En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
El Ministerio de Defensa espera culminar pronto los trámites para empezar a construir sus buques más controvertidos
Cardama, el astillero que fabricará los buques, aguarda la aprobación de un banco internacional para enviar las garantías pendientes; la compra generó resistencias en la Armada
El Ministerio de Defensa y la Armada esperan novedades sobre Cardama para la próxima semana
Autor
Javier Calvelo/adhocFOTOS
Armando Castaingdebat, ministro de Defensa, y Jorge Wilson, comandante en jefe de la Armada.
El Ministerio de Defensa aguarda para la próxima semana las garantías por parte del astillero español Cardama para comenzar la construcción de dos patrullas oceánicas (OPV), buques que eran prioridad para la Armada Nacional y que se adquirieron tras un largo y polémico proceso.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El pasado diciembre, las autoridades de Defensa Nacional y Cardama, un astillero español, firmaron en Montevideo el contrato para la compra de ambos buques por un valor de 82.372.000 euros. En la firma se estableció que el plazo de entrega de los barcos sea de 18 meses para el primero y, desde esa entrega, 12 meses más para el segundo. Esas fechas comenzarán a regir a partir de la entrada en vigor del contrato, que todavía no corre porque Cardama debe completar ciertos requisitos.
En concreto, el astillero español está obligado a presentar una garantía de reembolso y otra garantía para el cumplimiento del contrato. Según el plazo perentorio que se estableció en el contrato, ambas garantías ya tendrían que estar entregadas, pero en dos ocasiones Uruguay extendió esos límites a pedido de Cardama.
El artículo 11 del contrato señala que, como condición para entrar en vigor, Cardama debe presentar una garantía de reembolso por el 100% del pago del primer anticipo de los dos buques que haga Uruguay. Por su parte, el artículo 27 indica que también es obligación para el astillero presentar una garantía de fiel cumplimiento por el importe del 5% del total del contrato.
Embed
«El Ministerio de Defensa aceptó las garantías presentadas por Francisco Cardama S.A., se está a la espera de recibir los originales para poder seguir con el proceso de compra de las OPV», informó el ministro de Defensa Nacional, @ACastaingdebatpic.twitter.com/61eYIfWezQ
El 13 de mayo, el ministro de Defensa, Armando Castaingdebat, informó que el gobierno había aceptado ambas garantías y se había iniciado el proceso de recepción de la documentación definitiva sobre su emisión. “Quiere decir que pedimos el original de lo que nos han mandado, que estaría llegando esta semana”, dijo ante la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Senadores. “Entendimos que las garantías eran suficientes para salvaguardar al Estado uruguayo. Inmediatamente después de que esté la documentación original, se procederá a la liberación de fondos y al proceso de construcción de los buques”, añadió luego en conferencia de prensa.
Un mes después de aquellas declaraciones de Castaingdebat, el Ministerio de Defensa y la Armada aún esperan por las garantías. Fuentes oficiales señalaron a Búsqueda que el proceso se demoró ya que el banco que otorgará las garantías aún realiza la diligencia debida para identificar y evaluar los riesgos potenciales asociados a su acuerdo con Cardama, una investigación común en este tipo de situaciones y que, según las fuentes, lleva entre seis y ocho semanas. En el Ministerio de Defensa consideran que el proceso de diligencia debida culminará pronto y que las garantías originales pueden estar ya listas la semana próxima.
En su momento, el astillero español analizó e inició gestiones para obtener las garantías a través del Banco de Seguros del Estado (BSE) y de Pymar S.A., una administradora española que representa a organismos de gobierno, entidades financieras y astilleros privados. Ambas posibilidades fueron descartadas y alcanzó un acuerdo con un banco internacional con presencia en Uruguay.
