Gas Sayago y OAS, en juicios cruzados: la regasificadora reclama propiedad de caños, pilotes y otros materiales

Gas Sayago fue una sociedad anónima que pertenecía a UTE (79%) y a Ancap (21%). Cuando el Parlamento aprobó la liquidación de la empresa, sus activos y pasivos se transfirieron a estas dos empresas públicas, que fueron declaradas como los “sucesores a título universal de Gas Sayago S.A.”, según estableció la ley. Por lo tanto, desde que entró en vigencia, a las audiencias judiciales asisten los abogados de los entes.

Cuando se votó la liquidación, Gas Sayago fue demandada en juicios por un total de US$ 40 millones. A esta posible pérdida se le suman los US$ 5,4 millones que costaría desmantelar los pilotes que todavía están enterrados en el Río de la Plata, los gastos en seguridad y vigilancia de las instalaciones y los pagos por el Impuesto al Patrimonio relacionados con el gasoducto terrestre de unos 13 kilómetros de construcción.

Reclamo de los bienes

En 2022, Gas Sayago recurrió a la Justicia para pedir la condena de la sucursal uruguaya de OAS por los bienes que la constructora “abandonó” y “ocupan el obrador de Puntas de Sayago”, según surge de la demanda, presente en el expediente del caso al que tuvo acceso Búsqueda. El reclamo es para que se declare de su propiedad los caños, pilotes y otros materiales que están en la zona.

La sociedad de UTE y Ancap cuantifica esos bienes en casi US$ 3,9 millones, sumado a cerca de $ 11,9 millones más los intereses y el “daño futuro” que se pueda generar. También pidió que GNLS ceda la titularidad de todos sus bienes en el lugar y defina que es su propietaria. La cuantificación en este caso asciende a US$ 2,2 millones y $ 6,5 millones.

Aunque a estas cifras se deben sumar los intereses, el cálculo final no es lineal. Una fuente de la causa dijo a Búsqueda que su valor será “inferior” y que hubo tubos y caños que ya fueron vendidos. Otro de los elementos que forma parte del reclamo es piedra.

La sociedad uruguaya reclama que OAS dejó los bienes “en situación de abandono” y que “no abonó los costos asociados” a su mantenimiento. Los bienes se transfirieron a un fideicomiso administrado por la Liga de Defensa Comercial (Lideco), que también fue demandada. “Ni OAS ni Lideco ejercieron nunca la relación con los bienes discutidos de actos de dueño”, reclama la denunciante, según surge del expediente.

La defensa de Gas Sayago argumenta que la constructora dejó en el lugar bienes que supuestamente le pertenecen sin preocuparse por su mantenimiento y seguridad. En uno de los escritos, se cuestiona el “desinterés” de OAS en realizar los “trámites necesarios para evitar daños y perjuicios” que se causaron a Gas Sayago hasta que se votó la liquidación. La sociedad asegura que, “por su propia culpa”, nunca tramitó algunos procesos que debió haber iniciado y esto “demuestra la mala fe de OAS”, ya que no cumplió con lo que se acordó para “mitigar más daños”.

“OAS no actuó con diligencia”, dice otro fragmento de uno de los escritos de Gas Sayago, en el que criticaba su posición “cómoda”. “Alegaba no tener dinero” para solucionar algunos inconvenientes y luego “culpaba a Gas Sayago”, describe. Según la denunciante, la constructora sí podía levantar los bienes que estaban allí “en tan solo unos meses”, pero de manera “dolosa” no lo hizo.

Una cosa juzgada

Gas Sayago —o, lo que ahora es lo mismo, UTE y Ancap— basa su reclamo en una cláusula sobre la terminación del contrato. La interpretación que hace la denunciante es que debe haber una “transferencia” hacia la sociedad de esos bienes que reclama. Y para fundamentar su accionar, adujo la rescisión del contrato entre Gas Sayago y OAS en diciembre de 2016.

Sin embargo, las defensas de OAS y de Lideco, en cambio, argumentan que este asunto ya fue tratado por la Justicia de Concursos y por un Tribunal de Apelaciones, que resolvieron que la propiedad era de la constructora brasileña. En la jerga judicial, esto significa que las demandadas presentaron una excepción de cosa juzgada.

El otro de los juicios, iniciado por la constructora brasileña, es más amplio porque OAS tiene “otras reclamaciones”, según una fuente. La constructora niega no haber tenido una actitud proactiva y, en cambio, asegura que fue Gas Sayago la que no dio las “coordenadas del conector subacuático” que había que construir.

Los bienes que son propiedad de OAS fueron cedidos a los acreedores en Uruguay. Dentro de estos hay también un crédito de US$ 13 millones, de un juicio que Gas Sayago perdió en 2019 cuando reclamaba que ese dinero también formara parte de sus activos.

Gas Sayago pretendía que la excepción de cosa juzgada no sea avalada por la Justicia, aunque finalmente fue aceptada. El juicio, por tanto, se extenderá por un tiempo más porque UTE y Ancap recurrieron el jueves 17 la sentencia interlocutoria que aceptó la defensa de la constructora brasileña.

Gas Sayago implicó una pérdida millonaria para el Estado uruguayo. Durante este período de gobierno, UTE contrató una consultoría externa de PricewatherhouseCooper (PwC) que estudió en profundidad los gastos que tuvo la empresa. Una de las conclusiones era que las pérdidas totales ascendieron a US$ 213 millones, de los cuales el Estado uruguayo pagó US$ 113 millones porque lo restante lo cobró de una garantía por el incumplimiento del contrato.

Esa cifra, sin embargo, no es la de la pérdida final. Todavía resta que se defina qué destino tendrán los procesos judiciales que siguen abiertos.