Ante el inminente agotamiento de reservas de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU), el gobierno, a través de un equipo de trabajo interministerial, prepara un proyecto de ley similar a una iniciativa ya rechazada en el Parlamento en el 2023, que propuso un aumento en el aporte de los profesionales afiliados activos y un nuevo descuento a los pasivos. Ni el directorio de esta caja paraestatal ni las distintas asociaciones de afiliados han recibido noticias sobre el texto que se está redactando, del que esperan novedades luego de la Semana de Turismo. Mientras tanto, los mensajes del gobierno que descartan un “salvataje” estatal reavivan propuestas colaterales, como la reducción de la injerencia del Ejecutivo en el directorio de la institución previsional, que, aseguran las asociaciones, comparte responsabilidad frente a la situación de crisis.
Cristina Muguerza, presidenta de la Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, dijo a Búsqueda que los representantes del Ejecutivo en el directorio de la caja “apoyaron resoluciones que no resultaron buenas”, a la vez que conformaron mayorías cuando no había unanimidad de votos, por lo que “son tan responsables como los demás” del progresivo desfinanciamiento.
Si bien Muguerza aclaró que la iniciativa de reducir la representación del Ejecutivo “no está dentro de las medidas urgentes”, desde su asociación creen que “dos representantes pagos por la caja no están sirviendo”, además de que “sería bueno que los pagara el ministerio de donde provienen”.
Cristina Freire, presidenta del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores, opinó que “el Poder Ejecutivo tiene que tomar parte de la responsabilidad de todo lo que está pasando”. Aclaró que la organización que ella representa aún no fijó posición sobre la idea de reducir los integrantes del Ejecutivo.
El presidente del directorio de la caja, Daniel Alza, aseguró a Búsqueda que la idea de reducir los representantes del Ejecutivo “no se ha discutido en el directorio” y, por tanto, “no hay posición al respecto”.
Uno de los directores de la CJPPU electo por los activos, Fernando Rodríguez Sanguinetti, también es representante de la asociación de afiliados El Orden Profesional. Según dijo, la representación del Ejecutivo en el directorio es una idea plasmada en el proyecto de ley de su asociación, que ya tiene seis años de antigüedad y que “se ha leído y tratado en varias sesiones” de la caja, además de ser planteado al Poder Ejecutivo anterior y al actual.
La propuesta incluye además reducir las gerencias, disminuir las retribuciones de los funcionarios de la caja —en un 30% para el caso de los directores— y pasar a cinco integrantes directivos: tres por los activos, uno por los jubilados y otro por el Ejecutivo. La asociación que representa Muguerza no estaría de acuerdo con este último planteo y prefieren que, con un solo representante del Ejecutivo, el directorio se mantenga con la misma cantidad de integrantes, en el entendido de que por un artículo de la ley de 2023 que reformó la seguridad social (20.130) “los próximos directores van a ser honorarios”, explicó.
Como ejemplo de una situación en el directorio de la caja donde los representantes del Ejecutivo conformaron mayoría para la votación de propuestas “perjudiciales”, Rodríguez Sanguinetti nombró el proyecto de “ley exprés” presentado en 2023 por el gobierno anterior, que entre otros aspectos implicaba un aumento en el aporte de los afiliados activos y un incremento en el pago del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS). Este tipo de circunstancias han “acontecido invariablemente en los últimos directorios”, recalcó.
Hermetismo
El nuevo Poder Ejecutivo, con un equipo compuesto por representantes de los ministerios de Economía y de Trabajo y Seguridad Social, además de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, está trabajando en un proyecto para reformar la caja que sería parecido a la “ley exprés”, en su momento rechazada por las bancadas frenteamplista y cabildante del Parlamento.
Oddone declaró que, aunque “va a haber cosas diferentes”, los cambios no serán “sustancialmente distintos” a lo propuesto por aquella iniciativa que no logró aprobación. Rodrigo Arim, director de la OPP, dijo en conferencia de prensa que el nuevo proyecto implicará costos por parte de “distintos colectivos y la sociedad en su conjunto”.
