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Errores, inconsistencias y fallas de control impiden un “conocimiento veraz” de cuántos inmuebles tiene el Estado
Una auditoría calificó como de gravedad “extrema” tres de los hallazgos en la gestión del Registro Único de Inmuebles del Estado, lo que complica el plan del gobierno para ahorrar desprendiéndose de aquellos declarados prescindibles
La Dirección Nacional de Catastro administra el Registro Único de Inmuebles del Estado
Con base en datos entregados a partir de un pedido de acceso a la información pública a comienzos de 2023, Búsqueda calculó que, a mediados de agosto del año anterior, había un total de 8.832 propiedades anotadas en el Registro Único de Inmuebles del Estado (RUIE). La respuesta hacía algunas aclaraciones, en cuanto a que el RUIE, administrado por la Dirección Nacional de Catastro (DNC), estaba incorporando información remitida por los organismos en cumplimiento de la Ley de Presupuesto vigente y otra modificatoria de 2021, por lo que los datos estaban “en etapa de constante modificación”. También consignaba que se planificaba una “nueva base” que colocaría al registro en “proceso de transformación y adaptación”.
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Las dificultades en la gestión de ese registro que se insinuaban en la contestación al pedido de acceso parecen más fundadas ahora, a partir de un trabajo de la Auditoría Interna de la Nación (AIN).
La auditoría, fechada en julio y publicada hace pocos días por el Ministerio de Economía, tuvo dos objetivos. Por un lado, evaluar las acciones implementadas por la DNC en la gestión del RUIE, “concebido para la correcta individualización y valoración de los inmuebles” estatales, en propiedad o posesión a cualquier título, para lo cual evaluó datos entre enero de 2023 y marzo de 2024. Por otro lado, analizar los mecanismos establecidos por esa dependencia a fin del cumplimiento del Código de Ética en la Función Pública en relación con la declaración de implicancias, en este caso, entre enero de 2022 y mayo pasado.
Sobre el primer punto, la AIN concluyó que las actividades de control implementadas por Catastro en la gestión del RUIE “no permiten la optimización de la información de los inmuebles del Estado. Esto impacta, a su vez, en la posibilidad de contar con una base de datos única, confiable y completa de los inmuebles del Estado, en referencia a las entidades estatales obligadas, para su correcta individualización, valoración y toma de decisiones”. Además, las “debilidades en el proceso de identificación y remisión de información al Programa de Racionalización de Uso de Bienes Inmuebles del Estado (Prubie)”, que actúa en la órbita de la Presidencia de la República, “no da seguridad razonable de la integridad y oportunidad de la información brindada sobre los bienes inmuebles declarados prescindibles”.
La Auditoría aclara que estas observaciones “no solo son imputables” a la DNC, “sino también a la actitud asumida por parte de los organismos obligados legalmente. Así como a la imposibilidad de una continuidad y consolidación de la base de datos ya existentes en el Departamento de Inmuebles de Estado con la del RUIE en instancia de su gestión por la Contaduría General de la Nación”.
Según la AIN, esta situación lleva a que “no se pueda tener conocimiento veraz de la cantidad de bienes inmuebles en propiedad o posesión del Estado, no visualizándose medidas a corto plazo que lo permitan, con el consiguiente impacto económico y de gestión”.
Al evaluar la gravedad de estos hallazgos, la Auditoría los categorizó como “extremo”. Eso indica la necesidad de acciones inmediatas.
Respecto al segundo objetivo de la auditoría, la conclusión fue que “no se verificaron mecanismos por parte de la DNC, a fin de tener certeza razonable del cumplimiento de la normativa vigente ante situaciones que impliquen un conflicto entre el interés público y su interés personal” en torno a la información del RUIE. “Asimismo —agrega el documento—, se constataron situaciones que podrían configurar hechos que afecten la imparcialidad en el actuar, impactando en la transparencia de la gestión”. Según lo informado por el Departamento de Recursos Humanos de Catastro, “al menos en los últimos siete años no se han recibido declaraciones de implicancia por parte de los funcionarios”.
Bienes prescindibles
La enajenación de los inmuebles declarados “prescindibles” se enmarca en un plan de “racionalización” que el actual gobierno puso en marcha en 2022 como parte del “shock de austeridad”, la promesa de campaña electoral de abatir el gasto público en US$ 900 millones anuales enunciada por el entonces candidato blanco y actual presidente, Luis Lacalle Pou. El proceso de venta ha sido relativamente lento.
Del sistema RUIE se deprende que, a abril de 2024, las unidades catastrales (bien inmueble que se identifica por régimen, departamento, localidad, padrón y unidad) activas eran 7.772, conforme con el trabajo de los auditores. Por otro lado, informa que, de los 43 incisos del Presupuesto Nacional obligados a presentar declaraciones juradas sobre sus inmuebles, 28 gestionaron usuario ante la DNC. De estos, 24 entregaron información.
La AIN detectó “debilidades en la gestión del proceso de los bienes inmuebles declarados prescindibles por los organismos obligados, así como del uso de las funcionalidades del sistema a tal fin”. Detalló, en ese sentido, que del universo de declaraciones presentadas desde 2022 hasta abril pasado “existen 114 bienes inmuebles informados como prescindibles, de los cuales el 75,43% aún están en la órbita de la DNC pendientes de tramitación, datando las más antiguas del año 2022”. Esta situación respondería a los “plazos que insume el proceso de remisión de información y respuesta del Ministerio de Vivienda, confección de informe notarial y remisión de éste al Prubie”.
Asimismo, los auditores constataron que la información en el sistema RUIE “presenta inconsistencias y/o errores en los reportes emitidos de los bienes declarados como prescindibles”. Por ejemplo, a marzo de 2024 las unidades catastrales registradas eran 7.738, las que al filtrarse por inciso varió a 7.772. Ante las consultas sobre esto, “no se pudo justificar dicha diferencia”.
Señalan que la DNC remitió información al Prubie sobre bienes inmuebles que no figuran en el sistema RUIE, así como bienes inmuebles no declarados como prescindibles por los organismos, “sin su posterior modificación en el sistema. De acuerdo con lo manifestado, los bienes inmuebles fueron comunicados al Prubie a solicitud directa de los organismos”.
