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El Estado participa en más de 2.000 juicios al año, algunos por decenas de millones de dólares
Los contenciosos en los que intervino el sector público fueron por un monto promedio de US$ 63.700 en lo que va de 2024; los reclamos como demandado suman más de US$ 11 millones, según datos del registro oficial
El gasto en juicios era un área de potencial ahorro para Lacalle Pou y la ministra Arbeleche
Algunos litigios en los cuales está involucrado el Estado uruguayo tienen trascendencia pública ya sea por las características del caso, al ser derivación de reclamos con notoriedad internacional —como la indemnización al consorcio panameño que se vio perjudicado por el cierre de la aerolínea Pluna— o por la magnitud del monto de dinero en juego. Otros, la amplia mayoría, pasan por debajo del radar de la ciudadanía, aunque no de los abogados litigantes y de los encargados de la caja del gobierno.
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Los técnicos que rodeaban al entonces candidato presidencial Luis Lacalle Pou en la campaña de 2019 tenían este rubro en sus planillas de Excel como cálculos de lo que se podía ahorrar si el Estado lograba salir mejor parado en los juicios en los que participa, ya sea como demandado o como actor de un reclamo. Enseguida de ganar las elecciones de ese año, el hoy presidente defendió ese enfoque en el programa En la mira de VTV: “¡Los juicios del Estado!, ¡lo mal que se defiende! Yo, hace como ocho años, hice un pedido de informes de todos los juicios del Estado (…). No quiero decir que se pierden todos, porque suena injusto. ¡Pero se nos va muchísimo dinero!”.
Algunos datos en torno a los contenciosos que tiene el sector público empezaron a quedar un poco más ordenados unos meses antes del cambio de gobierno, cuando fue presentado el Registro Único de Juicios del Estado (RUJE), entre otras cosas, “para corregir la visión de que el Estado perdía todo los juicios”.
En ese sentido, profesionales que actúan defendiendo a ministerios u otras dependencias estatales alegan que muchos de los juicios responden a “mala gestión u omisiones” de los jerarcas responsables y que en ocasiones les toca actuar cuando “ya casi no hay posibilidades” de obtener un fallo favorable. Del otro lado del mostrador, un abogado que litiga habitualmente contra el Estado por temas de responsabilidad civil dijo a Búsqueda que ve debilidades en la defensa que hace, por ejemplo, el Ministerio del Interior. La tasa de éxito en las causas que lleva de sus clientes el profesional es del 100%, se congratuló esa fuente.
En ese año, 2019, los juicios en los que el sector público tuvo parte fueron 8.242, según cifras obtenidas por Búsqueda mediante un pedido de acceso a la información pública contestado en agosto por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), en cuya órbita funciona el RUJE. En los años siguientes, bajo el actual gobierno, la cantidad fue notoriamente menor: 2.165 en 2020, 2.124 en 2021, 2.424 en 2022 y 3.076 en 2023. En lo que va de 2024 —hasta el 13 de agosto— fueron 1.658.
Salvo en 2019, cuando en la mayoría de los casos el Estado intervino como demandante (“actor”), en los años posteriores predominó la calidad de “demandado”: rondaron el 90% del total.
De los casi 1.700 juicios anotados en el RUJE hasta mediados de agosto, 1.518 tuvieron al Estado como demandado, en 98 casos fue actor, en 31 fue “citado en conciliación”, en nueve participó como “tercerista” en un proceso y en dos intervino como “citante en conciliación”.
Montos y “ahorros”
El pedido de acceso requirió un listado detallado en cada año de los juicios inscriptos en la base y sus respectivos montos. El planillado entregado por el MEC incluye un número identificador de los casos, la “fecha de creación”, el “tipo”, la moneda y el monto. La información entregada no especifica en ningún caso qué organismo está involucrado o el motivo de cada contencioso.
Los casos para los cuales se informó un monto asociado no son la totalidad, sino los que el Estado pagó, tiene condena o está demandado.
Para 2023 el MEC consignó el monto de 451 contenciosos por una cifra global equivalente a US$ 132 millones (si bien casi todas son cifras en pesos). Dentro de ese total figura un “pagado” por un monto en moneda nacional que, convertido al dólar promedio de ese año, significó US$ 54,7 millones, el juicio por mayor monto. Le sigue otro por US$ 22,7 millones, en este caso como “demandado”. Son casi una veintena los contenciosos en los que el Estado aparece en el listado como “condenado”.
El monto promedio en los juicios del año pasado fue de US$ 293.330, según cálculos propios realizados a partir del planillado entregado por el MEC.
En 2024, los 187 juicios sobre los cuales se consignó un monto son por un total equivalente a US$ 11,9 millones, un promedio de US$ 63.679.
Aquellos en los que el Estado intervino en calidad de “demandado” fueron 154, por US$ 11 millones. El resto, por US$ 687.000, figuran como “pagado”.
A mediados de 2022, Búsqueda había solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) conocer el monto de los “ahorros” logrados por la “resolución temprana o la correcta defensa del Estado como parte litigante”, que se habían anunciado como un objetivo en la campaña electoral de 2019. La cartera contestó con una denegatoria “por no poseer el MEF esta información ni el deber de disponer de la misma de acuerdo a sus cometidos institucionales”.
