Por unanimidad, la Cámara de Senadores aprobó el martes 11 la adhesión de Uruguay al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés), un acuerdo administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) que el Parlamento uruguayo había tratado en al menos cuatro oportunidades anteriores pero sin ratificarlo. Su aprobación permitirá que las solicitudes de patentes presentadas en Uruguay sean reconocidas en otros 157 países que ya integran el tratado, lo que abre nuevas oportunidades para la expansión y la protección de invenciones nacionales a escala global, dijo a Búsqueda el director ejecutivo del Institut Pasteur, Carlos Batthyany.
Según Batthyany, el tema ha generado grandes “contradicciones”. Pero el PCT para Uruguay “no significa nada radical”, ya que por más que Uruguay haya adherido al tratado los científicos y los desarrolladores no van a registrar sus patentes en el país. Para el médico, estos seguirán depositando patentes en Estados Unidos o en otros países que tengan la suficiente experiencia por parte de los abogados locales para redactar patentes en ciencias de la vida, algo que a su entender hoy no existe en Uruguay.
Explicó, no obstante, que sin este tratado Uruguay “no puede presentarse como un hub de innovación regional”. Hay solo una quincena de países en todo el mundo —Venezuela, Paraguay, Bolivia, Argentina, Las Guyanas, un par de países de África y algunos de Asia— que no integran el acuerdo. “Los países que no estamos es porque hay algún lobby que no nos deja entrar. Pero no hay ningún estudio serio que muestre que ingresar al PCT vaya a traer grandes réditos económicos o vaya a perjudicarnos. Lo único que va a mostrar es que este es un país que está alineado con otros 160 países del mundo. Los demás siguen dándole la espalda y eso tiene consecuencias”, afirmó.
Oddone explicó que “si hay algo que caracteriza a Uruguay es que esos son dos mundos que viven en paralelo”. Es por eso que para corregir ese “fallo” consideró imperioso acercar esos “mundos”. Allí aludió al Institut Pasteur, que meses atrás acordó inversiones que involucran a “empresarios privados uruguayos potentes, poniendo capital” para el desarrollo de investigaciones del centro. “Esa es una de las razones por las que el Parlamento tiene que votar el tratado internacional de patentes”, dijo.
El también columnista de Búsqueda se refería así a LAB+: “La aceleradora de empresas biotecnológicas” que impulsa el Institut Pasteur de Montevideo al canalizar fondos de inversión privados para el desarrollo de startups. A partir de una asociación con la firma financiera Ficus Capital, se creó un fondo de inversión por cerca de US$ 35 millones para apalancar la creación y el despegue global de empresas en el área de ciencias de la vida.
Consultado por Búsqueda, Batthyany dijo que lo que intenta hacer el Pasteur es “lo que hacen todos los países que hoy nos deslumbran al decir que son desarrollados”, donde el Estado invierte un porcentaje “pequeño pero significativo” del Producto Bruto Interno del país —cercano al 4,5%— en educación y en ciencia en institutos científicos de todas las áreas del conocimiento por no menos de 30 años. “Cuando hacés eso la economía te contesta con un crecimiento del doble o triple del PBI per cápita del país. Entonces lo que tratamos de hacer es implementar en Uruguay y en el Instituto Pasteur la valorización del conocimiento, para que el país vaya en camino hacia la economía del conocimiento, que es la economía del siglo XXI”.
De esta forma, la idea es ofrecer a los inversores uruguayos “una herramienta que cuando se hace de manera ordenada, bien pensada y estructurada y con gente que trabaja en todas las áreas del conocimiento” permite multiplicar por 10, 20 o 100 las inversiones en estas compañías de base científico-tecnológica, comentó. Y para ello el objetivo es crear 14 compañías de este tipo vinculadas a ciencias de la vida en Uruguay a través de llamados internacionales, donde, por un lado, el instituto pone la infraestructura, el equipamiento y un equipo multidisciplinario para ayudar a los científicos a dirigir una empresa y, por otro, los inversores privados invierten su capital y trabajan de cerca con el equipo.
Desde el día cero, además, el 40% de las acciones de la nueva compañía quedan en manos del fondo de inversión privada. “A partir de ese 40% es que les vamos a devolver a ellos la inversión, la plata y las ganancias. El otro 40% de las acciones queda en manos de los científicos fundadores, que si les va bien no solo van a poder trascender como científicos, sino depositar una patente para poder aspirar realmente al mercado global”, dijo Batthyany.
