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Caja de Profesionales quiere negociar su reforma con Orsi en la transición; avanzan refinanciaciones
El instituto paraestatal insistirá en el aumento de los timbres profesionales y la recaudación del IASS, medidas que fueron rechazadas por el actual gobierno
La Caja de Profesionales pretende presentar sus propuestas al gobierno electo durante la transición
El actual Directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) asumió en diciembre de 2021 con la intención de apurar una reforma del instituto para obtener dinero. “Necesitamos empezar a cobrar ya”, alertó entonces la presidenta Virginia Romero. La intención inicial de las autoridades era que hubiera un aumento en la tasa de aporte de los trabajadores, una contribución de los pasivos y una cuota para los profesionales que declaran no ejercicio.
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Las propuestas iniciales eran rechazadas por colectivos de afiliados e incluso los profesionales que no ejercen se organizaron en grupo para rechazar la propuesta. El anteproyecto de ley —que tenía que pasar por el Poder Ejecutivo— tuvo varias modificaciones y su redacción corría contrarreloj. De un lado, estaba la urgencia constitucional: la propuesta debía ser aprobada antes del 27 de octubre de 2023 para establecer los cambios que pretendía. Por otro, estaba la prisa que marcan las proyecciones financieras del instituto: las reservas se agotan en 2025.
El gobierno envió el proyecto de ley al Parlamento al límite del plazo y, en su trámite parlamentario, no encontró los votos necesarios para ser aprobado. De antemano, Cabildo Abierto había planteado que no estaba dispuesto a votar una “contribución” —una especie de impuesto— de los jubilados y el Frente Amplio tampoco dio su respaldo. La propuesta, por tanto, naufragó.
El deterioro financiero de la CJPPU se arrastra desde hace tiempo, pero en los últimos años se ha convertido en una bomba a punto de explotar. El instituto tiene ingresos mensuales por el equivalente a US$ 37 millones y paga pasividades por US$ 44 millones. Para cubrir ese déficit mensual de US$ 7 millones, debe vender sus reservas. Y este patrimonio, sin embargo, se agotará en junio de 2025, según han dicho sus autoridades.
Tras la confirmación de Yamandú Orsi como presidente electo, el directorio de la caja solicitó una entrevista con él. La intención es “planificar” el camino para que la reforma del instituto sea uno de los primeros proyectos de ley que se apruebe en la próxima legislatura, informó a Búsqueda el presidente de la CJPPU, Daniel Alza. En la institución paraestatal son “optimistas” respecto a que esta vez sí habrá reforma. Se basan en que fue una de las prioridades que el candidato frenteamplista fijó durante el debate que mantuvo el domingo 17 con su rival, el blanco Álvaro Delgado.
La reforma de la CJPPU se tiene que hacer a través de un proyecto de ley de iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Pero la caja es la que “mueve la pelota” en cuanto a las propuestas, que luego se envían al gobierno y es el que define qué artículos se incluyen en el proyecto final, explicó Alza.
El directorio pretende que este ida y vuelta se haga durante la transición entre el gobierno actual y el electo para llegar, a fines de febrero, con una ley “prerredactada”, señaló el presidente. La idea es que este texto esté “muy acordado” de forma previa, dado que el futuro oficialismo no tendrá mayorías en la Cámara de Diputados, aunque sí en el Senado.
La CJPPU ya maneja algunas ideas de reforma, que Alza prefirió no adelantar. Sin embargo, la propuesta incluirá algunos planteos que fueron parte del anteproyecto de ley que llegó al Poder Ejecutivo el año pasado.
Algunas de las ideas que recibirá el gobierno electo no serán nuevas. El texto que redactarán establece un cambio en el artículo 71 de la ley de la CJPPU, que refiere a los timbres profesionales y que significan entre el 30% y el 35% de los ingresos. El directorio pretende que se aumenten, pero el gobierno actual no estuvo de acuerdo con esa medida y la retiró del texto final que envió al Parlamento.
Las autoridades de la caja argumentan que los timbres profesionales son el equivalente al aporte patronal (aunque estrictamente no significan lo mismo) que existe en el Banco de Previsión Social y en la Caja Bancaria.
Otra propuesta de la CJPPU que el gobierno actual rechazó es la redirección de la recaudación del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) que pagan los profesionales. Estos fondos van al BPS, pero el instituto paraestatal considera que esto es injusto.
La reforma que pretenden también establece pautas para la asistencia estatal que recibirá el instituto paraestatal y el aumento de la tasa de aportes de los profesionales activos. Estos puntos estuvieron incluidos en el proyecto de ley que el Ejecutivo actual envió al Parlamento. También se dispuso que la escala de sueldos fictos por la que se aporta pasara de 10 categorías a 15.
Otras ideas no generan consenso dentro de la CJPPU. Por ejemplo, no está definido si se establecerá una “contribución pecuniaria” para los pasivos —una suerte de impuesto para los jubilados— y tampoco si se va a plantear que los profesionales que declaran no ejercicio tengan que pagar una cuota.
Refinanciación de deudas
Luego de que la reforma no prosperara en su trámite parlamentario, las autoridades de la CJPPU y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) apostaron por opciones intermedias para obtener fondos que, sin solucionar el problema de fondo, le dieran un poco de aire.
Una de las decisiones fue el aumento transitorio de la tasa de aportes a través de una resolución, que rigió durante un año. En diciembre, esta medida se postergará por un año más, con la expectativa de que en marzo quede firme por ley.
Otra planteo fue el impulso de una ley para refinanciar las deudas que tienen algunos profesionales con la caja. La norma, que rige desde el 4 de octubre, estableció un régimen para regularizar los adeudos de quienes, probablemente, nunca saldarían su situación. Este esquema ha tenido una “gran aceptación” de parte de los afiliados de la CJPPU, dijo Alza. A 45 días de entrada en vigencia, hubo 433 afiliados que regularizaron sus deudas, lo que significó ingresos para el instituto en más de $ 142 millones (cerca de US$ 3,3 millones), informó.
Alza consideró como un aspecto “positivo” de la ley que haya 120 afiliados que habían declarado no ejercicio que regularizaron su situación, lo que generó ingresos por $ 29 millones.
Al momento de aprobarse la ley, los morosos eran 4.842 (2,9% del total). Estos afiliados se dividen en dos categorías: los que tienen una deuda de más de 10 años (3.082) y los que mantienen adeudos desde hace menos tiempo (1.760). Durante estos 45 días, la CJPPU gestionó 1.460 consultas y atendió “la alta demanda con celeridad”, señaló el presidente.
“Los resultados iniciales positivos nos impulsan a mantener un enfoque centrado en escuchar y responder las necesidades de los profesionales”, evaluó Alza, que consideró que la demanda continuará “al firme”.
A esta ley se pueden amparar tanto los profesionales que tienen deudas con el instituto por sus aportes como las empresas que no pagaron los timbres profesionales.
