“Nosotros convivimos con eso”, admitió, con resignación, el presidente de la asociación que agrupa a las tres administradoras de fondos previsionales privadas, Ignacio Azpiroz, refiriéndose al rechazo de las AFAP por parte de algunas organizaciones sociales y políticas. Ese ejecutivo, quien además es gerente de la AFAP Itaú, sabe que acaban de sortear otra embestida contra su negocio —que fracasó porque casi 60% de la ciudadanía no acompañó la papeleta por el Sí a la reforma impulsada por el PIT-CNT junto con comunistas y socialistas—, aunque los cuestionamientos pueden resurgir en un eventual gobierno del Frente Amplio si se instala un diálogo social sobre el sistema previsional.
Las AFAP surgieron cuando, con la reforma de 1996, se creó un pilar de ahorro individual complementario del de solidaridad intergeneracional que funciona en la órbita del Banco de Previsión Social. Ya tenían detractores desde su nacimiento, y los hubo también después, en varias instancias. En una campaña promovida también por el PIT-CNT, en 1999 se estuvo a algo más de 7.000 firmas para plebiscitar la eliminación de las administradoras. Siendo ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro señaló en Búsqueda que el nivel de ganancias de estas empresas solo es comparable con el negocio del narcotráfico.
Estas empresas se encargan de invertir profesionalmente los aportes que realizan los trabajadores para, con la rentabilidad obtenida, que las personas puedan tener mejores pasividades al retirarse. Por ese servicio de gestión de inversión cobran una comisión de administración, que es su principal fuente de ganancia. En el ejercicio de 2023, las AFAP ganaron, en conjunto, el equivalente a US$ 38,4 millones, calculó Búsqueda a partir de los estados financieros de cada administradora.
El PIT-CNT y otras organizaciones sociales, así como algunos dirigentes de la izquierda, entienden que no debería existir lucro con la seguridad social. Ese fue uno de los tres puntos propuestos en la papeleta que el 27 de octubre pasado recogió el apoyo de casi 39% de los votantes, un porcentaje insuficiente para incorporar una prohibición al régimen de AFAP en la Constitución. De haberse aprobado, hubiera sido un revés importante para la ley que en 2023 reformó la seguridad social (20.130), que además de subir la edad mínima de retiro a 65 años obliga a todos los nuevos trabajadores que se incorporen al mercado laboral —incluidos los de las cajas paraestatales y los servicios de policías y militares— a aportar a cuentas personales en una de estas administradoras.
Las ganancias de las AFAP mostraron una tendencia a la baja a lo largo del tiempo que se aceleró en los últimos años con la ley de 2019 que topeó las comisiones máximas (en 50% por sobre la que cobre menos).
En junio, República AFAP —de propiedad de los bancos República, Hipotecario y Seguros del Estado— era la administradora que cobraba menos por el dinero invertido en los subfondos de “acumulación” y de “retiro” (2,450% del ingreso de aportación del afiliado en ambos casos).
La Ley 20.130 estableció un régimen de comisiones especial —reducida— durante los primeros tres años de afiliación para aquellos trabajadores que ingresan al mercado laboral a partir del 1º de diciembre de 2023, con la más reciente reforma.
El ejercicio 2023
Las AFAP manejan inversiones que rondan actualmente los US$ 23.000 millones; es dinero originado en aportes —el descuento que se le hace del sueldo al trabajador— y por la rentabilidad generada por la inversión en bonos u otros títulos de deuda pública o privada. Los afiliados totales rondan los 1,6 millones, aunque los que efectivamente hacen aportes mensuales son una cifra algo superior a las 900.000 personas.
Para las administradoras, los principales gastos son salariales —por pagos a sus empleados—, de tipo administrativo y en computación. En las cuatro empresas trabajan, como “fuerza de venta”, unas 180 personas. República es la que tiene la red de agencias más extendida en el país.
Los gastos de las cuatro AFAP totalizaron el equivalente a US$ 61,8 millones en el ejercicio de 2023.
