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Ancap acató orden del Ejecutivo y desiste del derecho a asociarse en proyecto de hidrógeno verde
Con el voto disidente del presidente, el ente resolvió que la firma del acuerdo de implementación con HIF no incluya ningún derecho de participación de Ancap en caso de que se concrete su megainversión en Paysandú
Alejandro Stipanicic
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Mauricio Zina/adhocFOTOS
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Las discrepancias, que en las últimas semanas se habían profundizado entre los directores del oficialismo de Ancap y el presidente del ente, Alejandro Stipanicic, en torno al proyecto de una planta de hidrógeno verde en Paysandú terminaron de plasmarse ayer, miércoles 20, en la última sesión del directorio, dijeron a Búsqueda fuentes oficiales.
Por tres votos a favor —del vicepresidente del ente, Diego Durand, el director nacionalista, Leandro Claramunt, y el representante por Cabildo Abierto, Daniel Lamela— y uno en contra —de Stipanicic—, se aprobó firmar el acuerdo de implementación con HIF Global sin incluir ningún derecho a participar como socio en caso de que se confirme la megainversión, estimada en US$ 6.000 millones. El director frenteamplista está con licencia médica.
El viernes 15, el Poder Ejecutivo exhortó a Ancap —a través de una resolución del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), firmada por el presidente Luis Lacalle Pou— a que desistiera del derecho a participar en el proyecto de inversión (en hasta 30%) que contemplaba el acuerdo de implementación con HIF Global, que se prevé firmar a fin de este mes.
La ministra de Industria, Elisa Facio, dijo a Búsqueda que “es un tema” sobre el cual “desde siempre” Stipanicic “sabía que en el Poder Ejecutivo había una posición de no hacer uso de la participación”. Reconoció que el titular de Ancap “estaba un poco incómodo” con el asunto y apuntó que igualmente “podía haber votado el acuerdo de implementación manifestando su discrepancia con relación al punto de la participación”.
Según las fuentes, en el directorio de ayer Stipanicic fundamentó su voto a favor de mantener el derecho a participar y sostuvo que no era el momento de hablar de ejecutarlo, es decir, de decidir la inversión.
En su argumentación escrita, puntualizó que el exhorto del Ejecutivo “incurre en un error conceptual severo al momento en el que supone” que el acuerdo a firmar “implique en el presente la asunción de riesgo económico —o de ningún otro tipo— referido al proyecto”.
Y concluyó: “Lo relevante en esta instancia es definir si se conserva o no un valor económico y, por tanto, activo de intercambio en el presente. No encuentro razones técnicas, económicas o jurídicas para desprenderse de un derecho sin una contraprestación clara. En rigor, la pérdida del derecho de participación solo puede fundarse en esta circunstancia por una decisión política de orden superior que debe ser acatada por Ancap pero que, si bien comparto en cuanto a que el Estado no puede participar en inversiones de riesgo o fuera de su capacidad patrimonial, no comparto que ese argumento sea utilizado en esta oportunidad, pues genera una desventaja notoria en el balance de las relaciones a futuro con HIF y tiene repercusión en otros emprendimientos similares”.
