—Al hablar del embarazo infantil buscamos también hablar de la violencia sexual. El embarazo infantil es como la punta del iceberg de un problema mucho más profundo. Venimos trabajando ininterrumpidamente en esta campaña todos los años, y, en este año en particular, tras el caso de la adolescente que falleció en Rivera a causa de una cesárea de emergencia y que desnudó un montón de situaciones de vulneración. Este caso tan dramático ayuda a evidenciar eso, pero no termina de cerrarse el ciclo en el nivel de la acción y de la transformación de la política pública. La evidencia nos indica que las niñas están en riesgo en Uruguay, y que hay un trabajo importante para seguir profundizando. Y me remito a las fallas identificadas en general en términos más estructurales, pero también con los testimonios y con las historias de vida más recientes, que son realmente muy elocuentes, hablan por sí solas de la falla de la capacidad del Estado para llegar y atender como corresponde.
—¿El caso de Rivera es representativo de un problema generalizado?
—Es un caso emblemático por lo dramático, pero no puede pasar que quede como un caso aislado. Es la consecuencia que tuvieron todos esos eventos concatenados de situaciones de vulnerabilidad que son parte de la trayectoria de muchas gurisas. No debería quedar empañado como que son situaciones que se escapan, porque lo importante es ver que hay una falla en las capacidades estatales para responder a estas situaciones.
El caso evidencia una situación mucho más profunda y delicada porque estaba bajo amparo del INAU. Entonces hay dos dimensiones en el nivel de la falla del Estado. Hay una resolución reciente de la Institución Nacional de Derechos Humanos de otro de los casos —son tres los casos bajo el amparo del Estado que aparecen alrededor de este evento dramático—, donde se ve que la responsabilidad es doble, es directa, es inocultable. Pero también aparecen otras situaciones en niños y niñas y adolescentes que no están bajo el amparo del INAU, y eso no exime al Estado de su responsabilidad.
—A veces se habla de embarazo infantil y adolescente como un mismo fenómeno, pero ustedes enfatizan las diferencias. ¿Por qué necesitan abordajes diferentes?
—Primero hay un corte etario, hablamos de embarazo adolescente cuando estamos frente a adolescentes de 15 a 19 años y embarazo infantil en menores de 15 años. En Uruguay durante mucho tiempo hablamos de embarazo adolescente y no estaba claro cuál era el límite. El trabajo de las organizaciones sociales, de algunas instituciones del Estado y la cooperación internacional ayudó a problematizar estas dos situaciones. La diferencia tiene que ver con lo etario y con lo biológico, con la capacidad de los cuerpos. Un embarazo temprano, sea de una niña o de una adolescente, tiene implicancias para la salud materna, mayores índices de prematurez, de riesgo y de sufrir cuestiones vinculadas a lo psicológico y a lo emocional. Pero además tiene que ver también con la toma de decisiones, la autonomía progresiva, la trayectoria sexoafectiva. La capacidad de consentir una relación sexual y de comprender lo que implica un embarazo y la continuidad o la interrupción voluntaria de ese embarazo. La Estrategia de Prevención del Embarazo no Intencional adolescente, que en 2019 se extiende y se hace una guía de recursos específica para el caso del embarazo infantil es un hito importante a nivel de la política pública, que termina de consolidar que no es lo mismo y que requiere un abordaje distinto. Y básicamente el abordaje distinto tiene que ver con hacerse las preguntas incómodas. No hay que presuponer en ningún caso, incluso cuando estás hablando de una mujer adulta, que el embarazo es producto de una relación consentida, o que por estar embarazada quiere continuar con ese embarazo. Esa pregunta hay que instalarla siempre, pero cuando más chicas son se complejiza más.
—En los embarazos tempranos hay que preguntarse si esconden una situación de abuso sexual…
—Claro, ¿a qué situaciones está expuesta esa niña, esa adolescente? Y las preguntas concretas que tienen que ver con el entorno, quién es el progenitor. Siempre ante la constatación de un embarazo en una niña o una adolescente se abre una batería de preguntas que hay que hacer, que puede ser desde las instituciones educativas, desde el servicio de salud, que tiene que ir más allá de la consulta puntual y del quedarse con que quiere continuar con el embarazo, sin más, con esta proyección incluso romántica de la idea de la maternidad, que en el caso de las adolescentes y las niñas se expresa de manera problemática. Hay que hacer indagaciones respecto al consentimiento, la identidad del progenitor, el entorno de esa niña. Muchas veces la respuesta que devuelven los equipos de salud es que ella quiere continuar. Y así se han sucedido muchos nacimientos en esas edades. Por supuesto que son situaciones muy complejas de abordar. Pero cuanto más abajo en edad hay que presuponer una situación de violencia, y después generar la evidencia para constatar si eso es así.
