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Un triunfo del plebiscito agravaría problemas de las cajas paraestatales; quedan al “borde de la quiebra”, según Saldain
El MTSS pidió a la Caja de Profesionales un estudio con los efectos de la propuesta del PIT-CNT, pero el instituto respondió que no tiene un modelo para hacerlo; Bancaria y Notarial sí elaboraron informes
La asamblea de AEBU en 2023 que aprobó la reforma de la Caja Bancaria
El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Mario Arizti, le envió un mail a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) con un pedido específico. Quería que los servicios del instituto paraestatal hicieran un informe sobre los efectos que tendría “una eventual aprobación del plebiscito” que promueve el PIT-CNT y se someterá a votación el próximo domingo 27.
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Arizti no tuvo suerte. El presidente de la caja, Daniel Alza, le respondió que la institución “no cuenta con un modelo para tal fin” que permita hacer estimaciones. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo se quedó sin saber qué proyecta la CJPPU para el futuro del instituto paraestatal de aprobarse la enmienda constitucional que establece la edad de retiro en 60 años, equipara la jubilación mínima con el Salario Mínimo Nacional (SMN) y elimina las AFAP. En los hechos, la papeleta por el Sí retrotrae parte de la reforma aprobada en 2023 y que, gradualmente, instala un sistema jubilatorio común, asimilando algunos parámetros.
En cambio, tanto la Caja Notarial de Seguridad Social (CNSS) como la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias (CJPB) sí realizaron o pagaron estudios que midieran el impacto de esta eventual reforma constitucional. Este último instituto hizo un informe propio y también contrató al Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) para hacer los cálculos, informó a Búsqueda una fuente al tanto de los números.
Los tres institutos paraestatales atraviesan situaciones financieras delicadas, aunque en diferente magnitud. El Parlamento aprobó el año pasado una reforma para la CJPB, que incluye los aportes de las tres partes (trabajadores, bancos y el Estado), al tiempo que la CJPPU también buscó que se aprobara una ley para mejorar su situación, pero no hubo acuerdo entre los legisladores. La CNSS, en cambio, tuvo su reforma en 2019 y no fue incluida en el sistema previsional común que se creó con la última reforma jubilatoria; la caja de los escribanos tuvo déficit en 2023 cuando proyectaba un superávit.
El principal asesor del gobierno en la última reforma jubilatoria, Rodolfo Saldain, advirtió sobre los efectos que tendría la aprobación del plebiscito. “Las deja al borde de la quiebra y en responsabilidad de toda la sociedad, con regímenes de las cajas que son notoriamente más beneficiosos que los del Banco de Previsión Social en la gran mayoría de los casos”, señaló a fines de setiembre en el noticiero Telemundo de Canal 12. Agregó que el “costo” que tendría la aprobación del plebiscito en estos institutos es “muy elevado” y está “por fuera” de todas las estimaciones que se han manejado públicamente.
Nuevos “desequilibrios”
La CJPB ha atravesado, en los últimos años, varios momentos de tensiones. Primero, las diferencias se dieron para aprobar una reforma de su propio instituto, para lo que fue necesario crear una comisión en la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y luego una aprobación de ese acuerdo en una discutida asamblea de la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU). Entre otras medidas, esa reforma —que posteriormente se ratificó en el Parlamento— previó un aumento gradual de la edad de retiro de los trabajadores bancarios a los 65 años, un cambio paramétrico que quedaría sin efecto si se aprueba el plebiscito.
AEBU —que en la interna del PIT-CNT votó en contra del plebiscito— difundió la semana pasada un comunicado en el que advierte por los efectos que tendría la enmienda constitucional. “Por la responsabilidad que nos compete en la cogestión de la Caja Bancaria, debemos ser claros en decirles a nuestros afiliados que la aprobación del plebiscito” requeriría una nueva ley, dice en el texto.
La aprobación del plebiscito generaría “desequilibrios” en el instituto paraestatal. Establecer la edad jubilatoria en 60 años, por ejemplo, provoca un “desequilibrio financiero” a partir del 2027, según el gremio de bancarios.
En cuanto a la equiparación entre las pasividades y el SMN, AEBU asegura que son 650 prestaciones que paga la CJPB por debajo de ese límite que deberían ser incrementadas. El comunicado no cuantifica el gasto de esta medida, pero sostiene que “incide sobre los egresos”.
El gremio de bancarios destaca que las medidas adoptadas para paliar el déficit de la caja son “de menor impacto” para las jubilaciones actuales y sobre las condiciones de acceso a la jubilación, gracias a poder contar con un acceso a un endeudamiento con garantía estatal. El instituto deberá “acceder a créditos de mercado” por unos US$ 270 millones, según AEBU. Parte del plan acordado con el gobierno implica que la CJPB emita un bono. Sin el sistema de las AFAP, la colocación de esta deuda genera un “problema” para el instituto, dicen los empleados bancarios. “Los principales fondos disponibles actualmente provienen de las colocaciones que realizan las AFAP y el BSE (Banco de Seguros del Estado) —especificamente de su cartera de seguros previsionales— y del BROU (Banco República). En la medida que desaparecen las AFAP y el BSE ya no recibiría nuevas pólizas por este concepto, se contraería o encarecería el crédito, lo que implica dificultades para la caja para llevar adelante esta transición”, advierte.
Si el plebiscito se aprueba, la CJPB necesitaría un nuevo proyecto de ley para darle “sustentabilidad” al instituto “más allá del segundo año” del gobierno que asuma el próximo 1° de marzo.
Además de estos números señalados por AEBU, los informes económicos que maneja la CJPB muestran que, si se aprueba el plebiscito, el déficit del instituto aumentaría entre US$ 500 millones y US$ 600 millones anuales, lo que comprometería la capacidad del pago del endeudamiento con garantía estatal.
Caja Notarial y sus reservas
La CNSS tuvo en 2023 un déficit de $ 556 millones (US$ 14,3 millones), una cifra superior al rojo de 2022 ($ 402 millones). Los egresos del instituto crecerían si, por la aprobación del plebiscito, se deben aumentar las pasividades que están por debajo del SMN. El costo de esta medida oscilaría entre los US$ 750.000 y los US$ 2 millones por año, estimó la unidad de Planificación y Control de esta caja.
La reforma de 2019 de la CNSS ya había previsto un aumento de la edad de retiro a los 65 años, por lo que la aprobación del plebiscito permitiría que los escribanos se vuelvan a jubilar a los 60. Para aproximar el impacto económico de esto, los técnicos consideraron un período que va de 2025 a 2042, el año en el que se agotarían las reservas del instituto.
El gasto en pasividades en ese período acumularía US$ 143 millones de costo mayor si se compara el escenario actual y el que se crearía si se aprueba el plebiscito. “El impacto de la sostenibilidad del régimen es de dos años, con las reservas agotándose en el año 2040”, dice el informe.
Los técnicos de la CNSS estiman que, dependiendo del criterio que se tome en cuenta, aumentaría el costo anual de las prestaciones entre 0,74% y 1,99%. Si estas medidas entran en vigencia a partir del ejercicio 2025, la sostenibilidad de la caja “se verá deteriorada en tres años” y las reservas se agotarán en 2039.
