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En medio de un clima de “fuerte enfrentamiento” y tensiones entre el Poder Ejecutivo y Ancap —según fuentes políticas—, en las últimas horas el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, exhortó a que el ente desista del derecho a participar en la inversión que proyecta la compañía HIF Global para producir hidrógeno verde y combustibles sintéticos en Paysandú.
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La exhortación se realizó a través de una resolución del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) fechada el jueves 12, a la que accedió Búsqueda, que lleva la firma del mandatario.
Esta semana, Ancap realizó una sesión especial de su directorio para tratar nuevamente la aprobación del acuerdo final de implementación proyectado por su subsidiaria Alcoholes del Uruguay (Alur) y HIF, pero, dado que las diferencias entre los representantes del oficialismo en el ente permanecían intactas, se votó una prórroga hasta el próximo viernes 27. El plazo para firmar con HIF se viene postergando desde mayo y esta es la quinta fecha que se establece.
La diferencia de fondo está centrada en la posibilidad de que la empresa pública pueda ser socia en hasta 30% si se concreta la inversión de la compañía chilena.
Ahora el pedido del Poder Ejecutivo pasó a los servicios jurídicos de Ancap y la próxima semana el directorio de la empresa estatal deberá considerarlo, dijeron a Búsqueda fuentes oficiales.
“Se entiende pertinente exhortar a Ancap a efectos de que instruya a sus representantes en el directorio de Alur para que proceda a la modificación del acuerdo, desistiendo del Derecho de Participación contemplado, por entender que no corresponde a Ancap o Alur asumir los riegos económicos sobre dicha actividad que será de exclusiva responsabilidad de HIF Uruguay S.A.”, indica la resolución en un considerando.
Apunta que el MIEM, a través de la Dirección Nacional de Energía, se encarga del “diseño, la conducción y la evaluación de las políticas necesarias para el desarrollo y funcionamiento” del sector energético.
A mediados del año pasado, Ancap, a través de su subsidiaria Alur, seleccionó el proyecto de la chilena HIF Global para producir efuels e hidrógeno verde a través de la captura de CO2 biogénico que produce la planta de etanol en Paysandú. Es un megaproyecto que, de concretarse, sería la mayor inversión privada en la historia del país (unos US$ 6.000 millones).
El acuerdo y el “impacto letal”
El principal promotor de la firma del acuerdo de implementación es el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic.
En un documento fechado el 1 de diciembre y enviado hace pocas semanas al presidente Lacalle Pou, entre otros actores políticos, Stipanicic relató los antecedentes del proyecto de HIF.
En el final del texto, y a modo de “recomendación”, el jerarca señala que Ancap “debe proceder a la firma” del acuerdo “en las condiciones negociadas para asegurar el avance del proyecto que está en fase de ingeniería”.
Stipanicic plantea que “no hacerlo sería un impacto letal en el prestigio de las políticas energéticas del país para la transición por cuanto HIF promociona el proyecto en Uruguay en base al apoyo recibido desde Ancap y el Poder Ejecutivo y lo define como el más prioritario en su cartera de negocios, recibiendo una consideración altamente positiva en ámbitos internacionales”.
Además, aclara que “en cualquier momento” Ancap puede comunicar que desiste de su participación —como decisión irreversible— y dejar el 30% de las acciones involucradas liberadas para ser adquiridas a HIF por terceros”. En tono explicativo, Stipanicic señala que el derecho que posee el ente tiene un “valor económico creciente en el tiempo hasta la decisión final de inversión”, que se prevé para el segundo semestre de 2025.
A su juicio, resolver “apresuradamente” un no involucramiento de Ancap como socio en el proyecto “supone el riesgo de regalar una participación sin los elementos necesarios” para analizar las herramientas posibles para su financiamiento o el “valor intrínseco de esa participación”. Advierte que en la hipótesis de participación del 30%, el valor excedería “largamente” la capacidad patrimonial del ente, solo podría considerarse mediante la creación y uso de un fondo de inversión gobernado y financiado por actores privados, donde Ancap sería el “operador técnico”.
