Durante la campaña electoral, a Yamandú Orsi le preguntaron varias veces, en entrevistas, ruedas de prensa y actos políticos, si un gobierno suyo subiría los tributos, algo que está insinuado en las bases programáticas frenteamplistas con un propósito de equidad fiscal. En junio, antes de las internas, el exintendente canario dijo en los Desayunos Candidatos de Búsquedaque estaba “cansado” de escuchar el “discurso de que si gana el Frente Amplio va a poner más impuestos”, aseguró que la presión tributaria actual en Uruguay es razonable y señaló que “capaz que alguna cosa hay que retocar, pero ahora lo que es necesario es aumentar la riqueza” económica.
Uno de esos retoques que, según Orsi, sería necesario hacer, es incorporar un esquema de Impuesto al Valor Agregado (IVA) personalizado que contemple las disparidades de ingresos de los contribuyentes con un sentido de equidad. El IVA-P ya se está testeando en algunos países y, en Uruguay, rige, pero de manera muy restringida: desde 2022, los beneficiarios de Asignaciones Familiares (Afam) que cobran la prestación a través de la billetera electrónica Tuapp que reintegra el impuesto por las compras hechas a través de esta aplicación del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Su uso creció durante la pandemia, aunque solo una proporción relativamente baja de los potenciales beneficiarios accede a ese trato tributario preferencial, debido a razones culturales y tecnológicas.
El IVA es el gravamen más importante que cobra por la Dirección General Impositiva (DGI): en los primeros 10 meses del año recaudó unos $ 304.000 millones —un incremento en términos reales de 3,7% frente al mismo período de 2023— y contribuyó con el 48% de los ingresos totales, conforme con datos de esa oficina del Ministerio de Economía.
En noviembre, el futuro ministro de Economía, Gabriel Oddone, ratificó —hablando en el podcast Nominal, de la Universidad Católica— que el gobierno electo está “considerando seriamente avanzar” en la “evaluación” de un IVA-P. Dijo que están dadas las “condiciones tecnológicas” para “experimentar esto”. El testeo podría hacerse en una ubicación geográfica específica: “Capaz en el litoral del país, donde tenemos diferencias de precios relativos importantes con Argentina, o en toda la frontera”. La idea, reforzó, sería “intentar encontrar un tratamiento tributario particular para poder evaluar” su eventual extensión. “Es un típico camino que eso capaz termina en cambios tributarios, en la tasa de IVA, que a mí me gustaría evaluar en este período”, señaló el jerarca designado.
Fuentes técnicas frenteamplistas aseguraron a Búsqueda que el equipo del área económica del futuro gobierno todavía no está trabajando en este asunto específicamente. “Seguramente sea algo hacia lo que se vaya avanzando de manera muy gradual, no como algo que implique un gran cambio de una única vez”, añadieron, reforzando el mensaje de Oddone en cuanto a que se pretende ir paso a paso y probando los resultados.
Sobre un posible IVA-P para Uruguay ya hay bibliografía escrita.
El exministro de Economía Fernando Lorenzo —con quien Oddone vivió cuando ambos estudiaban sus posgrados en Madrid—, Carlos Grau y Gustavo Viñales, integrantes del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve), plantearon a fines de 2022 instaurar un IVA personalizado, además de un “rediseño integral” del Imesi y abandonar la “fuente territorial” del IRPF, de forma de alcanzar a todas las rentas de capital obtenidas en el exterior. Esa medida permitiría mitigar los efectos regresivos del IVA sobre la distribución del ingreso avanzando hacia formas híbridas de imposición (indirecta/directa), sostenían los investigadores del Cinve.
El diseño sugerido por ellos implica adoptar un IVA con tasa básica única e inferior al 22% actual y la eliminación de exoneraciones; el tributo se pagaría a través de medios electrónicos (“IVA Digital”). Según su propuesta, habría una devolución del impuesto que considere categorías de consumidores predefinidas dado su nivel de ingreso u otras características (mujeres, residencia en zonas de frontera, afectados por enfermedades, jubilados, etcétera).