Una compra dificultosa para el Ministerio de Defensa
La renovación del equipamiento de la Armada fue una prioridad del gobierno durante este período. Desde 2020 el Ministerio de Defensa cerró la adquisición de cuatro lanchas, un barco de búsqueda y rescate, y otro científico. Las compras más celebradas por la Armada, sin embargo, fueron las dos OPV, consideradas la necesidad más fundamental, ya que permiten actuar contra la pesca ilegal, la piratería, el narcotráfico, los accidentes ambientales y otros hechos que ocurren en aguas soberanas uruguayas y sobre las cuales la Armada perdió control desde que dio de baja por mal estado a buques como la fragata ROU 02 Comandante Pedro Campbell.
Embed
La adquisición de estas dos patrullas oceánicas fue dificultosa. El Poder Ejecutivo intentó una compra directa y recibió ofertas de la holandesa Damen, la francesa Kership y la estatal China Shipbuilding Trading Company. Aunque técnicamente la Armada valoró como la más apta a la propuesta del fabricante chino, el Ministerio de Defensa declaró el llamado desierto en virtud de que las ofertas recibidas, de entre US$ 160 a US$ 200 millones, superaron significativamente el monto que se tenía previsto invertir.
Tras esta primera cancelación, el gobierno negoció comprar buques usados a Noruega con la intermediación de Estados Unidos. Esta operación también se desechó, por lo cual la Armada terminó estudiando propuestas que llegaron de Cardama, la también española Gondán, Kership (Francia), Hyundai (Corea del Sur) y Cotecmar (Colombia).
En noviembre, la web especializada Portal Marítimo informó que Cardama se encontraba con “riesgo de quiebra empresarial alto” según una auditoría a cargo de la consultora estadounidense Dun & Bradstreet.
Desde que en julio el gobierno de Uruguay confirmó que iba a adjudicar a Cardama las dos patrullas oceánicas, la empresa se mantuvo en silencio. “Desde Astilleros Cardama, nos complace anunciar la firma de un importante contrato para la construcción de dos patrulleras de altura tipo OPV por un importe total de 82.37 millones de euros. Los buques, cuyas dimensiones principales son 86.75 metros de eslora y 12.2 metros de manga, serán entregados a la Armada Nacional Uruguaya que los utilizará para el cuidado de la soberanía de los recurso naturales del país”, fue el único comunicado emitido por el astillero, en diciembre.
Basado en la ciudad de Vigo, Astilleros Cardama fue fundado en 1916 y en sus inicios se dedicó a la construcción y reparación de buques de madera. Luego comenzó a varar y reparar buques de acero, fundamentalmente de pesca. En la actualidad, se dedica a la construcción de buques —aunque no OPV— con entregas a países como España, Angola, Ecuador, Islandia, Reino Unido, Venezuela, entre otros.
Javier García, quien hasta el 1º de marzo estuvo al frente de Defensa, argumentó públicamente en repetidas ocasiones a favor de Cardama, al explicar que el precio, el prestigio de la constructora, las prestaciones de los buques y el hecho de que no sean usados (cero millas) fueron condiciones relevantes para la resolución del gobierno. “Este proceso comenzó el 25 de agosto de 2004. Veinte años. ¿Por qué los buques no se compraron antes, cuando estábamos en la oposición? Porque el poder económico fue más fuerte que el poder político. El poder y los lobbies empresariales fueron más poderosos que el poder político. El gobierno del Frente Amplio de la época terminó en una ecuación de suma cero. Iban múltiples delegaciones a astilleros y cada uno venía convencido de que el que visitaba, muchas veces, era el más indicado por razones técnicas, pero resulta que al final eran todos adecuados y no se decidían”, dijo en febrero en el Parlamento.
En junio, un mes antes de que se anunciara la decisión de contratar a Cardama, García recibió una nota del embajador español en Montevideo, Santiago Jiménez Martín, en donde cataloga al astillero español como “fiable y conocido” y menciona que trabajó para los ministerios de Defensa y de Interior de España.
En diciembre, a la firma del contrato asistieron García, Jiménez Martín, Wilson, el presidente de Cardama, Mario Cardama, y José Delpiazzo, director del estudio jurídico Delpiazzo. Ese estudio fue especialmente contratado por el ministerio para revisar y sugerir recomendaciones al contrato. También aprobó las garantías ofrecidas por el astillero.
