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El gobierno aceptó el aval que faltaba para que la Armada Nacional compre los barcos OPV a Cardama
El Ministerio de Defensa pidió al astillero español Cardama que envíe la documentación original de la garantía de U$S 4,1 millones para librar el pago de los nuevos buques de la Armada Nacional
La Armada Nacional se apresta a cerrar la compra de dos buques nuevos que serán construidos en la ciudad de Vigo, España
El Poder Ejecutivo aceptó horas atrás el último aval necesario para cerrar el contrato con el astillero español Cardama para la construcción de dos patrullas oceánicas para la Armada Nacional. Se trata de una compra que se demoró más de lo previsto y con la cual Uruguay pretende tener la flota necesaria para proteger sus aguas territoriales.
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El contrato se firmó en diciembre por un monto de 82 millones de euros a cambio de dos buques. Sin embargo su ejecución está condicionada a la entrega de dos garantías por parte de la empresa española. La primera, de U$S 8 millones, fue aceptada por el ministerio en agosto. La segunda, por U$S 4,1 millones, fue aprobada esta semana; se trata de un aval que será emitido por una entidad financiera británica con sede en Londres, según informaron fuentes gubernamentales a Búsqueda.
El presidente del astillero, Mario Cardama, viajó con frecuencia desde España a Montevideo para intentar cerrar el aval con instituciones locales, entre ellas Abitab. Tras la negativa de Abitab y de otras empresas locales y extranjeras, el 6 de septiembre Mario Cardama presentó oficialmente al Ministerio de Defensa dos alternativas de instituciones europeas para cubrir el aval restante de U$S 4,1 millones y así poder cerrar definitivamente el acuerdo.
Desde entonces ambas partes intercambiaron información a diario respecto a una de las dos posibilidades. El viernes el ministerio, asesorado por el estudio Delpiazzo Abogados, dio el visto bueno a una de las garantías y envió la propuesta al presidente Luis Lacalle Pou para su revisión y confirmación. Tras la ratificación del presidente, el ministro de Defensa, Armando Castaingdebat, envió ayer martes un mail a Cardama para solicitarle la garantía original emitida por la entidad financiera británica. Una vez que sea recibida, el gobierno librará la orden de pago para que el astillero inicie la construcción de ambos buques.
La garantía aceptada anteriormente, de U$S 8 millones, será emitida por una empresa de seguros estadounidense y corresponde al reembolso por el 100% del pago del primer anticipo de los dos buques.
¿Por qué son importantes las OPV para la Armada Nacional?
El alicaído estado de la flota de la Armada Nacional es particularmente notorio en la falta de equipamiento para controlar su Zona Económica Exclusiva. Aunque el reclamo por barcos nuevos viene de décadas, la falta de presupuesto y las diferencias de opinión dentro de la propia Armada lo estiraron en el tiempo. La compra logró consolidarse en el actual período de gobierno, aunque el proceso fue más largo de lo previsto y generó controversias políticas, renuncias en la institución, tensiones con otros países y reclamos de astilleros.
Las OPV son definidas militarmente como plataformas multipropósito que ofrecen flexibilidad para diversas misiones de control de aguas jurisdiccionales: fiscalización de actividades pesqueras, lucha contra el narcotráfico y contrabando, interdicción marítima, misiones de búsqueda y rescate, monitoreo de contaminación, y participación en ejercicios y operaciones multinacionales.
"Este es el cumplimiento de un compromiso que había hecho la coalición de gobierno en el sentido de modernizar a la Armada Nacional y terminar con un proceso de deterioro crítico de sus buques. Con esto se pone fin a un proceso de más de veinte años y de frustraciones en el intento de adquirir los patrulleros oceánicos indispensables para la misión de la Armada y que todo el sistema político reclama desde entonces", dijo el entonces ministro de Defensa, Javier García, en diciembre cuando se firmó el contrato con Cardama.
La decisión de contratar a Cardama fue cuestionada por algunos integrantes de la Armada que alertaron por la falta de experiencia del astillero español en la producción de barcos militares. Se trata de una empresa centrada en Vigo y referente en el segmento de los pesqueros, remolcadores y buques multipropósito destinados a extinción de incendios, salvamento marítimo y recogida de residuos, entre otras tareas. "El contrato supone una grandísima noticia para nuestra empresa y para todo el sector naval español", valoró el astillero en un comunicado de prensa publicado en diciembre.
Los barcos previstos para Uruguay tienen un desplazamiento de 1700 toneladas, una eslora de 87 metros, más de 12 metros de manga, un caldo de 3 metros y medio, plataforma para helicóptero, hangar, 7700 millas de autonomía y una velocidad máxima de 23 nudos. En cuanto a armamento, la proa tiene un cañón de 30 milímetros y dos ametralladoras en las bandas de 12.7 milímetros.