El 20% restante irá a las instituciones originales. Por ejemplo, 10% para el Pasteur (por los recursos que destinó) y 10% para otras instituciones académicas “que se animen a juntarse” con el centro, ya sean nacionales o internacionales.
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Carlos Batthyany en la Sala de Eventos Especiales del Palacio Legislativo
Javier Calvelo/ adhocFOTOS
El primer llamado se hizo en noviembre de 2022 y se presentaron decenas de proyectos tanto de Uruguay como de la región. Luego se seleccionaron cuatro proyectos que fueron presentados ante potenciales inversores en marzo del siguiente año y en febrero de 2024 el Pasteur anunció oficialmente la creación de las nuevas empresas y que se había cerrado la primera ronda de capitalización.
La adhesión al tratado de patentes, en ese sentido, permitirá agilizar el trabajo de LAB+ para generar ciencia y exportar conocimiento al mundo, ya que la aceleradora se apalanca en tener una patente internacional, agregó el director. Según dijo, no es posible apuntar solo al mercado uruguayo “o jugar a los genéricos en materia de medicamentos”. Se refirió, por ejemplo, al hito alcanzado por Eolofarma, una startup creada entre el Pasteur y la Udelar en 2016 que, tras culminar recientemente el primer estudio clínico de fase 1, se convirtió en la primera empresa sudamericana en probar un desarrollo en humanos.
“Es una pequeña prueba de que esto se puede hacer. Algunos son los mismos inversores que tenemos ahora, que quieren ver que en Uruguay se pueden hacer las mismas cosas que se hacen en países desarrollados y que más allá de ganar dinero quieren trascender a través de ayudar al país a salir adelante”, celebró el director. Batthyany dijo que Uruguay ya demostró que puede hacer ciencias de la vida, pero es importante mostrar que puede trasladar esos conocimientos “a aplicaciones concretas y reales que permitan valorizar esos productos”, sin depender siempre de la venta de commodities ni 100% del Estado.
Resistencias
La adhesión por parte de Uruguay al tratado de cooperación de patentes provocó reparos de algunos sectores, sobre todo desde los agroquímicos y los laboratorios nacionales, según plantea una carta elaborada por Santiago Martínez, director de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Industria; Alberto Majó, director de la Dirección Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación y Cultura; Juan Labraga, director de Política Comercial del MEF; y Flavio Caiafa, presidente de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII). El documento, al que accedió Búsqueda, señala que la argumentación de esos sectores es que la aprobación implicará un “diluvio” de patentes extranjeras y que, “al disminuir la porción de tecnología librada al dominio público”, impedirá su explotación por empresas nacionales en detrimento del sector nacional y “redundará en aumentos de precios”, en particular de los medicamentos de alto costo.
Sin embargo, en diálogo con Búsqueda, Martínez explicó que la evidencia empírica indica que no existe una correlación entre la adhesión al PCT y un aumento desmedido de las presentaciones de patentes. Esto se basa en una premisa “engañosa” que cataloga las solicitudes de patentes como un iceberg, donde lo que se presenta en el país “es una porción mínima” y que “bajo el agua” existe un universo de patentes que no se presentan por la no adhesión al PCT.
“Lo que pasaba con la Asociación de Laboratorios Nacionales o con la industria local partía de una confusión en la interpretación del tratado, un miedo injustificado sobre los posibles efectos de algo que no conocían”, mencionó Martínez. Según dijo, siempre se hablaba incluso de una pérdida de soberanía y de una suerte de patente universal, pero “nada de eso es cierto”.
“A partir del diálogo profundo que hemos mantenido, el sector ha madurado un poco su concepción respecto al efecto del tratado”, explicó. Para el experto, la adopción del tratado tiene “efectos estratégicos vinculados a la internacionalización del país”, al permitir que emprendedores radicados en Uruguay puedan no solo explotar sus desarrollos comercialmente en Uruguay sino también acceder a través del tratado a una protección en otras jurisdicciones, abaratando costos y con mayores plazos.
“Es un ida y vuelta donde este tratado cumple con un mínimo estándar para facilitar los registros de la propiedad industrial que no afecta en absoluto la independencia y soberanía de cada país”, cerró.
