—¿Desde cuándo sabía que iba a ser la ministra? Ya era la referente de salud de Orsi desde antes de las internas.
—Lo supe en los días previos, cuando Yamandú ya tenía tomada la decisión, poquitos días antes del anuncio. Desde hace muchos años hemos trabajado juntos. Previo a la interna conformamos un equipo con Leonel Briozzo y Federico Preve. Después asesoramos a la fórmula en todo lo que tenía que ver con las políticas de salud pública, hacia dónde ir, qué propuestas eran de prioridad, junto a la unidad temática.
—Pero la cabeza de ese equipo era usted.
—Cuando se discutió cómo conformar el gabinete, cada sector planteó sus fortalezas para determinados lugares. Ahí nosotros teníamos clara nuestra formación en salud. Era nuestra aspiración. Pero siempre la decisión dependía de Orsi.
—¿Cómo es su vínculo con Briozzo, futuro subsecretario?
—Muy bueno. Nos conocemos desde la facultad. Hemos trabajado en temas como salud sexual y reproductiva, primera infancia e iniciativas sanitarias. Cuando él fue subsecretario (del MSP) yo estaba en ASSE, luego pasé a coordinar el programa Uruguay Crece Contigo. Siempre hemos tenido afinidad en ver la salud atravesada por determinantes sociales, con gran desvelo por los temas de inequidad y de desigualdad que atraviesa la sociedad. Los indicadores de salud no están exentos, ¿no? Tenés los casos de sífilis gestacional o congénita. Cuando desagregás los indicadores te das cuenta de que el mayor problema que hoy tenemos son la desigualdades.
—¿Han pensado en nombres para las titularidades de ASSE y la Junta Nacional de Salud (Junasa)?
—No, aún estamos en la etapa de pensar el equipo. La confirmación fue el lunes y recién desde entonces estamos viendo los perfiles con Yamandú, con (el futuro secretario de Presidencia) Alejandro Sánchez, con (el futuro prosecretario) Jorge Díaz, (el asesor) Camilo Cejas, viendo qué perfiles con alta formación técnica y formación política pueden ocupar esos lugares.
—¿La última palabra no sería suya?
—Bueno, siempre las decisiones son en conjunto con quien es el ministro o la ministra. Pero estamos discutiendo así.
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Futura ministra de Salud, Cristina Lustemberg, en su despacho de diputada
Mauricio Zina, AdhocFotos
—¿Qué temas considera más urgentes?
—Los tiempos de espera y la accesibilidad a los medicamentos. El primero es un indicador que guía la calidad en el sistema de salud. También es de los más difíciles de encaminar, no hay una medida sino varias a incorporar para que disminuyan. Hoy es un problema que la gente te manifiesta en todo el país, tanto en el sistema privado como en el público. Estamos viendo con un equipo técnico cuáles serían las medidas a implementar en el corto y mediano plazo y cuáles son más estructurales, esas que tienen que ver con la formación de recursos humanos, con la inequidad de recursos al norte y sur del país. Esa es una prioridad. El acceso a medicamentos es otra. La gente te refiere a dificultades, en ASSE y en los privados. En su primer gobierno, el Frente Amplio puso en marcha el listado de medicamentos y prestaciones, el PIAS (Plan Integral de Atención en Salud) y el FTM (Formulario Terapéutico de Medicamentos), que hoy tiene un gran atraso de incorporaciones de medicamentos y procedimientos. Ese atraso hoy está cifrado en cerca de 300 medicamentos y procedimientos de primera y de segunda línea, que consume el 80% de la población. No estamos hablando de los medicamentos de alto costo. Estamos hablando de procedimientos básicos, como son todas las cirugías laparoscópicas (la única que está hoy incluida es la cirugía laparoscópica de vesícula biliar); como no están incluidas, entonces los prestadores les pueden cobrar a los usuarios cualquier ticket porque no está regulado. Lo mismo pasa con medicamentos como los anticoagulantes, que según el prestador puede salir $ 3.000, $ 5.000, $ 7.000. Tampoco lo está la analgesia del parto. Entonces, para nosotros es una prioridad absoluta tener un equipo de alto nivel técnico en el ministerio, para actualizar el FTM y el PIAS. También queremos crear una agencia reguladora de medicamentos, es un debe que tenemos desde el gobierno anterior; Uruguay es de los pocos países de América Latina que no la tiene. Todo eso está de la mano de fortalecer el rol rector que tiene que tener el MSP.
—Usted había mencionado la necesidad de una segunda reforma del sistema de salud, que fue creado en 2007. También habló de “retrocesos” en este período de gobierno.