—¿Cuántos embarazos infantiles son producto de abusos sexuales?
—Los últimos datos muestran que en el 50% de esas situaciones hay indicios de abuso sexual, y en un 16% no se pudo determinar, lo que hace pensar que la probabilidad de que sean situaciones de abuso es alta. En Uruguayno teníamos el dato de cuántas de estas situaciones de embarazo eran producto de abuso. A partir de los informes de Amnistía sobre el tema, empiezan a generarse instancias de capacitación y a recopilarse más información y, en 2022, se crea el sistema de notificación de embarazos en menores de 15 años de ASSE, que genera una alerta para los equipos territoriales, y es de ahí que recogemos por primera vez el dato. Es importante hacer un seguimiento de qué es lo que pasa con esos embarazos y qué pasa con esos niños que nacen producto de esos embarazos. Además de dar un apoyo distinto a los equipos de salud para generar criterios comunes.
—¿Hay información sobre quiénes son los padres de esos niños?
—Estamos preparando pedidos de información con muchas de estas preguntas, para ver qué pasa con esos niños que nacen, si se quedan con las familias, si median procesos de institucionalización. Todavía no hay un sistema robusto que permita hacer un diagnóstico acabado de la situación.
—Hoy puede pasar que haya niñas embarazadas que vuelvan con su hijo al mismo entorno donde se produjo el abuso…
—Sí. La resolución de la Inddhh (Institución Nacional de Derechos Humanos), que en el caso de Rivera tomó un rol muy importante y mostró la incapacidad estatal para dar una respuesta, es muy cruda porque hay clara evidencia de que una menor que está hoy desaparecida acudió y denunció y pidió ayuda para salir de esa situación, para ella y para sus hermanos, y no hubo respuesta. Es tan explícita la falla que es inocultable. Las cifras del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Infantil muestran que el año pasado hubo alrededor de 160 nuevas denuncias. Y 350 que venían de años anteriores. En Uruguay nos pasa esto de que por un lado decimos que el Estado está presente, es sólido, robusto, y por otro lado tenemos estas situaciones que si uno las mira numéricamente, con la supuesta capacidad del Estado, ¿cómo no puede dar seguimiento a 160 casos? En el caso de los embarazos infantiles, fueron unos 90 en 2023. Son números manejables que no están teniendo respuestas adecuadas.
—¿Qué recomendaciones hacen?
—Nosotros planteamos, por un lado, la atención a las situaciones cuando llegan, donde ya no hay prevención posible y es solo gestión de riesgos y disminución de daños y acciones de reparación. Por otro, hay un trabajo para hacer en la prevención que está muy orientado a la educación sexual integral, que hoy es un campo en disputa. Parte del trabajo de esta campaña tiene que ver con visibilizar la situación, porque hablar del embarazo infantil implica siempre conversaciones dolorosas que nadie quiere tener. Son situaciones dolorosas, que tienen también un manto de ocultamiento cultural importante. No es fácil hacerse cargo de que Uruguay es un país en el que sus niñas están en riesgo de sufrir violencia sexual. Y los datos indican que no son episodios aislados, sino que en la mayoría de los casos, por encima del 60% se trata de situaciones recurrentes. Hay una doble dimensión en esto de la responsabilidad del Estado y la detección de las fallas. Hay casos que son más elocuentes por lo dramáticos, por lo crudos que son, que ponen al desnudo esas falencias. Y hay otras formas más sutiles de la falla o de la omisión, que tiene que ver con el no hacerse cargo de generar instancias adecuadas para la prevención o por la atención en esas situaciones donde no están bajo la tutela del Estado.
—¿Por qué hay tantas fallas en la respuesta? ¿Dónde identifican las principales debilidades?
