—Se hicieron muchas cosas en este período, pero nunca se termina del todo, ya sea por las competencias atribuidas en algún momento o las que se van agregando. Estoy desde el año 90 y escuché en todas las administraciones: “Bueno, vamos a reformar el Estado”. Las reformas son parciales y el cambio siempre es paulatino y no logra remover todas las circunstancias burocráticas, o de carrera, o de ascenso.
Cerrando este período, el Servicio Civil queda fortalecido por una serie de normas que se aprobaron, pero son todas tareas para seguir haciendo. La oficina va a requerir cosas, como más fortalecimiento, particularmente de funcionarios; tiene una dotación grande en pases en comisión que hace que los funcionarios no terminen nunca de aprender e involucrarse del todo. El personal de la ONSC no llega a 180 funcionarios y se han perdido, como en muchas partes de la administración, particularmente en este período, que hubo restricción de ingreso por las razones que conocemos, como el propio Covid. Además, estuvo la pauta de esta administración de disminuir la cantidad de reposición de vacantes a una cada tres, salvo que el organismo lo justificara frente al Poder Ejecutivo para poder cubrir una segunda o una tercera.
—Dice que le falta personal a la ONSC y es algo que también señalan jerarcas en otras áreas del Estado. ¿El “uno por tres” fue excesivo?
—Creo que las políticas no deberían ser genéricas y el Poder Ejecutivo podría tener esa pauta, y de hecho podría levantar la restricción de ingresos en aquellos lugares donde se precise más personal. Es una realidad.
Los uruguayos tenemos el discurso de que son demasiados funcionarios públicos. Es un titular que aparece siempre, desde hace muchos años. ¡Yo lo siento desde el año 90! Ahora, cuando miramos la salud, decimos que se precisa personal. Cuando miramos la enseñanza, decimos que en algunos lugares los docentes tienen 30 y 35 alumnos por clase, y entonces concluimos que necesitamos docentes. En el Poder Judicial se pide crear juzgados todo el tiempo. Y así seguimos.
Esto lo digo porque siento, de verdad, que filosóficamente Uruguay siempre tiene ese doble discurso: “Hay demasiados funcionarios públicos, pero precisamos más”.
—Quizás sobran en algunas áreas del Estado o en cierto tipos de tareas…
—No me animo a decir dónde sobra. Es un análisis que tiene que hacer cada organismo.
—¿Sobra, por ejemplo, personal militar?
—Es también una discusión. Una discusión filosófica; la transitamos desde la vuelta a la democracia: si está bien tener un ejército con casi 30.000 personas.
—Defensa tiene una de las plantillas más grandes, por fuera de ASSE y ANEP.
—Quiero hacer una precisión que mucha gente no sabe: el Servicio Civil es civil, en contraposición a lo policial y militar. Si son muchos o no, Servicio Civil nunca ha entrado, porque no es su competencia.
—¿El sistema político debería discutir si las Fuerzas Armadas no son una estructura para generar empleo, como se dice respecto de varias intendencias del interior?
—Pasaron las administraciones de los tres partidos e, ingreso más, ingreso menos, ni el Partido Colorado —en el gobierno de Sanguinetti y el de Jorge Batlle— ni el Partido Nacional —los gobiernos de Lacalle padre y de Lacalle Pou— ni el Frente Amplio en sus tres períodos bajaron la cantidad de funcionarios en el Ministerio de Defensa. Los propios líderes de los partidos, que de alguna manera reflejan la voluntad de los ciudadanos, han mantenido al Ejército en números constantes.
Después, no es menos cierto que, en ciertas circunstancias, cuando hay problemas de retiro de basura o contingencias climáticas, se termina requiriendo el apoyo de las Fuerzas Armadas, que además hacen custodia de las fronteras y en el área perimetral de las cárceles, entre otras tareas.
—Juntar basura no es su tarea específica. ¿No es una forma de justificar esos cargos?
—Cualquier persona medianamente informada sabe que el Ejército, frente a un ataque externo, es casi insignificante. No es menos cierto que las propias instituciones, a veces, van cambiando sus cometidos. Sí sería necesario rever el rol, porque también lo dicen todos los partidos: no custodiamos suficientemente nuestro mar territorial. No sé si no hay que repensar dónde fortalecer.
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—Antes hablaba de un doble discurso de la ciudadanía respecto a la cantidad de funcionarios. El gobierno que termina proponía reducirlos…
—En todo el período bajaron.
—¿Cuánto? Los vínculos con el Estado siguen por encima de 300.000. ¿Si no se reducen más es porque no hay voluntad política o porque, más allá del discurso, están equivocados y estos 300.000 son los que se precisan?
