las investigaciones de la Premier League sobre sus finanzas. La investigación está en curso y las sanciones pueden incluir deducción de puntos, repetición de partidos, compensaciones económicas y la prohibición de adquirir futbolistas.

    El ejemplo de Chile

    El 31 de diciembre vence el actual contrato de televisión entre la AUF y Tenfield. A partir de julio la asociación abrirá una licitación para recibir ofertas. El acuerdo actual es por alrededor de US$ 17 millones al año y la idea de la AUF es cerrar un nuevo vínculo con un piso aproximado de US$ 30 millones anuales. Entre los principales candidatos a obtener los derechos de los torneos uruguayos se encuentra de nuevo Tenfield.

    Ante la inminencia de ese contrato, en la AUF trabajan en la normativa financiera para controlar los presupuestos de los clubes y toman la regulación chilena como base. En Chile, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) tiene la Unidad de Control Financiero, la encargada de fiscalizar y asesorar a los clubes en el cumplimiento de sus obligaciones económicas y financieras, con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones sobre fair play financiero.

    El reglamento de competición de 2024 de la ANFP establece que los gastos de los clubes en conceptos como sueldos de jugadores y cuerpo técnico del primer equipo, asignaciones para su beneficio, pagos por préstamos de jugadores, comisiones de agentes e intermediarios, amortización de derechos de jugadores y pagos por cesión de derechos de imagen no deben superar el 70% de los ingresos totales del club. Este porcentaje se calcula tomando el promedio de los ingresos de las últimas tres temporadas. En caso de que se supere ese porcentaje, puede corregirse con hasta un 50% del total de los aportes de capital efectivamente realizados en el mismo período. “En caso de incumplimiento de lo establecido precedentemente, los clubes infractores serán sancionados con la prohibición absoluta de inscribir nuevos jugadores en el registro de jugadores habilitados para el próximo período de inscripciones”, señala el reglamento.

    Chile es una de las pocas referencias en la región con un fair play financiero. A diferencia de la UEFA, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) nunca elaboró ninguna normativa al respecto pese al reclamo de los clubes argentinos, que entienden que debe imponerse un tope salarial y de fichajes a los clubes brasileños. Apalancados en la inversión directa de empresas, las instituciones de Brasil han pasado a dominar la economía del continente, especialmente en la última década, lo que se traduce en resultados deportivos: de las últimas ocho ediciones de la Copa Libertadores, el principal campeonato de clubes de la Conmebol, siete fueron ganadas por equipos de Brasil.

    El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, afirmó en 2022 que la federación tenía la intención de crear una regulación financiera. Sin embargo, el tema no avanzó más allá de discusiones formales en los órganos de la Conmebol y no cobró impulso debido a la falta de apoyo de la Confederación Brasileña de Fútbol, así como a las diversas realidades económicas de las distintas ligas sudamericanas, que dificultan una normativa común. “Sigo considerando que el dinero no condiciona el resultado. Brasil hace tres o cuatro años empezó a cambiar sus competencias… No es solamente que tienen más plata, están trabajando bien. Necesitamos que el resto de los países acompañen ese cambio”, afirmó Domínguez en 2023.