—El SNIS tiene que entrar en una segunda etapa. En su momento fue de las mejores y más robustas reformas que se implementaron en el primer gobierno de Frente Amplio, que permitió a Uruguay tener buenos indicadores de salud y transitar la pandemia como la transitó. Recuerden lo que era el sistema de salud antes, fragmentado, con un cierre muy frecuente de instituciones y una gran disparidad en el gasto per cápita entre los usuarios del subsistema público y del privado. En estos cinco años tuvimos retrocesos importantes, con el cierre de Casa de Galicia, ahora estamos con la situación del Casmu, también la de Cudam. Hay que fortalecer el rol de la Junasa, tener información en tiempo real para poder tomar decisiones en tiempo real, no solamente desde lo económico financiero sino también indicadores de calidad. Hemos tenido un retroceso también en las políticas de tabaquismo, en algunas que tienen que ver con el etiquetado, y todo lo que tiene que ver con los alimentos. También se retrocedió al no fortalecer el primer nivel de atención con robustez de médicos con formación familiar y comunitaria, con participación de la Conae (Comisión Nacional Asesora de Enfermería) y la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay. La salud mental es una prioridad muy importante y el país creo que ya lo tiene dimensionado, la pandemia evidenció muchos problemas estructurales y los indicadores de suicidio, intentos de autoeliminación, son la punta del iceberg. El Plan de Salud Mental 2020 a 2027 no se implementó, salvo algunas medidas aisladas. Uruguay hoy invierte el 9,13% del PBI en salud, entonces tenemos que ver qué dificultades hay en el modelo de gestión para mejorar la calidad asistencial.
—En cuestiones más concretas, ¿se piensa reformular el monto de las cápitas? Eso piden las mutualistas, alegando que se mantienen parámetros de 2007, cuando se creó el SNIS.
—La toma de decisiones para las metas asistenciales y las cápitas fueron en base a valores del censo de 2004. Hay mucho para revisar al respecto. No hay una encuesta de factores de riesgo, la última es de 2013. Tenemos el informe de la Coordinadora Nacional de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (Conaiamc) y estamos estudiando cada una de las propuestas y las dificultades que tiene el sector mutual, evaluando sus propuestas. Una de ellas tiene que ver con la composición, estructura y adecuación de las cápitas y de las metas asistenciales. Estamos conformando un equipo para estudiar el tema para poder tomar en su momento las decisiones.
—¿Se piensa incluir en el SNIS al Hospital de Clínicas y a las sanidades Policial y Militar?
—Nosotros queremos fortalecer toda la red de efectores públicos de salud. Ellos reciben un presupuesto desde el Presupuesto nacional no vinculado quizá a la población y salud de los colectivos que asisten. Queremos que esa alta inversión que el país hace esté en el marco de algo bien integrado. Estamos evaluando el rol del Hospital de Clínicas, por ejemplo, en conjunto con su dirección. Este ocupa un rol muy importante no solamente en la formación de recursos humanos sino en el desarrollo de centros de referencia.
—En el caso del Policial y el Militar también se incluyen los problemas de las dobles coberturas, dobles financiaciones.
—Sí, hoy estos serían más de 160.000 usuarios. Eso hay que evaluarlo con mucha seriedad por el impacto que puede tener en las personas. Hay que tomar en cuenta lo económico, pero el impacto final debe ser una mejor calidad de atención.
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Futura ministra de Salud, Cristina Lustemberg, en su despacho de diputada
Mauricio Zina, AdhocFotos
—Ha habido algunos cuestionamientos de la sociedad civil a la ley que despenalizó el aborto. Se pide que se elimine el período de reflexión y que se elimine como delito, por ejemplo. También se cuestiona la posibilidad de acceso efectivo al aborto legal que permite el sistema de salud. ¿Qué opinión tiene?
—Para nosotros los derechos en salud sexual y reproductiva son una prioridad. Briozzo tuvo un rol muy importante en la Ley 18.987. Vamos a evaluar todas las barreras de acceso que estamos viendo, con las inequidades que eso genera. Son decisiones que van a requerir mucho diálogo no solo en lo referido a la salud sexual y reproductiva, sino también en temas de violencia, derechos de salud integral de las mujeres, estrategia de prevención del embarazo en niñas y adolescentes y todas las políticas de diversidad. Es mucha la evidencia de lo que se ha trabajado, desde la sociedad civil, los movimientos feministas, y lo que ha funcionado en nuestros servicios de salud en 12 años de implementada la ley.
—¿Pero está de acuerdo, por ejemplo, en que se amplíe el plazo de despenalización del aborto, hoy en 12 semanas de embarazo?
—En lo personal, sí; pero quiero tener toda la evaluación de quienes tienen toda la información, estudiar y conversar mucho políticamente, porque yo creo que la salud sexual y reproductiva forma parte de un derecho humano innegociable. Realmente creo que es una prioridad que revisemos todo el marco normativo y todo el marco de la política pública para tomar las mejores decisiones en este tema, que ha significado mucho en la reducción de las muertes maternas.
—Hay reflejos de inequidades coyunturales entre los subsectores públicos y privados, como los indicadores de sífilis congénita. Otros son más estructurales, como el acceso a medicamentos y tratamientos. ¿Cómo se revierte?