Desde hace años el consultor uruguayo Alberto Barreix hace campaña a favor del IVA-P como herramienta para contrarrestar la regresividad característica del IVA: los hogares más pobres dedican una mayor proporción de su ingreso al consumo —y, por tanto, al pago de este tributo— que los de más altos ingresos. Las exoneraciones o la tasa reducida (”mínima”) son, según él, una respuesta poco efectiva a esa regresividad por el hecho de que benefician en términos absolutos más a los que más consumen, es decir, a los deciles más ”ricos”. Y tienen dos efectos negativos adicionales: resta ingresos fiscales e introduce complejidad en la gestión del impuesto, encareciendo su administración y facilitando la evasión.
El gobierno de Orsi puede encontrar en Cabildo Abierto un eventual aliado para aprobar un IVA-P; el partido liderado por el senador Guido Manini Ríos lo defendió en el pasado.
”Afiebradas mentes socialistas”
Alejandro Sánchez, designado como futuro secretario de la Presidencia en el gobierno de Orsi, dijo la semana pasada en el programa Todas las voces, de Canal 4, que el IVA actual es injusto porque, con su diseño, no diferencia entre quien tiene ingresos por “US$ 1 millón o quien gana $ 10.000”. Añadió que si se logra ”avanzar en la facturación electrónica y en controles más dinámicos de DGI”, será posible abatir la evasión de los “impuestos que no se pagan y son los más injustos”.
En la red social X, el senador blanco Sebastián da Silva retrucó que ”es claro que quien consume más paga más IVA” y, aludiendo a los controles señalados por Sánchez, agregó: ”También es claro que a la clase media se le viene un tremendo gran hermano. Un gran hermano injusto que lo culpa por querer salir adelante”.
Argumentos similares usó Hernán Bonilla, quien ocupó cargos de relevancia en el Ministerio de Economía al inicio del actual gobierno y es fundador del Centro de Estudios para el Desarrollo. Tituló su columna en El País de este martes 17 No al IVA personalizado; alegó que, ”considerado adecuadamente (el impuesto actual) no es regresivo”. Como posibles efectos de un cambio como el propuesto por el Frente Amplio, el economista dijo que si todos los productos pasaran a tributar IVA al 22% (los que hoy no pagan o abonan la tasa mínima), y luego se descuenta un cierto porcentaje proporcional de acuerdo con los ingresos de las personas, ”en la práctica significaría un mazazo para la clase media con nulo beneficio para las personas de menores ingresos que no utilizan, o emplean, parcialmente, medios de pagos electrónicos”.
Antonio Manzi, director nacional de Transferencias y Análisis de Datos en el Mides, escribió en estos días en su cuenta en X que ”una vez afinada” la ”herramienta” desplegada para el pago de las Afam a través de Tuapp se podría ”avanzar sobre la incorporación de otros hogares, ya sea por nivel de ingresos u otros parámetros”. También se podría acceder a la exoneración del IVA, ya sea total o parcial. ”Desconozco el alcance de la propuesta del Frente Amplio; lo que sí está claro es que sería una mala noticia si una ampliación de esta exoneración se compensara con mayores impuestos”, planteó ese economista colorado.
Por su lado, el diario El País editorializó el domingo 15 de manera dura contra la idea de instalar un IVA-P. El matutino, afín desde esas páginas de opinión al Partido Nacional, ve ”claro que el futuro ministro Oddone va por un ajuste fiscal salvaje que le permita cumplir con los incrementos de gastos comprometidos en la campaña electoral y es necesario, entonces, vislumbrar por dónde viene el mazazo”.
Según el editorial, el IVA-P es ”el caballo de Troya por el que se le meterá la mano en el bolsillo a la enorme mayoría de la población con la excusa de hacer ‘más justo el impuesto’. Lo que se hará es implementar un sistema enormemente complejo y costoso por el que se buscará, a través del regreso de la nefasta ‘inclusión financiera’, controlar a la población para esquilmarla al máximo”.
”Serán necesarias declaraciones y todo tipo de controles para saber cuál es el IVA que deberá pagar cada persona por los fideos en el almacén, una pesadilla kafkiana propia de afiebradas mentes socialistas, a las que les importa un rábano el bienestar de la población, mientras les cierren sus torpes planillas de ingresos” fiscales, añadió.
El País presagió que, si se aplica este cambio impositivo, habrá ”un efecto dominó sobre el crecimiento de la economía, al disminuir el ingreso disponible de las personas, reducir su capacidad de consumo y, por tanto, de compra. Además, reduciendo las ventas de los comercios”, afectará el empleo y, como consecuencia, se ”desatará un círculo vicioso para que las cuentas le cierren al futuro ministro Oddone”.
