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En una de las primeras medidas desde que inició el período de gobierno, el Ministerio del Interior elaboró un diagnóstico sobre el uso de las motos en Uruguay para cometer delitos y las acciones a tomar para mitigar el problema. Una de las soluciones planteadas es instaurar un sistema de matrícula electrónica que simplifique la trazabilidad de los vehículos.
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Aunque aún no está definida la modalidad de ese sistema, en términos generales suele tratarse de un chip o tag que contiene la información de identificación única del vehículo, que puede ser leída por dispositivos especiales incluso si la matrícula ha sido alterada. Una de las tecnologías que se utiliza es la etiqueta RFID (Radio Frequency Identification, por sus siglas en inglés), que trabaja con ondas de radio para transmitir y recibir datos. Se trata de un pequeño dispositivo electrónico que contiene información almacenada y puede ser leído sin necesidad de contacto directo.
En diciembre, Perú, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, oficializó nuevas disposiciones para las matrículas de vehículos menores motorizados, como motocicletas y mototaxis. Estas nuevas matrículas consisten de un dispositivo electrónico integrado a una calcomanía, diseñado para leerse de manera remota y para autodestruirse en caso de manipulación.
Información-Reunión Unasev-Ministerio del Interior.jpeg
Carlos Negro durante una reunión con autoridades policiales para discutir el control sobre las motos
Ministerio del Interior
En Uruguay una posibilidad de este tipo ya se discutió durante la pasada administración por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el Congreso de Intendentes, que analizaron establecer en todos los automóviles empadronados en el país la obligatoriedad del tag del Sistema Único de Cobros de Ingresos Vehiculares (Sucive), que hoy se emplea para habilitar el pasaje en los telepeajes. La intención era que el tag funcionara como la verdadera matrícula del vehículo, al contener los datos de marca, modelo, año de fabricación, número de padrón y propietario, entre otros.
Mientras esa medida quedó en estudiarse, en octubre el Ministerio del Interior instaló un nuevo pórtico de lectura de matrículas de autos: se trata de dos cámaras LPR que captan las placas delantera y trasera de los automóviles pero que también obtienen otra información del vehículo al leer el tag del Sucive. El nuevo pórtico se ejecuta con un software de analítica facultado para determinar en tiempo real si la matrícula leída corresponde al vehículo que circula o está clonada.
El trabajo con Unasev
De acuerdo al Observatorio Nacional de Violencia y Criminalidad, en 2024 robaron en Uruguay 9.270 motos, con distancia el vehículo más hurtado por encima de los 3.441 autos. Además de usarse para revender enteras o en partes, las motos hurtadas se emplean para cometer rapiñas y homicidios. El reporte de homicidios del Observatorio Nacional de Violencia y Criminalidad señaló que la mayoría de los asesinatos ocurridos en el país (30,6%) fueron consumados por motivo o circunstancia precipitante. Fueron en total 116. Según el Observatorio, los homicidios ejecutados bajo esta circunstancia son sobre los que se desconoce la posible relación entre el agresor y la víctima, pero se sabe que fueron planeados para acabar con la vida de la víctima. “Por ejemplo, este es el caso cuando el perpetrador sabía dónde estaba la víctima y se dirige, encapuchado o en moto a matarla, o cuando los agresores van a matar a la víctima a su propia casa, preguntando previamente por ella”.
Apenas asumió como ministro del Interior el 1° de marzo, Carlos Negro ordenó que en distintos departamentos del país se realicen operativos policiales diarios de identificación de personas y vehículos, especialmente de motos. En los próximos días el Ministerio del Interior presentará un diagnóstico nacional del tema al Congreso de Intendentes. Negro ya mantuvo el 12 de marzo una reunión con autoridades de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) y de las intendencias de Montevideo y Canelones. El objetivo fue coordinar que los controles a motocicletas sean sistemáticos, al entender que muchas circulan sin matrícula -o con matrículas falsas- y son utilizadas para cometer delitos.
“De la evaluación de los operativos encontramos datos que nos dan información y con esto queremos trabajar con la Unasev. Tenemos vehículos donde falta el seguro, donde no están empadronados, donde la chapa está dañada, donde no coincide el vehículo con el conductor. Toda esta información para nosotros es importante trabajarla”, dijo en rueda de prensa, tras el encuentro, la subsecretaria Gabriela Valverde. “Quizás a futuro estamos pensando en un proyecto de ley para abordar estas cuestiones. Queremos afinar los controles y la fiscalización tanto del Ministerio del Interior como de los gobiernos locales”, añadió.
Uno de los participantes en la reunión fue Marcelo Metediera, presidente de Unasev y director general de Tránsito y Transporte de la Intendencia de Canelones entre 2013 y 2023. En la charla con los jerarcas de Interior, Metediera enfatizó una posición que ya había manifestado el día de su asunción en Unasev. "Hoy las motos son un problema por la alteración del orden público y porque generan mucha inseguridad pública. Son los vehículos generados para cometer ilícitos. Vamos a trabajar muy fuertemente para una fiscalización y una sanción mucho más rigurosa. No pueden más las motos andar sin matrícula, o con las matrículas abajo del guardabarros, o dobladas. La matrícula es un elemento de seguridad", había dicho el 11 de marzo en rueda de prensa.
Sus declaraciones desembocaron en una amenaza. "Ojo, Marcelo Metediera, director de la Unasev, con joder y meterse con las motos porque te puede costar la vida, muchacho. Yo diría que aflojes un poco, o en cuestión de horas te vas a ir a visitar el cementerio. Con las motos no se jode. El mensaje está dado: o la cortan con las motos o acá a ustedes se les va a complicar", escribió una persona en Facebook, según informó radio Sarandí. Esta semana la Justicia condenó al culpable, un hombre de 57 años, a tres meses de libertad a prueba por el delito de violencia privada agravada.
