Charles Carrera denuncia ante el Ministerio del Interior “una evidente animosidad” de Asuntos Internos

“Una vez que pude acceder a la totalidad de las actuaciones que se realizaron desde el Ministerio del Interior en mi contra, pude advertir con claridad una evidente animosidad que llevó a los funcionarios a brindar información incompleta y falsa en aras de perjudicarme, y también pude advertir que se violaron las exigencias mínimas de buena fe procesal planteando posturas incompatibles en diferentes procesos”, asegura Carrera en el escrito enviado a Negro, al que accedió Búsqueda.

La postura del Ministerio del Interior

El 11 de noviembre de 2012, Hernández se encontraba en su casa de La Paloma, Rocha, cuando recibió un balazo accidental presuntamente disparado por un policía. En la casa de su vecino se celebraba el cumpleaños del entonces subcomisario del balneario, Marcos Martínez. La víctima presentó una demanda civil contra varios actores, entre ellos el MI, a quien reclamó daños y perjuicios por omisión en el ejercicio de deberes para preservar el derecho de cualquier persona a ser protegido.

Carrera, quien era entonces director general de Secretaría del ministerio, ordenó que en el Hospital Policial se otorgara a Hernández atención médica gratuita, tratamiento de rehabilitación y la entrega de tickets de alimentación por un valor aproximado de $ 20.000 mensuales. Esta atención duró casi tres años. Al mismo tiempo, el Ministerio del Interior respondió a la demanda de Hernández: alegó ante la Justicia que la decisión de brindarle asistencia sanitaria fue por razones humanitarias y que no implicaba reconocimiento de responsabilidad sobre el disparo que recibió.

Tanto la demanda inicial de Hernández como sucesivos reclamos y apelaciones fueron desestimados por la Justicia civil. En febrero de 2024, la Suprema Corte de Justicia se pronunció de forma definitiva al confirmar por unanimidad una sentencia de segunda instancia, según la cual no existió responsabilidad de Interior en lo sucedido.

En 2022, ya con el cambio de partido político en el gobierno y el Frente Amplio fuera del poder, el entonces ministro del Interior, Luis Alberto Heber, ordenó una investigación administrativa para determinar si Carrera había cometido abuso de funciones. De esa investigación administrativa participó la Dirección Nacional de Asuntos Internos. En julio de ese año el ministerio presentó una denuncia penal. En diciembre de 2024, la fiscal Porteiro pidió el desafuero de Carrera para seguir investigándolo por entender que su conducta puede constituir un delito innominado de abuso de funciones.

La respuesta de Charles Carrera

En la denuncia presentada esta semana al Ministerio del Interior, Carrera critica el doble posicionamiento de esa secretaría de Estado ante la Justicia respecto a su rol en la situación de Hernández: tras originalmente considerar que su actuación fue por fines humanitarios y no implicó responsabilidad del Estado, años después presentó una denuncia penal contra él por entender que asistir a la víctima “fue un acto arbitrario, que perjudicó y dañó económicamente a la administración y que ello comporta un delito penal”.

La crítica emitida por Carrera al ministerio fue respaldada por Gabriel Valentín, catedrático en Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, a quien la defensa legal de Carrera le solicitó que analizara el caso. Su informe, enviado al abogado Juan Manuel González Rossi y al que accedió Búsqueda, advierte de una “flagrante contradicción entre las versiones” emitidas por el Ministerio del Interior en sede civil (como demandado) y en sede penal (como denunciante).

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Como ministro del Interior, Luis Alberto Heber resolvió que se presentara una denuncia contra Carrera

Javier Calvelo/adhocFOTOS

“Es inadmisible por violatoria del principio de buena fe. La revisión de los antecedentes revela que la versión sobre los hechos y su valoración jurídica realizada por el MI como denunciante es absolutamente contraria a la que sostuvo cuando ejerció su defensa como demandado en el proceso civil. Al defenderse de la imputación de los demandantes en cuanto a la existencia de un reconocimiento de responsabilidad por haber dispuesto la prestación de asistencia médica y apoyo económico, el MI dijo que su conducta se basó pura y exclusivamente en razones humanitarias. Pero luego de tener una sentencia desestimatoria, insólitamente, el MI se erigió en denunciante, y postuló una versión de los hechos y su valoración jurídica completamente diferente”, indicó Valentín.

El catedrático también cuestionó el rol de la Dirección Nacional de Asuntos Internos: “La actuación, como auxiliar de la Fiscalía, de una unidad de la propia denunciante, que participó en la preparación de la denuncia que generó la investigación fiscal, afecta la exigencia de objetividad de la actuación del ministerio público”.

Además del estudio de Valentín, Carrera elevó a Fiscalía informes jurídicos de los abogados Carlos Delpiazzo, Miguel Pezzutti, Jorge Barrera y José Korzeniak, y consultas realizadas a los abogados Gonzalo Fernández y Álvaro Richino.

Tras su desafuero, Carrera fue designado coordinador político del Movimiento de Participación Popular (MPP), el sector del Frente Amplio al que pertenece. En un comunicado de prensa, vinculó la causa judicial que enfrenta con la denuncia que presentó en 2021 sobre presuntas irregularidades en el acuerdo entre el gobierno y la multinacional Katoen Natie. Ese convenio evitó un arbitraje millonario de la empresa belga contra el Estado y renovó, hasta 2081, la concesión a Katoen Natie para operar la terminal de contenedores en el Puerto de Montevideo.

“Mi rol como senador de la oposición y denunciante de la entrega del puerto hasta el 2081 tuvo esta consecuencia”, esgrimió Carrera.