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Los registros históricos muestran que la conflictividad laboral suele moderarse en los últimos años de gestión de cada período de gobierno, que son a su vez años de elecciones nacionales. El 2024 no fue la excepción a esa tendencia y tuvo una marcada disminución de medidas sindicales con interrupción de actividades en relación, sobre todo, con los dos años anteriores.
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Sin embargo, más allá de ese descenso, fue un año de un elevado nivel de paros si se lo compara con otros años electorales. De hecho, de acuerdo al informe anual del Instituto de Relaciones Laborales de la Universidad Católica del Uruguay, a cuyo adelanto accedió Búsqueda, el último año de gestión de Luis Lacalle Pou fue el de mayor índice de conflictividad global si se lo contrasta con los últimos años de gestión de los cuatro gobiernos anteriores.
El índice de conflictividad global del 2024 fue de 45,4. El descenso fue significativo respecto a 2023, con un índice de 81,6, y a 2022, de 76,1. A su vez, la cifra fue algo mayor a las de los dos primeros años de la gestión (34,3 en 2020 y 40,1 en 2021), muy condicionados por los efectos de la pandemia.
En la comparación con otros años electorales, el año 2019 (último del segundo período presidencial de Tabaré Vázquez) es el que, con un índice de 41,5, se acerca más al registro de 2024. Los otros tres años electorales (2004, 2009, 2014) tuvieron índices similares de conflictividad por debajo de 35.
Así como el 2024 es el mayor registro de conflictividad en un año electoral en los últimos períodos de gobierno, el índice de 2023 había sido el más alto de los últimos 20 años.
Al contextualizar el comportamiento de la conflictividad de acuerdo al perfil del gobierno, el informe de la Universidad Católica recuerda que en 2005, “cuando gobernó por primera vez un partido de izquierda con mayor afinidad con el movimiento sindical”, se observó una conflictividad laboral muy baja. Esa conducta se fue modificando en los períodos siguientes. De hecho, el segundo período de Vázquez tuvo registros elevados de paros.
De acuerdo al análisis, a partir del programa de gobierno de la coalición, que tenía “muchos aspectos rechazados por el movimiento sindical”, el 2020 se preveía como un año en que los paros podrían “aumentar sistemáticamente”. El efecto de la pandemia, sin embargo, condujo a otra realidad: a una de coflictivdad muy baja ese año en la que el índice llegó a dar 0 en el mes de abril, por primera vez desde que se calcula.
Ante el regreso al poder de la coalición de izquierda, el informe deja abierta una pregunta: “¿La conflictividad en un nuevo gobierno del Frente Amplio se comportará como en el primer año de gobierno de Tabaré Vázquez en 2005 —con baja conflictividad— o como el segundo en 2015 —con alta conflictividad—?”.
“Este resultado político-electoral no se explica haciendo abstracción de la lucha del movimiento obrero. Nosotros organizamos un proceso de lucha en defensa de los derechos del pueblo trabajador y contrario al modelo de la desigualdad. De pique, para poner un ejemplo, en Uruguay, a pesar de la pandemia en el año 2020, se desplegó el 1º de Mayo más grande del planeta con una caravana masiva. Y hubo múltiples acciones: nuestra campaña contra la Ley de Urgente Consideración (LUC), el Congreso del Pueblo, las acciones para acelerar la recuperación salarial por encima de los criterios del Poder Ejecutivo en la negociación colectiva desde el 2021, nuestras acciones contrarias a lo que luego fue la Ley 20.130 y el plebiscito de la seguridad social… Es decir, hubo permanentemente un nivel de iniciativa del movimiento sindical”, detalló.
Consultada sobre las perspectivas para el próximo período, Eloísa González, directora del Departamento de Estudios Organizacionales de la Universidad Católica, dijo a Búsqueda que el triunfo del Frente Amplio y la designación del ministro y el subsecretario de Trabajo, Juan Castillo y Hugo Barreto, generaron “muchas expectativas” en el movimiento sindical. Apuntó que esa mirada optimista se traduce en pretensiones de conquistas en cuestiones como la reducción de la jornada laboral, la ronda de negociación salarial y otras discusiones.
“La inmediatez con la que se pretenda trabajar algunos temas puede incidir en la conflictividad”, dijo.
Comportamiento de la conflictividad laboral en el 2024
“Entre el 1º de enero y el 20 de diciembre de 2024 se registraron 107 conflictos con interrupción de actividades incluidos dos paros generales, por los que se perdieron 902.606,8 jornadas laborables y en los que se involucraron 974.387 trabajadoras y trabajadores”, detalla el informe anual de la Universidad Católica.
La causa que concentró la mayor cantidad de jornadas perdidas fueron los reclamos por “condiciones de trabajo”, que representaron el 54% de los conflictos. Entre ellos se destacan ocho paros en el sector de la construcción como consecuencia de fallecimientos de trabajadores.
La categoría “otros”, por su parte, abarcó el 27% de la conflictividad, con un paro de la educación en oposición a la reforma educativa como uno de los puntos destacados. Las “reivindicaciones salariales”, con un 13%, y “empleo” y “reconocimiento sindical”, con un 3% cada una, completan la lista de causas de medidas con interrupción de actividad.
Al analizar la conflictividad por sectores, el informe refleja que la construcción (38%), la educación (28%) y la industria (15%) fueron los que llevaron a cabo más paros.
La violencia ocupacional externa es aquella que surge de la interacción del trabajador con individuos ajenos a la organización para la que trabaja. La incidencia creciente de este fenómeno como desencadenante de conflictos laborales llevó a que por primera vez la Universidad Católica dedicara un capítulo a detallar su comportamiento en el informe del primer semestre de este año.
En el año 2024, este fenómeno tuvo una disminución. Hubo un total de 27 conflictos con interrupción de actividades por violencia ocupacional externa, lo que ocasionó la pérdida de 92.644 jornadas laborales. El mes con mayor impacto fue setiembre, con 35.260 jornadas perdidas. El segundo semestre del año fue significativamente más conflictivo por esta causa que el primero, en el que que se habían registrado nueve paros con pérdida de 10.382 jornadas.