El día de su asunción —6 de marzo— como director nacional de Seguridad Social, Leonardo Di Doménico declaró a Búsqueda que el equipo de trabajo estaba actualizando toda la información de carácter contable y actuarial que les permitiera, “en un plazo no mayor a 50 días, tener el proyecto de ley con el equilibrio contributivo de fuentes internas y externas de la caja y, dentro de las fuentes internas, exigir incrementales contributivos de acuerdo a las capacidades” de los afiliados. En cuanto a la eventual asistencia financiera estatal, aseguró que “el Estado no puede llenar el tanque, porque ahí se siembra la idea de que el Estado tiene que concurrir a las ineficiencias”.
Según los afiliados organizados, durante la transición de gobierno, el Frente Amplio se habría mostrado más dispuesto a auxiliar económicamente a la caja. “Cuando Di Doménico estuvo acá en la asociación, nos dijo que el Estado iba a hacer un aporte. Es lo único que nos dio un poco de tranquilidad”, relató Muguerza.
Las propuestas de las asociaciones, como la idea de que se redirija a la caja la recaudación del IASS que se descuenta a los pasivos profesionales y hoy nutre al Banco de Previsión Social o, por otro lado, que se incorpore a los nuevos profesionales dependientes, no estarían contempladas en la ley que redacta el Ejecutivo.
Muguerza añadió que, según comentarios de “algunos representantes del propio partido de gobierno”, a ellos mismos “ya se les indicó que tienen que votar la ley como viene”, algo que “sorprendió” a la asociación por la negativa que habían expresado los frenteamplistas ante la “ley exprés” del 2023. Si bien están manteniendo reuniones con políticos de la oposición, aún no conocen cuáles serán sus posturas al momento de tratar la ley en el Parlamento.
Rodríguez Sanguinetti, por su parte, agregó que en las primeras reuniones con las nuevas autoridades hubo entusiasmo porque “por lo menos estaban escuchando”. Pero, según él, se terminó haciendo “absolutamente lo mismo que el gobierno anterior”, que por lo menos “hizo la mímica” instalando una mesa negociaciones, donde “ellos imponían los temas y las medidas” para luego presentar un proyecto de ley.
Señaló además, en referencia a Di Doménico, que “llama un poco la atención que quien estuvo en las reformas de la Caja Bancaria, porque era integrante del directorio del gremio, declare que la plata para solucionar los problemas de la CJPPU tiene que salir de adentro” de la institución. En la caja de los empleados bancarios, en su momento, “se puso mucha plata del Estado” y se brindaron soluciones legislativas de reestructura al régimen en el 2008 y en el 2023, dijo.
Si hay algo en que coinciden tanto el directorio como las asociaciones es que por parte del Ejecutivo se mantiene un hermetismo en torno al texto que se está formulando. “Hay un silencio muy importante (…). Estamos todos en incertidumbre”, comentó Freire.
Los números del 2024
El Directorio de la CJPPU aprobó el 6 de marzo el balance y la memoria del ejercicio de 2024. Los ingresos fueron de $ 19.924 millones y los egresos totalizaron $ 21.308 millones, confirmando un déficit operativo que, convertido al tipo de cambio de cierre de año, se ubicó en US$ 51 millones. Ese resultado fue algo mejor al que surgía de proyecciones manejadas en enero.
El déficit acumulado entre 2020 y 2024 fue de US$ 189 millones.
La relación entre los activos y los pasivos de la caja fue la peor del quinquenio; pasó de 3,37 en 2020 a 3,07 en 2024. Las declaraciones de no ejercicio de la profesión aumentaron un 7,1% frente al 2023.
La caja destinó $ 21.196 millones al pago de pasividades, lo que significó un incremento del 7,9% respecto al 2023 y de 19,4% frente al 2020. La jubilación media fue de $ 94.721, mientras que la pensión promedio se situó en $ 56.951.
Los gastos de administración significaron 3,2% del total de gastos.
A su vez, los aportes de profesionales y funcionarios —63% de los ingresos— aumentaron 13,3% respecto al ejercicio anterior y 20,3% en el quinquenio.
El dinero generado para la caja por inversiones fueron por $ 527,6 millones en 2024. La memoria consigna que estos últimos ingresos producidos por colocaciones financieras y no financieras cayeron 25,9% con respecto al 2023 y 75,7% en comparación con 2020.
