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    MIEM prevé limitar peajes que cobra UTE: la dejan “morir por inanición”, afirma directora del Frente Amplio

    La jerarca opositora cuestiona que el Poder Ejecutivo continúa cerrando las “canillas” de la empresa pública

    Uno de los objetivos que se trazó el gobierno para las empresas públicas era ir hacia un régimen de mayor competencia. El primer ministro de Industria, Energía y Minería (MIEM) del período, Omar Paganini, argumentaba que, aunque se anunciara la “catástrofe”, los entes estatales no entrarían en una “espiral destructiva”, sino que serían fortalecidos. En UTE, esta idea se plasmó en una serie de decretos aprobados en los últimos años.

    A fines de 2022, el MIEM facilitó las operaciones de compraventa de energía entre generadores y grandes consumidores. Y en los últimos meses, se sumaron cambios en la normativa respecto al costo del peaje que cobra UTE por trasladar la energía.

    Los grandes consumidores de energía —aquellos que contratan más de 1.500 kilovatios de potencia por mes— pagan a UTE un precio por utilizar sus redes. Ese valor es conocido en la jerga como “peaje” y el MIEM pretende limitarlo en un nuevo decreto que está en elaboración.

    La semana pasada UTE recibió un borrador de esa norma para evacuar su vista. El plazo para hacerlo vencía este jueves 17, pero los técnicos de la empresa pidieron prórroga porque identificaron “riesgos y observaciones” que le quieren trasladar al Poder Ejecutivo, según dijo a Búsqueda la directora de UTE por el Frente Amplio, Fernanda Cardona. La jerarca opositora planteará en la sesión del directorio de hoy este tema y también expresará una visión crítica de la propuesta del Ejecutivo.

    El proyecto de decreto del MIEM vincula el precio que se paga del peaje a la tarifa aplicada a los clientes llamados “suscriptores con generación”, que son aquellos grandes consumidores que le compran a la empresa pública, pero también producen electricidad en su propio predio. Esta relación es, para Cardona, una “contradicción” porque se vinculan dos valores que no están directamente relacionados.

    En otras palabras, si el decreto del MIEM prospera, habrá un cambio en el criterio para establecer los cargos de los peajes. Se propone una “paramétrica diferente”, que lo que hace es establecer un “tope” de lo que puede cobrar la empresa estatal, según interpreta Cardona. “Esto se traduce en una pérdida de facturación de UTE”, señaló.

    Cuando se aprobaron los primeros decretos para flexibilizar el mercado eléctrico, se establecieron plazos y proyecciones sobre las posibles pérdidas de clientes. En este caso, si se aprueba la norma, la reducción de la facturación es “inminente”, alertó la directora frenteamplista. “No estamos discutiendo cada cuánto se van a ir, en cuánto tiempo se van y cuánto vamos a dejar de facturar”, cuestionó.

    Según ella, “la finalidad del decreto es clara: favorecer, por la vía de la reducción del costo de peajes, a los grandes clientes que operan en el mercado mayorista. Se trata de una decisión arbitraria e infundada cuyo único objetivo es el abaratamiento de los costos de los grandes consumidores respecto al uso de las redes y, como consecuencia, un detrimento del reconocimiento de inversiones y costos asociados a estas actividades de UTE”.

    Los hogares e “inanición”

    La directora del Frente Amplio interpretó que, con esta y otras decisiones, el Poder Ejecutivo pretende beneficiar a “un grupo reducido de grandes empresas” que obtienen ganancias gracias a las inversiones de UTE. Pero, según ella, ese costo lo pagan otros clientes del ente: los beneficios son “a costa de que sean financiadas por la demanda regulada”, es decir, la energía que consumen las familias y las pequeñas y medianas empresas.

    Esta “privatización de ingresos” del ente —según Cardona— deja una “gran pregunta”, que es cómo se va “solventar” la parte del negocio que le queda. “Va a tener que seguir resolviendo el negocio eléctrico. Le piden a la UTE todo y la están dejando morir por inanición porque sus canillas las están cerrando. ¿A quién tengo que trasladarle los costos de que la UTE siga viva y dando el servicio eléctrico? A los clientes que no tienen otra, que no pueden elegir hacer negocios entre ellos”, señaló. Por tanto, la “gran incógnita” que queda planteada es “qué pasa con las tarifas de los hogares”.

    Cardona recordó que Paganini —hoy canciller— expresó en agosto de 2023 que UTE debía dedicarse a la transmisión y distribución, y estar en competencia en la generación. Pero, con estos decretos, la directora del Frente Amplio consideró que no se cumple con lo que prometió. “Te abrieron las compuertas para perder grandes clientes, para la generación y la comercialización. Si me estás diciendo que me voy a dedicar a la distribución y transmisión, no me toques también lo que cobro (los peajes). Si no, es obvio que voy a morir por inanición”, aseguró.

    La jerarca recordará este jueves, ante los directores, que ya hubo otros decretos que flexibilizaron el cobro de los peajes. En 2022, se hizo un cambio en las paramétricas y una norma posterior estableció precios inferiores. Luego, se planteó una polémica con la contratación de la consultora Seg Ingeniería. La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) pretendía contratarla para definir las tarifas de peajes, pero el ente frenó ese acuerdo porque la empresa estaba vinculada a alguno de sus competidores.

    Para Cardona, el nuevo decreto puede motivar a que nuevos clientes dejen de ser regulados y pasen a la modalidad “libre”, algo que ya sucedió con Coca-Cola, Ipusa, Alliance, con el parque de criptomonedas de Microfinanzas y, en un futuro, con Google. Son 50 los clientes de la empresa que consumen más de 1.500 kilovatios por mes.

    La jerarca advirtió que el negocio de UTE en la transmisión y distribución no será “eterno”. “Estamos viendo con preocupación negocios que vienen, que trazan determinadas líneas y que dicen que funcionan como islas. Pero, en realidad, el sistema eléctrico es uno”, sostuvo. Para ella, para este segmento también se podrá abrir negocios de privados.

    La forma

    Cardona se enteró de la existencia de este borrador de decreto por fuera del directorio. De hecho, los comentarios que hará en la media hora previa de la sesión de este jueves serán los primeros que refieran al asunto en ese ámbito, según dijo. Esta forma de presentar la propuesta rompió con una tradición que existía desde 2007: antes de redactar un borrador definitivo, se entregaba una versión a los involucrados y se consensuaban algunos puntos.

    Por lo tanto, los cuestionamientos de Cardona no son solo técnicos, sino también de forma. “No se discute que el Poder Ejecutivo tiene competencia para dictar decretos, pero decisiones regulatorias de este tipo requieren de intercambio y de previsibilidad en las reglas de juego”, señaló. La directora dijo que el MIEM actuó de forma “desprolija” en este caso.

    Pedirá acceder a los informes que existan de los técnicos de UTE sobre este proyecto de decreto. En la tarde de hoy también les adelantará a los directores que, si el borrador no tiene cambios, propondrá que se recurra la decisión.