—No hay una única respuesta. Por un lado, no hay una cultura del acceso a la información pública. Si vos tenés información, podés hacer diagnósticos, que es un rol que tenemos organizaciones como Amnistía Internacional o también el periodismo. Abre la posibilidad de conocer datos e incluso hacer algunas preguntas que el Estado no se está haciendo y generar datos que no tiene. Por supuesto que la solución no se agota ahí. Hay algo de la consolidación de la estructura de las políticas públicas, que tiene que ver con la sectorización, que afecta los abordajes para asuntos más complejos. Está todo fragmentado. En el caso de Rivera, por ejemplo, son situaciones que ya sabemos que pasan en otros lugares, y no es que el Estado no llegue, sino es cómo llega. Porque en el caso de la adolescente que falleció, hay intervenciones del Estado, pero son malas intervenciones. Entonces, es cómo hacerlo bien para que tenga el resultado esperado. Cómo se lleva adelante la instrumentación, de la idealidad de la norma a la realidad de la práctica Y, finalmente, ¿quién se hace cargo? Se hace énfasis en la necesidad de coordinación, pero ¿qué significa coordinar? ¿Es articular, es intercambiar? ¿Quién termina definiendo? ¿Quién hace el seguimiento? ¿Quién está mirando esa trayectoria?
—¿Qué problema identifican en cuanto al acceso al aborto de las niñas? En el caso de Rivera, no está claro por qué no se le practicó un aborto considerando su edad y los riesgos que implicaba la continuación de ese embarazo.
—La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo tiene sus dificultades, en su implementación y también porque fue fruto de una negociación. En el caso de niñas y adolescentes, aparece la conversación sobre el consentimiento y la autonomía progresiva. Otra vez hay que hacer todas las preguntas y poner todos los elementos arriba de la mesa a la hora de tomar una decisión. Es cierto que hay situaciones en donde la adolescente o la niña plantea que quiere continuar el embarazo, pero hay que ver si efectivamente se le brindó toda la información sobre los riesgos posibles, y todo el abanico de opciones y las implicancias que podría tener la continuidad del embarazo para su salud y su vida. En el caso de Rivera, todavía no sabemos exactamente qué fue lo que pasó, no sabemos por qué efectivamente se descartó, pero sí sabemos que tuvo un impacto letal en la vida de esta adolescente, eso sí lo sabemos. Que sirva como evidencia para robustecer esos criterios, ¿no?
—Mencionaba la importancia de la educación en la prevención de la violencia sexual. ¿Ahí también hay un debe?
—Enfatizamos bastante en la educación sexual integral, que es algo a veces resistido, tristemente sigue siendo un terreno en disputa. Si bien Uruguay tiene normativa que reconoce, que habilita, y ha desarrollado algunas estrategias de política pública, en términos discursivos e incluso en términos reales de su aplicabilidad, tiene serias dificultades para instrumentarse.
—En la campaña electoral, partidos como Cabildo Abierto tienen discursos que rechazan que haya educación sexual en las escuelas...
—Detrás de esa postura está la idea de que la educación sexual es resorte de la familia, no es algo en donde deberían tener injerencia las instituciones educativas. Solamente me remito a la evidencia empírica: el 80% de las situaciones de abuso sexual que hay en nuestro país se dan en el núcleo familiar. ¿Vamos a dejar en las familias solamente la responsabilidad que tiene el Estado de garantizar la protección? Por supuesto que las familias tienen su parte, no es algo privativo de la institución educativa. Y por supuesto que hay que siempre tener en cuenta los más altos estándares, porque no es cualquier educación sexual integral, no es una educación sexual biologicista. Tiene que ver con los vínculos, con las relaciones que establezco, con la autoestima, con el consentimiento, con la violencia, con el vínculo con el cuerpo, con los límites, con los otros. Los contenidos que siempre generan más nerviosismo tienen que ver con la diversidad. Lo que planteamos es que la educación sexual tiene que estar basada en evidencia y ser acorde a la edad del niño o niña. Las familias no van a dejar de ser parte de esa educación sexual. Pero el Estado asumió una responsabilidad de protección y sabemos que las situaciones de violencia se dan en los hogares. Entonces ahí hay un problema. Hay evidencia de que una educación sexual integral adecuada a la edad, correctamente facilitada y abiertos los canales de comunicación, puede ser una herramienta para la detección oportuna de situaciones de violencia.
