La capital de Azerbaiyán, Bakú, acoge desde el lunes 11 una nueva edición de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, conocida como COP29. El comienzo del encuentro se da en un contexto alarmante, luego de que la Organización Meteorológica Mundial anunciara que el 2024 va en camino a ser el año más cálido registrado hasta el momento, en el que, además, se prevé superar la barrera de los 1,5 °C de calentamiento global.
Ante ese panorama, un aspecto clave de la COP29 será el financiero. El objetivo principal del encuentro es lograr un nuevo acuerdo que aumente sustancialmente el dinero para combatir el cambio climático, al definir los montos y las condiciones de pago de los países. La conferencia también será la oportunidad para que los países presenten sus planes nacionales de acción climática actualizados bajo el Acuerdo de París, que deben entregarse a principios de 2025.
Ese es justamente uno de los principales temas que seguirá la delegación uruguaya presente en la COP29, integrada por representantes de la Dirección Nacional de Cambio Climático (DINACC) —liderada por la directora Natalie Pareja— y funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores. A partir del miércoles 13, se les sumarán el ministro de Ambiente, Robert Bouvier, la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, la ministra de Industria, Energía y Minería, Elisa Facio, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, y el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Raúl Lozano.
El Ministerio de Ambiente informó a Búsqueda que en esta COP se busca promover el Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado (NCQG, por sus siglas en inglés) para asegurar fondos destinados a la acción climática, avanzar en el Fondo de Pérdidas y Daños y cumplir con los objetivos de mitigación, así como la eliminación de combustibles fósiles y el aumento en el uso de energías renovables. Sin embargo, el foco de Uruguay estará sobre todo en los ítems de la agenda de adaptación, ya que entienden “fundamental” concluir el balance de implementación de los Planes Nacionales de Adaptación para evaluar el impacto de los esfuerzos realizados. En este sentido, se busca duplicar la financiación para que los fondos respondan adecuadamente a las necesidades actuales de adaptación, explicó.
“Uruguay se juega muchas de sus chances en la agenda de adaptación, y, por ello, es clave participar de los ámbitos en donde hoy se están definiendo las fuentes de financiamiento y los compromisos para que las responsabilidades sean equitativas al mismo tiempo que los aportes”, dijo a Búsqueda Natalie Pareja. Según explicó la directora, en esta COP se decidirán “esas grandes líneas de financiamiento que son claves” para que Uruguay pueda implementar sus planes de adaptación ya formulados para sus costas, ciudades, producción agropecuaria y energía.
En tanto, el ministro Bouvier explicó a Búsqueda que la expectativa es lograr “acuerdos y avances sobre todo en asuntos de adaptación”, ya que es una prioridad para el país en materia climática. “Uruguay ha avanzado mucho en este sentido al mismo tiempo que nos hemos esforzado en generar cada vez más acciones que logren una producción agropecuaria cada vez más sostenible, que contemple a los ecosistemas naturales, la biodiversidad y los suelos. Nuestro ministerio es clave para otorgar la solidez institucional que requieren estas acciones, y es reconocido a nivel mundial por su potente rol articulador entre el desarrollo sostenible y el cuidado del ambiente”, afirmó el ministro. Según explicaron las autoridades, la adaptación es el principal desafío de Uruguay con relación al cambio climático y, para poder implementar acciones adicionales y mantener las ya existentes, el país requiere de medios de implementación a ser provistos por fuentes externas, así como capacidades específicas para ello.
Por otro lado, para Uruguay resultarán especialmente centrales las negociaciones vinculadas a la agricultura, discusiones en las que la delegación nacional “participará activamente”, dado su rol como coordinador de este tema dentro del grupo SUR.
Robert Bouvier. Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS
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Nuevos horizontes
Uno de los aspectos más relevantes en el marco de esta COP es la presentación de los Informes Bienales de Transparencia (BTR, por sus siglas en inglés). Según lo establecido en el Acuerdo de París, los países deberán presentar, por primera vez este año, estos reportes que muestran los avances hacia los compromisos asumidos. En el ministerio confirmaron que Uruguay presentará su primer BTR en diciembre de 2024, documento que está siendo elaborado actualmente por la DINACC en coordinación con el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático.
