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El Banco Central ordenó el cierre de actividades de corredora de bolsa GBU
La sociedad bursátil estaba intervenida y con actividad suspendida desde enero, entre otras cosas, por manejos presuntamente irregulares con dineros de una clienta declarada incapaz
El BCU no consideró válidos los descargos del presidente de GBU
Después de una intervención preventiva de poco más de dos meses ante indicios de manejo irregular del dinero de una clienta que había sido declarada incapaz, el Banco Central (BCU) resolvió cancelar las actividades y retirar la autorización para funcionar a GBU (Grupo Bursátil Uruguayo) Sociedad de Bolsa S.A.
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Además, la funcionaria bancocentralista que, desde el 8 de enero estuvo al frente de la intervención, recibió la instrucción de proceder a la devolución de los fondos y valores de los clientes del escritorio bursátil. La resolución tiene fecha del miércoles 26.
GBU pertenece en un 58,33% a Álvaro Correa, quien es, además, presidente y único integrante del directorio, y en un 41,67% a María Cristina Lestido.
La intervención preventiva con suspensión de actividades resuelta en enero pasado y la decisión, ahora, de inhabilitar a este escritorio bursátil estuvieron precedidas de una serie de actuaciones en GBU, que indicaban “serios indicios de irregularidades en el manejo de las inversiones” de la empresa Gorriti S.A., cuya beneficiaria final era una persona declarada judicialmente incapaz en 2010.
El caso
En 2018, un Juzgado de Familia había otorgado la venia judicial para que dineros de esa persona fueran invertidos en instrumentos específicos de deuda pública uruguaya y se designó a Correa, como corredor de bolsa, para encargarse de las transacciones. En febrero de 2019 se abrió una cuenta de inversiones en GBU a nombre de Gorriti S.A., en la que se registraron Bonos del Tesoro por un valor nominal de US$ 29.090.000, consta en la resolución del BCU.
Sin embargo, en agosto de 2019 la posición de Gorriti S.A. era de unos US$ 32,8 millones, conformada, entre otros activos, por US$ 21,1 millones en bonos soberanos de Estados Unidos, sin “evidencia de que se contara con la venia judicial necesaria” para adquirirlos.
Luego, en mayo de 2022, con orden expresa de los directores de Gorriti S.A., pero sin contar con el permiso judicial correspondiente, GBU vendió varios instrumentos de la cartera de Gorriti S.A. y compró por US$ 11,5 millones un producto financiero estructurado denominado Tracker Certificate on Portfolio Forestal Uruguay, emitido por una compañía de células protegidas registrada en Guernsey que tiene como activo subyacente las acciones de la sociedad de las Islas Vírgenes Británicas denominada Forestal I International Limited. Según la documentación obtenida por el BCU, la empresa Forestal I es propietaria del 100% del capital de la sociedad uruguaya Portfolio Forestal S.A.
En la misma fecha, también con orden expresa de los directores de Gorriti S.A. pero sin contar con la venia judicial, GBU transfirió valores por un valor nominal de US$ 21,5 millones desde Gorriti S.A. a Forestal I International Limited “para la integración de proyecto forestal”. Sin embargo, Gorriti S.A. no recibió acciones de Forestal I International Limited a cambio de la transferencia de ese monto.
La resolución del BCU consigna que, en los hechos, Correa es “la única persona física integrante del directorio de ambas entidades, Forestal I International Limited y Portfolio Forestal S.A., “aspecto sobre el que no se tuvo evidencia que fuera comunicado a Gorriti S.A., a sus directores ni al juez competente”.
En enero, enseguida de la intervención de su sociedad de bolsa, Correa había considerado excesiva la actuación del regulador y alegó que solo se cuestionó el accionar “con un cliente en particular. Nada tiene que ver ni con la solidez de la empresa ni con su capacidad para responder por la inversión de cada uno de los clientes”.
Según la resolución, ante información requerida a efectos de verificar los hechos denunciados así como en las actuaciones posteriores a la intervención en GBU, Correa “no proporcionó de manera oportuna información relevante”.
Entre otras cosas, no “ha proporcionado aún la información de dónde se encuentran actualmente custodiados los bonos extranjeros transferidos desde Gorriti S.A. por US$ 21,5 millones” ni sobre el nuevo producto estructurado en el que se invirtieron US$ 30 millones, “Foresterra”. El beneficiario final de esta empresa es el hijo de Correa y empleado de GBU.
Según la resolución, Lestido alegó ante el BCU que, como accionista minoritaria en GBU, “nunca actuó en la toma de decisiones de la empresa”, salvo en la distribución de dividendos. Correa, por su parte, se defendió señalando que no existen las infracciones a la normativa que se le atribuyen y dio sus explicaciones sobre el manejo del dinero. Sin embargo, el BCU entendió que “no han controvertido en sus descargos los hechos objetivos” que fundamentan la resolución.
El regulador también considera un agravante “el hecho de que no se trata de operativas referidas solo a un cliente en particular, sino que esta forma de estructuración de productos con similares características” —un certificado emitido en el exterior cuyo subyacente son empresas de las Islas Vírgenes Británicas que tienen inversiones en compañías uruguayas vinculadas a “Correa, familiares, exfamiliares y empleados— se utilizó con otros clientes de GBU sin advertirles de este “conflicto de interés”.
