El crecimiento
El Producto Interno Bruto (PIB) tuvo una brusca contracción —de 7,4%— en 2020 como consecuencia de la crisis por el Covid-19, que paralizó a varios sectores de actividad. Luego, la economía rebotó un 5,6% en 2021, creció otro 4,7% en 2022 y lo hizo 2,0% en 2023, según cifras del Banco Central (BCU). En la primera mitad de 2024 el crecimiento fue de 2,2% respecto al mismo lapso del año anterior.
El PIB anual rondaba los US$ 79.000 millones, lo que calculado por habitante son unos US$ 23.000; en 2019 estas cifras nominales eran de US$ 62.315 millones y US$ 17.670.
El BCU informó que revisó al alza su proyección de crecimiento del PIB para este año, a 3,5%, con las exportaciones dando “impulso” y un consumo privado que no está siendo “tan dinámico”, pese a que Argentina ya no está muy barata para los uruguayos.
Desde el Frente Amplio, el candidato presidencial, Yamandú Orsi, dijo en un reciente acto político que Uruguay es un país “chato”, que “no crece”.
El diagnóstico de Gabriel Oddone, el designado ministro de Economía en un eventual gobierno encabezado por Orsi, es que “Uruguay tiene tres desafíos grandes”, y el primero, precisamente, es “acelerar el crecimiento” económico, comentó en una reciente conversación con Búsqueda.
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El presidenciable frenteamplista al presentar a su eventual ministro
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“Tenemos que encontrar mecanismos endógenos de crecimiento. La inversión privada es un aspecto crucial, y por tanto tenemos que modernizar, aggiornar, los mecanismos de atracción de inversión extranjera y de fomento de la inversión local. La idea es revisar la renuncia fiscal implícita que tenemos en el gasto tributario para poder alojar esas renuncias en lugares donde tengamos la convicción de que rinden mejor”, planteó este economista y exsocialista. Aclaró que el “esquema de la Comap (Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones) va a seguir existiendo, porque es un instrumento sumamente útil”, aunque la intención es “redefinirlo y repotenciarlo”.
Empleo y salarios
El freno productivo por la pandemia, la sequía de 2022 y 2023, así como la brecha cambiaria con Argentina, que provocó una fuga de consumo hacia ese país, tuvieron repercusión en el mercado laboral en el transcurso de la actual administración.
La tasa de empleo cayó a 54,5% en 2020, pero luego se recuperó y este año se ubicó en 59,1% (agosto), un máximo desde 2014. La desocupación, que trepó hasta niveles de 10,2% por la crisis del Covid, cedió en los dos años siguientes para volver a aumentar después (8,4% a agosto pasado).
Las autoridades del Ministerio de Economía (MEF) esperan que se sumen otros 25.000 ocupados netos en promedio este año respecto a 2023, con lo cual totalizan 100.000 nuevos en el período.
El poder adquisitivo de las remuneraciones bajó en los primeros dos años del actual gobierno, en el contexto de la pandemia y de un acuerdo para postergar los ajustes. La recomposición del salario real empezó en 2022 y se afirmó en 2023 (4,01%); en los 12 meses que van hasta agosto pasado la mejora fue de 1,43%.
Desde el MEF destacan que la masa salarial —que combina el nivel de empleo y el salario— está en “un nivel récord de los últimos años”.
Inflación
Después de un empuje, cuando hubo problemas inflacionarios a escala global por la pandemia, los precios minoristas aumentaron 9,4% en 2020, para registrar en los dos años siguientes incrementos cercanos a 8%. Pero en 2023 la inflación en lapsos de 12 meses entró dentro del rango establecido como objetivo por las autoridades —entre 3% y 6%—, y siguió así hasta hoy (5,3% a setiembre).
Desde el oficialismo destacan esa evolución como un logro de su gestión. El BCU proyecta que la inflación termine en 2024 en torno a los niveles actuales. Para Diego Labat, quien presidió ese organismo desde el comienzo del período de gobierno hasta julio —para pasar a ser el designado ministro de Economía en un gobierno de Álvaro Delgado—, haber bajado el ritmo de aumento de los precios al consumo a niveles mínimos en varias décadas para Uruguay eventualmente la coalición republicana podrá capitalizarlo en las urnas. “(A la elección del domingo 27) Llegás con una economía que por lo menos no le genera estrés a la enorme mayoría, y en eso la inflación tuvo algo que ver. Incluso la competitividad. Desde ese punto de vista estoy contento, aunque faltaron cosas y es un proceso que hay que consolidar”, reflexionó en un reciente diálogo con Búsqueda.