—El último reporte mundial de la Organización Mundial de la Salud tiene a Uruguay con una tasa de 110,8 casos cada 100.000 nacidos vivos. En el sector privado es de 41,8 y en el público es de 223. En este país tenemos números similares a Canadá y también a otros de países de altísima vulnerabilidad. Este indicador te habla clarísimo, te marca el rumbo sanitario hacia dónde ir y las debilidades que tenemos hoy. Cuando desagregamos cualquier cifra vemos que el gran problema de este país es la desigualdad territorial, de género, intergeneracional y étnico-racial. En este caso puntual, se trata de una enfermedad prevenible que se cura con penicilina, que fue descubierta en 1928. Nosotros, que entendemos la salud como un derecho a ser garantizado por el Estado con altísima calidad, no podemos naturalizar determinadas inequidades que están planteadas con otras determinantes sociales. Para eso hay que tener un abordaje intersectorial, ese es el gran desafío.
—Se menciona como prioritaria la salud mental, ¿cómo se logra mejorar el acceso cuando no hay psiquiatras en el interior del país?
—El tema de la salud mental requiere muchas cosas que tienen que venir con un abordaje sociocomunitario: más licenciados en psicología, más educadores sociales, más licenciados en trabajo social a nivel territorial, más médicos con formación familiar y comunitaria, con licenciados de enfermería que están formados en el área de salud mental. Hay que desplegar todo un conjunto. Hoy te dicen los maestros y los docentes, sobre todo en la educación media, que ya ellos detectan situaciones que requerirían un abordaje, quizás con un licenciado en psicología o con otro técnico que tenga una formación en el área de salud mental, para llegar antes. Cuando la situación es de crisis, ni siquiera ahí se puede conseguir un acceso rápido al psiquiatra.
—Hay temas que les están estallando en la cara aún sin haber asumido. Uno son las dificultades relacionadas a ASSE, con una importante deuda con sus proveedores, y la situación del Casmu.
—Con ASSE hoy hay otro problema, que es la presupuestación en cargos de confianza política de unas 300 personas, para lo que buscamos una explicación ahora en la transición. Eso nos preocupa. Al tema Casmu le hemos hecho seguimiento, tenemos el informe de los interventores, es un elemento de gran preocupación en la transición tanto del equipo económico como de nosotros. Ahora la responsabilidad la tiene el Poder Ejecutivo actual. En las reuniones que tuvimos, la ministra (Karina Rando) ha dicho que esto no ha impactado en la calidad asistencial de los usuarios del Casmu.
—Ese fue uno de los motivos esgrimidos para no desplazar a sus autoridades, ¿qué actitud tendrán ustedes?
—El Poder Ejecutivo actual es el que tiene la responsabilidad actual de tomar las decisiones. La sostenibilidad del SNIS tiene que ver con la viabilidad de las instituciones, y esta es la tercera privada más grande. Esta es una de las cosas que estamos viendo en el marco de la transición con mucha preocupación.
—Como parlamentaria, vio el informe de los interventores, ¿considera que hubo hechos ilícitos?
—No voy a opinar al respecto. Esto fue elevado a Fiscalía.
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Despacho de la diputada Cristina Lustemberg, futura ministra de Salud
Mauricio Zina, AdhocFotos
—Volviendo a temas más políticos, ¿usted cuenta con todo el respaldo del Frente Amplio? La Amplia, de la vicepresidenta electa Carolina Cosse, tenía como referente de salud a Daniel Borbonet.
—Creo que para ser miembro del gabinete hay que tener el respaldo de toda la fuerza política. No siento que me falte algún respaldo. Quizá hubo alguna otra propuesta como pudo haberla en otros cargos. Al gabinete se llegó por consenso. Yo soy senadora electa y soy una de las pocas mujeres que lidera un espacio político.
—Usted ya estuvo en el MSP, fue subsecretaria en el segundo gobierno de Vázquez y se fue antes de terminar el período por cierta frustración por no lograr los cambios que aspiraba. Ahora vuelve como la cabeza del ministerio, ¿eso le permitirá darle la impronta que en su momento creyó que debería tener?
—Hoy tengo el respaldo del presidente electo para otra función, que es la conducción de la salud. Son coyunturas políticas diferentes y en un lugar diferente. Hoy tengo el respaldo de ser senadora electa, en ese momento yo era subsecretaria, había quedado independiente, y también sentí que quizás cuando uno está en determinados lugares y siente que no puede llevar adelante cosas que tienen que ver con reformas estructurales y profundas tenía que dar un paso al costado. En segundo lugar, para mí siempre es importante estar en lugares donde me sienta que estoy haciendo lo máximo, con el máximo apoyo, por cambiar la vida y las condiciones de la gente. Me interesa cumplir lo que está en el programa del Frente Amplio, conversar con la oposición y tener espacios con técnicos y políticos, que aunque no formen parte del gobierno puedan hacer aportes a tener un mejor SNIS. Estoy en condiciones diferentes por el rol que voy a tener. Otra cosa que me interesa priorizar es la investigación, trabajar muy cerca con la Academia Nacional de Ciencias y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Voy apoyada por el futuro presidente, la vicepresidenta, la fuerza política. No es un área en la que no tenga conocimiento. Y siempre tengo la posibilidad de volver al ámbito legislativo o tomar otra decisión. A la que no se puede fallar es a la gente.
