FMI: “Reducir la propiedad pública” de los entes, una de las nueve reformas urgentes para Uruguay

El presidente del BID, el brasileño Ilan Goldfajn, expresó en su cuenta de X satisfacción por el diálogo que mantuvo con Arbeleche, con quien, aseguró, han trabajado “muy bien en los últimos años a través de su liderazgo y colaboración” al frente del Ministerio de Economía. “Seguiremos apoyando a Uruguay en su posicionamiento como referente global de innovación”. El funcionario estuvo de visita en Montevideo hace pocas semanas.

Proyecciones

Como es habitual en esta reunión del otoño boreal, el FMI presentó la revisión de las proyecciones económicas mundiales para cada región y para los distintos países miembros.

El capítulo sobre América Latina y el Caribe, lanzado este viernes, prevé para Uruguay que el ritmo de expansión de la economía “repunte hasta 3,2%” en 2024 y 3% en 2025, “debido a la recuperación tras la peor sequía en un siglo, el aumento de la producción de celulosa, la flexibilización de las condiciones financieras y la normalización de los diferenciales de precios con Argentina”. Eso va “contribuyendo a cerrar las brechas negativas” en términos del crecimiento potencial.

El FMI proyecta una aceleración de la inflación en este segundo semestre del año, “pero dentro del rango fijado como meta de 3% a 6%”, tras la “relajación gradual de la política monetaria y el notable crecimiento de los salarios”. Estima que los precios al consumo aumentarán 5,4% en todo 2024 y que tendrán una variación similar en 2025 (5,3%).

En materia fiscal, el organismo señala que el desequilibrio proyectado del sector público no financiero equivalente a 3% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2024 “permite reducir el déficit, salvaguardando a la vez el gasto social”. Además, prevé que la relación deuda-PIB se mantenga —en torno a 65%— “en consonancia con el objetivo de endeudamiento neto definido en la regla fiscal” uruguaya.

Reformas y prioridades

En el informe regional el FMI subraya que, “pese a la resiliencia a los shocks recientes”, las perspectivas de crecimiento a mediano plazo para América Latina y el Caribe —dejando fuera a Argentina y Venezuela, dos casos atípicos— “siguen siendo débiles”, con una expansión proyectada del Producto de alrededor de 2,5% anual en los próximos cinco años, a tono con “el magro promedio histórico de la región, y bajo en comparación con otras economías de mercados emergentes”. De esa forma, estima, el ingreso per cápita promedio aumentaría “solo ligeramente, lo que limitaría los avances en la reducción de la brecha de ingresos con las economías avanzadas”.

A estas proyecciones subyace el hecho de que el crecimiento potencial de Colombia y Perú descendió como consecuencia sobre todo de un “clima empresarial menos favorable y la mayor incertidumbre en torno a las políticas”. Para Brasil, en cambio, las estimaciones fueron revisadas al alza en vista de los efectos previstos de las reformas estructurales y la aceleración de la producción de hidrocarburos.

Otro factor por detrás de las perspectivas de crecimiento moderadas a mediano plazo para América Latina y el Caribe es el cambio demográfico; el Fondo Monetario proyecta que la expansión de la fuerza laboral observada en las últimas décadas se “desacelere notablemente”. Asimismo, pese a la leve mejora en relación con las últimas décadas —gracias a reformas recientes, como la del IVA en Brasil—, prevé que el crecimiento de la productividad total de los factores permanezca estancado y bajo comparado con países semejantes.

Ante todo eso, el organismo alienta a los gobiernos a intentar mitigar los obstáculos más importantes al crecimiento, ya que eso podría generar aumentos considerables del Producto. Por ejemplo, reducir a la mitad las brechas en reformas estructurales de la región en los ámbitos de la gobernanza, la regulación empresarial y el sector externo —cuyas brechas son algunas de las más altas de la región en relación con los países con mejores prácticas— permitiría elevar el PIB hasta un 8% en el corto plazo y 12% en el mediano. Pero, acota, “el interés” por las reformas “es reducido en la mayoría de los casos, y las perspectivas se ven limitadas por la escasa capacidad de implementación en algunos países”. Para avanzar, dice, “será necesario desarrollar capacidad técnica y consenso en torno a las prioridades, así como prever períodos de transición razonables y mecanismos de compensación que garanticen la aceptabilidad y la durabilidad de la reforma. Para evitar caer en la trampa del bajo crecimiento, el descontento social y las políticas populistas perjudiciales para el crecimiento, los países deben continuar con las reformas”.

El documento incluye un orden de prioridades —tres— en materia de reformas “a favor del crecimiento” para cada país elaborado por los técnicos del FMI. También reseña, cuando las hay, las acciones “en curso”.

Para Uruguay, las reformas más urgentes según el organismo multilateral son “facilitar el acceso al crédito, desarrollar el mercado financiero”, “reducir la propiedad pública (empresas estatales)” y “reforzar las políticas y el organismo de (defensa de la) competencia”.

Como segunda prioridad menciona “eliminar las barreras no arancelarias y mejorar el comercio de servicios no tradicionales dentro del Mercosur”, “reducir los aranceles” al comercio fuera del bloque y “mejorar la infraestructura portuaria y la calidad de las vías” férreas.

Finalmente, en tercer orden de urgencia insta a encarar reformas relacionadas con el mercado laboral: “Diferenciar la negociación salarial entre los sectores” de actividad, “mejorar la educación para mitigar el desfase de aptitudes” y “liberalizar la movilidad laboral y las restricciones migratorias”.

Como reformas en curso en Uruguay, el informe enumera las que se han llevado adelante para mejorar la “eficiencia del gasto público”, para el “ajuste de las reglas fiscales”, la “continuidad del programa de desdolarización” económica y la “modernización del sistema de pagos”.