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El candidato blanco Álvaro Delgado, rodeado por Arbeleche y Labat
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Sectores agroexportadores, sin embargo, le cuestionan a Labat haber aplicado cuando estuvo en el BCU una política monetaria por momentos excesivamente contractiva, que según ellos propició un fenómeno de “atraso cambiario”. Esa crítica es compartida por el Frente Amplio y Cabildo Abierto.
Oddone, por su lado, aseguró: la inflación baja “es un compromiso, y eso supone una decisión política; vamos a reforzar el compromiso de que el rango meta nuevo (de 3%-6% en períodos de 12 meses) que definió este gobierno es el que se va a mantener, incluso con la aspiración de dar un paso adicional y reducirlo más. Un máximo de 6% de inflación y, si pudiéramos hacerlo, converger al 4% a lo largo del período”.
Finanzas públicas
En la anterior campaña electoral, el candidato Luis Lacalle Pou y su principal asesora, Azucena Arbeleche, advertían que Uruguay atravesaba por un “grave problema fiscal” y decían que la pérdida del investment grade era una posible “herencia” para el nuevo gobierno. Con ese diagnóstico, proponían un “shock de austeridad” que iba a ahorrar US$ 900 millones anuales.
La economista, hoy ministra, también postulaba la instalación de una regla fiscal, que fue aprobada como parte de la Ley de Urgente Consideración. En el MEF sostienen que el resultado de las finanzas públicas debe evaluarse con el parámetro estructural planteado en dicha regla —es decir, depurada de factores extraordinarios, como la crisis del Covid y sus gastos asociados— y en los plazos para los cuales se fijan metas y no mes a mes. A lo largo del período, ese enfoque ha sido un asunto polémico tanto con algunos analistas independientes como con técnicos y dirigentes del Frente Amplio.
Después del deterioro fiscal —un déficit equivalente a 5,8% del PIB— que se produjo ante la caída de la recaudación impositiva y el aumento de gastos para atender la emergencia sanitaria por el Covid, el resultado mejoró en los años siguientes. El 2022 terminó con un saldo negativo de 3,4%, pero hacia fines de 2023 hubo una nueva desmejora, que continuó en 2024. El déficit en los 12 meses a agosto fue de 4,3% del Producto, que se amplía a 4,4% si se excluyen los ingresos extraordinarios por los llamados “cincuentones” que salieron de las AFAP para solo aportar al Banco de Previsión Social.
Según las autoridades del MEF, el “buen manejo del dinero público permitió a este gobierno de coalición cumplir con un compromiso de campaña: bajar los impuestos” a las rentas personales (IRPF e IASS), así como en beneficio de las micro y pequeñas empresas. De todos modos, reconocieron que podrían incumplirse —por primera vez— algunas metas previstas en la regla para este año.
En una columna publicada en Búsqueda en julio, antes de ser nominado eventual ministro de Economía, Oddone reconoció que en el actual período mejoró la calificación de riesgo de la deuda pública, se redujo la “incertidumbre sobre la trayectoria futura del gasto previsional” como consecuencia de la reforma aprobada en 2023 y hubo un “fortalecimiento del marco institucional para la política fiscal que se deriva de la nueva regla”, lo que genera “menos premura para implementar cambios que hace cinco años”. Sin embargo, señaló que los “números del legado fiscal que recibirá el próximo gobierno no serán sustancialmente diferentes a los que heredó este del período anterior”.
Arbeleche polemizó con esa visión. “Discrepo totalmente”, dijo interrogada al respecto en el programa Primera mañana, de Azul FM.
“El resultado efectivo en 2019 era de 3,9% del Producto; nosotros estamos estimando que se va a terminar el 2024 en 3,1%”, se defendió. “Y si lo miramos en términos estructurales (…), también tenemos una mejora”.
Según ella, el panorama fiscal hoy es “sustancialmente distinto” al que recibió el actual gobierno, también porque “se deja una institucionalidad fiscal en donde se transmite a la ciudadanía con mucha claridad y mayor frecuencia lo que se está haciendo”, además de que los números ahora son sometidos al “sello” de técnicos independientes.
