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Decayó el impulso de reformas estructurales, según análisis del FMI
El Fondo Monetario Internacional evaluó los episodios reformistas en mercados laborales, eléctricos y de productos entre 1996 y 2023 para tres grupos de economías, entre los que está Uruguay como una de las emergentes
Fachada del FMI en Washington. Foto: AFP
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A pesar de los desafíos bien sabidos que implica impulsar e implementar reformas estructurales en los países, a escala global hay una “sorprendente falta de datos” que documentan los intentos exitosos y fallidos. El Fondo Monetario Internacional (FMI) se propuso llenar este vacío, para lo cual construyó una nueva base de datos que rastreó los episodios reformistas en mercados laborales, eléctricos y de productos entre 1996 y 2023 para tres grupos de economías, entre los que está Uruguay.
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Las reformas documentadas en un total de 76 países fueron encaminadas a aumentar la competencia y fomentar la participación privada en el sector eléctrico; cambios al sistema de pensiones destinados a incentivar la oferta laboral entre trabajadores de edad avanzada; y medidas para mejorar la integración en el mercado laboral de trabajadores llegados desde exterior. Se trata de políticas que han sido previamente identificadas como críticas para facilitar la reasignación de recursos entre sectores e impulsar la oferta laboral en medio de un proceso de envejecimiento poblacional, explica, para fundamentar las áreas de análisis elegidas.
El estudio, incluido en la edición del informe Panorama Económico Mundial (WEO, por su sigla en inglés) divulgado en el marco de la asamblea semestral del FMI que tiene lugar por estos día en Washington DC, abarca a 26 economías avanzadas, a 36 mercados emergentes —incluidos todos los sudamericanos— y 14 países de bajos ingresos, la mayoría africanos.
Como una primera observación destacable, el organismo menciona que el número de episodios de reforma —incluidos aquellos en los que se discutieron pero no se implementaron— decayeron a lo largo de los años en casi todos los ámbitos analizados y grupos de países. El estudio computó como episodio un período continuo de esfuerzos reformistas (que abarcan ya sea discusión, adopción o implementación) dentro de la misma área y con una dirección consistente con la promoción del crecimiento económico.
Al dividir la muestra por la mitad en el momento de la crisis financiera mundial de 2007-2008, la situación de caída se dio de manera particularmente fuerte en los intentos de cambios en el sector eléctrico.
El ritmo de las reformas para integrar al mercado laboral a personas de edad avanzada también se ha desacelerado en los últimos años, a pesar de la creciente longevidad. Esto ha coincidido con un aumento del descontento social, en particular desde la última crisis financiera global, reflejada en episodios de disturbios civiles, así como en la desconfianza en las instituciones públicas, insatisfacción con la democracia y menor participación electoral, señala el WEO.
El FMI acota que “esto sugiere que un menor apetito por el cambio de políticas entre el público puede haber disuadido a las autoridades incluso de intentar las reformas necesarias”. Los datos también “revelan lo difícil que ha sido históricamente aprobar reformas”, añade. Sólo alrededor del 50% de todas las reformas relacionadas con el sector de electricidad y para integrar a personas mayores al trabajo “se han discutido en las economías avanzadas durante las últimas tres décadas finalmente se implementaron, observa.
El análisis no menciona estadísticas de cada país; Uruguay hizo una reforma del estilo de la última mencionada como parte de la instauración del sistema jubilatorio común, que además de elevar la edad mínima de retiro a 65 años —una medida ahora cuestionada por el plebiscito impulsado por el PIT-CNT— dio opciones para que los jubilados puedan volver a trabajar de manera formal, haciendo aportes.
Resistencias
La tasa de implementación para los episodios de reforma orientados a la integración de la población inmigrante es comparable entre los tres grupos de países (en alrededor del 80%). Pero una fracción “significativa” de los episodios que terminaron en la implementación de la reforma, ésta encontró resistencia por parte del público: hubo huelgas, protestas o disturbios en aproximadamente en el 22%.
El FMI aclara que la resistencia pública no siempre tiene por qué impedir la implementación, pero puede afectar la sostenibilidad de una reforma. Sobre este punto, un análisis adicional revela que entre las reformas que fueron promulgadas pero luego revocadas, una proporción mayor enfrentaron resistencia cuando se implementaron.