—Mi opinión personalísima es que, como ciudadanos, queremos mejor atención en la salud, queremos mejor educación, queremos mejor atención en el Poder Judicial. Entonces, tenemos como una cuestión de lucha ideológica. Me parece que es más un discurso (a favor) de bajar porque el área privada siente que hay demasiada carga de la función pública en los procesos de la actividad privada.
Yo de lo que estoy convencido es de que se debería trabajar más en la eficiencia de los servidores públicos en general, en que el trámite no demore cinco meses si puede demorar uno, y que no haya duplicación en la información que se solicita. Con la tecnología se va a tender hacia eso, sin lugar a dudas.
—En algunas áreas del Estado ya se digitalizó el 100% de los trámites pero no se redujo la plantilla. ¿Por qué?
—Hay otro problema real, que es que muchas veces los trámites en el Estado circulan por más de una organización y no se ha logrado que los distintos sistemas dialoguen suficientemente. Ahí hay que alinear a todo el Estado para que se vaya a un único sistema.
—¿Es tan difícil?
—Ha sido difícil para todas las administraciones.
—Antes dijo que es difícil retener personal calificado porque el sector privado paga mejor. ¿El Estado paga mal?
—Ahí coincido con el exdirector de la oficina (Conrado Ramos): el sector público no gana poco.
Lo que pasa es que la actividad privada tiene mayor capacidad de adecuarse al mercado. En el sector público, luego de que se otorgó un aumento determinado o hay un salario en uno de los escalafones determinados, eso congela la situación. Ahí empieza a surgir otra herramienta que vino para quedarse, el contrato, porque si no el administrador queda muy atado de manos. A veces, mantener a los funcionarios mejor calificados es muy difícil para el Estado, cuando se sienten más atraídos por irse a la actividad privada. Eso ha influido en que haya un alto promedio de edad en la administración pública.
Creo que trabajar por resultados, por metas, es una buena herramienta, por ejemplo, porque se genera que el funcionario tenga mayor celo en su tarea.
—Una medida tomada en este período de gobierno en las que tuvo intervención la ONSC fue la aprobación de la ley que crea una nueva carrera administrativa, pero que se decidió no poner en aplicación. ¿Está conforme con eso?
—Sí, estoy conforme en la misma línea de lo que decía al principio. Los cambios, a veces, no se logran en forma total en un período de gobierno. El tema de la carrera administrativa tiene que seguirse desarrollando. Recién tenemos la parte normativa, pero se requiere toda la capacitación de la administración central. Va a llevar este período que va a comenzar para que realmente se implante.
—Si el nuevo gobierno quiere, porque hacerlo depende de una decisión política.
—Implantarlo va a requerir más voluntades y ya estamos casi en una nueva administración.
Trabajar en la carrera administrativa es un desafío. Aquí quiero marcar este matiz: no se puede creer que todo el mundo va a poder desarrollar una carrera y llegar a niveles medios o gerenciales. Ahí hay una falacia. ¿Por qué? Porque es la realidad de una estructura piramidal. La nueva carrera es para que todo el mundo tenga la posibilidad de, ante un llamado, concursar y eventualmente ganar.
Tuve la oportunidad de estar en algunos proyectos muy interesantes en distintas administraciones y los cambios, en cualquier orden, requieren que sean viables. Que no sea un cambio utópico o pensado desde la academia. La viabilidad, para mí, también implica un proceso: primero cambio, lo certifico y entonces voy a un nivel mayor de profundidad en el proceso.
—¿Qué resultados dio hasta ahora el cambio en el régimen de certificaciones médicas en el sector público?
—Siempre se nos planteó a la ONSC el problema que tenían los organismos con la cantidad de licencias médicas, particularmente en la enseñanza, en el sistema policial. Eso obviamente resiente el servicio y castiga al que va a trabajar y se genera un ambiente complejo dentro de la oficina.
Empezó en abril (de 2024) en Presidencia de la República y después se fue a los ministerios de menos de 1.000 funcionarios en setiembre, y después a los grandes y a los servicios descentralizados. Se mejoraron dos cosas respecto a 2023: en la administración central bajó en un 2,3% el número de personas certificadas y en 19% la cantidad total de días certificados. También disminuyó 20,8% la cantidad de días promedio de licencia otorgados, que pasó de 23,9 a 18,9 por funcionario certificado.
Estoy conforme porque es una necesidad que se planteaba en todas las administraciones, aunque las cosas no están escritas en piedra y el sistema seguramente va a merecer alguna mejora. Aquel funcionario que nunca falta o nunca faltó debería tener como una historia funcional que le diera una diferencia si le sucede que se enferma.