Paralelamente, muchos países aprovecharán la instancia para presentar su Tercera Contribución Determinada a Nivel Nacional (CDN), ya que los gobiernos tienen plazo hasta febrero de 2025 para elaborar sus CDN con horizonte a 2035. La propuesta de Uruguay, en tanto, aún se encuentra en proceso de elaboración, ya que el documento fue puesto a consulta pública a fines de octubre y espera aprobarse por decreto antes de que finalice la actual administración.
Consultada por Búsqueda, la consultora de la DINACC, Virginia Sena, explicó que el aspecto central de la tercera CDN son los objetivos de reducción de emisiones de cara a 2035. La ingeniera química, quien integró el grupo de trabajo que elaboró el documento, indicó que en la primera CDN (presentada en 2017 con horizonte a 2025) se plantearon objetivos de reducción para los tres principales gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, respecto al Producto Bruto Interno (PBI). Sin embargo, esto cambió en la segunda CDN (elaborada en 2022 con horizonte a 2030), ya que en ese documento “se dejó de lado ese objetivo” debido a la caída del PBI en el contexto de la pandemia y la sequía que perjudicó a Uruguay.
“A partir de ese momento se resolvió incluir un techo máximo de emisiones para los tres gases. Y en esta tercera CDN se reafirman esos máximos y ese mismo compromiso de no superar el techo de emisiones. Es uno de los puntos claves”, señaló. La idea, por tanto, es mantener el total de emisiones del país por debajo de las 9.267 kilotoneladas para dióxido de carbono, 818.000 para metano y 32.000 para óxido nitroso.
“No se bajó a ese techo, que podría haber sido una alternativa, porque las proyecciones de emisiones a 2035, vinculadas al desarrollo tecnológico, las posibilidades de recursos y de conseguir apoyo, no alcanzan para estar tranquilos”, explicó Sena.
Respecto a si Uruguay ha logrado cumplir con los objetivos establecidos en las contribuciones anteriores, Sena indicó que actualmente se está monitoreando el alcance de la primera meta. Y, si bien entiende que las emisiones “siguieron la trayectoria esperada en las proyecciones”, la caída del PBI les “jugó en contra” y los resultados preliminares “no están dando muy bien”. Con relación a la segunda, “todavía no se sabe cómo va Uruguay”, pero las proyecciones indican que, a menos que ocurra alguna “cuestión disruptiva”, llegaría a cumplir las metas a 2030.
“Para los objetivos a 2030 y 2035, nos independizamos del PBI y solo vamos a mirar las emisiones, es decir que ahí los resultados pueden ser más positivos”, señaló la experta, aunque aclaró que las emisiones de CO2 están muy influenciadas por la quema de combustibles. Es por eso que, si se da un contexto ambiental en el que Uruguay deba “prender las centrales térmicas a gasoil” (como una sequía), las “emisiones podrían llegar a subir y el país estaría en peligro de no cumplir”.
“Pero en situación normal estaríamos pudiendo cumplir”, comentó. Las expectativas son las mismas respecto a la tercera CDN: según las proyecciones, “suponiendo el crecimiento económico que se puede dar o la demanda de energía” (por ejemplo, de mayor penetración de vehículos eléctricos o sustitución de combustible fósil en el sector residencial o en la industria), las metas también se cumplirían.
Otro de los aspectos centrales en la nueva CDN es la incorporación de las líneas estratégicas para el cumplimiento de los objetivos fijados para el sector de energía, la descarbonización del transporte y las industrias o la aplicación de buenas prácticas en el uso del campo natural, muchas de las cuales son en realidad una profundización de las ya contempladas en la segunda contribución. Además, el nuevo documento desarrolla específicamente todo lo vinculado al hidrógeno verde, algo que en la CDN anterior apenas se mencionaba.
El documento mantiene a su vez las mismas metas relacionadas con el sector de la ganadería, principalmente a las emisiones de metano, aunque aumenta los objetivos respecto a las plantaciones forestales. Según explicó Sena, la segunda CDN proponía mantener el 100% de la superficie de plantaciones forestales existentes en 2020, mientras que en el nuevo documento establece aumentar esa superficie a un 20%. “Esa decisión puede ser un poco polémica, pero el Ministerio de Ganadería propuso ese aumento que ya responde igualmente a la tendencia derivada de los beneficios en el marco de la ley forestal”, comentó.