A su vez, los ingresos fueron por US$ 102,4 millones. De ese monto, US$ 72 millones provinieron de las comisiones cobradas sobre los aportes obligatorios.
En conjunto, el año pasado las cuatro AFAP dieron una ganancia de US$ 38,4 millones. En su balance Itaú expuso un resultado depurado del “impuesto a la renta” (por US$ 2,1 millones); considerando esto, las administradoras dieron utilidades por US$ 40,5 millones.
República AFAP fue la que obtuvo la mayor ganancia (US$ 17,7 millones).
En el ejercicio de 2022 las AFAP habían arrojado ganancias por US$ 19 millones.
Las conversiones de las cifras se realizaron al tipo de cambio interbancario promedio de cada año.
El ejercicio de mayor ganancia había sido el de 2014, cuando fue por US$ 53 millones.
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Yamandú Orsi y Gabriel Oddone en Montevideo, setiembre 2024.
Javier Calvelo / adhocFOTOS
Lucro y polémica
De manera más o menos directa, los programas de gobierno del Frente Amplio de los últimos años electorales han cuestionado el lucro que obtienen las AFAP. El documento planteado en la campaña actual enuncia la idea de “impulsar un sistema de seguridad social con tres pilares: solidario (no contributivo), de reparto intergeneracional (contributivo) y de ahorro (no lucrativo)”. Comentarios a propósito de ese último punto realizado por el jefe de campaña de Yamandú Orsi, el senador Alejandro Sánchez, y por el designado ministro de Economía en una eventual administración frenteamplista, motivaron cuestionamientos de parte del oficialismo.
Oddone primero quedó expuesto al decir, en diálogo con Búsqueda, que “gane quien gane la elección del 24 de noviembre” no podrá “ignorar que ( casi) un 40% de la población votó a favor de una papeleta proponiendo cambios importantes” en la seguridad social. Desde la coalición republicana le reclamaron atender el pronunciamiento mayoritario respecto a esa consulta popular surgido el último domingo de octubre.
Cuando se le preguntó cuál es su interpretación del planteo programático referido al “ahorro no lucrativo”, el economista respondió “que el manejo profesional del fondo de ahorro previsional y con base en un mecanismo de asignación competitivo se mantiene vigente”, aunque admitió que no estaba “en condiciones de dar una explicación clara y contundente respecto del alcance de eso, porque es parte de lo que la sociedad uruguaya va a discutir” en un eventual diálogo social.
Oddone volvió a hablar sobre ese tema y la idea de “nacionalizar” las AFAP aludida por el jefe de campaña de Orsi. El jueves 7, en el canal de cable VTV, señaló: “No entiendo muy bien lo que quiere decir nacionalizar las AFAP, así que tendré que estudiar lo que quiere decir esa propuesta. Lo hablé con Alejandro Sánchez y creo que es una expresión que no estaba ajustada a lo que él mismo quería decir”.
Dirigentes del Partido Nacional le atribuyen al Frente Amplio no dar certezas por este tipo de propuestas y declaraciones.
Por su lado Rodolfo Saldain, quien presidió la Comisión de Expertos en Seguridad Social de la que emergió la ley de reforma de 2023, señaló en la red social X que “no es compatible” el “ahorro no lucrativo” que proclaman las bases del Frente Amplio con la existencia de AFAP privadas ni con la “imprescindible gestión profesional de los fondos, ya sean entidades administradoras públicas o privadas”.
Para este abogado especializado en estos temas, “la llave la tiene el Estado, único propietario de República AFAP, aproximadamente el 50% del mercado”. Argumentó que la comisión que cobra esta administradora es “resorte de sus accionistas” y “surge de sus costos y la rentabilidad” que le pidan. “Es el Estado quien sabe si la ganancia es ´abusiva´o razonable. Fue así en los 15 años de gobierno” del Frente Amplio.
Saldain también planteó en su hilo que, desde que se dictó una “regulación eficaz” en 2018, las comisiones de las AFAP cayeron y, en el caso de las privadas, hoy es de 6,03%.
