El Poder Judicial inició otro sumario a una directora por acoso laboral luego de recibir denuncias

Los funcionarios plantean que el clima laboral de la oficina “se deterioró drásticamente” tras una investigación administrativa que dispuso la Corte en los primeros meses de 2024, luego de recibir una denuncia anónima contra la directora, que se terminó archivando. En medio de ese proceso, aseguran, la directora manifestó que era la única víctima de acoso por parte de la Corporación y de la Dirección General de Servicios Administrativos, que tenían como objetivo nombrar a otra persona en su lugar, y amenazó con realizar una denuncia por calumnias e injurias en la Fiscalía. “En varias ocasiones se nos acusó de ser los monos voladores de la Corte”, dice el documento.

En declaraciones a Búsqueda, Collazo aseguró que las denuncias que se presentaron el año pasado por acoso laboral en su contra son “represalias” por el juicio a la Corte en el TCA. Contrario a lo que fue denunciado, ella asegura que existe un “acoso ascendente” de parte de sus subordinados. Por esta razón, el 17 de febrero presentó una denuncia en la División de Recursos Humanos del Poder Judicial.

Discusiones, gritos y descalificaciones

Entre los episodios “más graves” que relatan los abogados que presentaron el escrito a la Corte a fines del año pasado, hacen referencia a dos discusiones fuertes que llevaron a un funcionario a solicitar su traslado de oficina “para proteger su salud mental y emocional”. A su vez, dicen que el 8 de noviembre realizó una citación en la sala de reuniones a los trabajadores del Servicio de Abogacía, donde, “en un tono destemplado e intimidante”, los inquirió acerca de qué problema tenían con ella y dijo que “era evidente el complot que había en su contra”. Luego les planteó que había solicitado el traslado de toda la oficina, porque “ella era la directora y no se pensaba ir” y les transmitió que había “perdido toda la confianza en todos los funcionarios”.

En ese momento, una segunda funcionaria solicitó a Recursos Humanos su traslado inmediato.

Los días siguientes, según relatan, “la situación se tornó aún más tensa” y el 12 de noviembre se dio otra situación de “extrema violencia” con una abogada, que derivó en que fuera certificada por su psiquiatra. La directora la reprendió por no haberla llamado directamente —algo que aseguran le había prohibido días anteriores— y le gritó, “cada vez más alterada” cuando la funcionaria quiso terminar la conversación y se dispuso a trabajar en su escritorio. “Le gritó en términos y actitud desafiante, totalmente destemplada, agresiva y violenta, e invadiendo su espacio personal, lesionando los derechos fundamentales y dignidad de la funcionaria”, dice el escrito.

Los funcionarios aseguran que se les hace cada día más difícil cumplir adecuadamente su función porque deben tratar de evitar que la más mínima diferencia de criterio sea interpretada por la directora como un ataque personal o un desafío a su autoridad. “Las simples discrepancias de criterios o defensas jurídicas que antes nutrían de conocimiento y resultaban positivas, en la actualidad implican un casi seguro enfrentamiento”, agrega el documento.

Los abogados plantean que la mayoría sufrió un “desgaste emocional enorme” y una “sensación de intranquilidad permanente”, que excede el ámbito laboral: vieron resentida su salud física y mental y por esa razón debieron comenzar terapia y tratamiento psicológico. Para demostrarlo, adjuntaron en el escrito que presentaron a la Corte los certificados de los profesionales médicos, por “dificultades del sueño, sentimientos de agobio, estrés crónico y pérdida de confianza” en sus capacidades.

Collazo, por su parte, consideró que “ahora el complot está probado” porque lo que dijeron los abogados es mentira, y que sus declaraciones incluyen mentiras y tergiversaciones de la realidad. “Jamás consiguieron una prueba”, aseguró. Para ella, se trata de un caso de “acoso complejo” o “acoso estratégico”, que involucra a la Corte y también a los denunciantes.

No se tomaron medidas

El planteo en el Servicio de Abogacía se suma a otras denuncias por acoso laboral en el Poder Judicial, de menor entidad, y al caso que terminó a finales de febrero con la condena en la Justicia de la exdirectora de la Dirección General de Servicios Administrativos y un actuario adjunto. El acoso y la violencia laboral en esa oficina fueron denunciados por los funcionarios luego del suicidio de un trabajador, y fue en ese marco que la Asociación de Magistrados del Uruguay planteó la necesidad de crear una oficina de salud laboral, para prevenir ese tipo de situaciones.

Sin embargo, el secretario general de la Asociación de Funcionarios Judiciales de Uruguay, Pablo Elizalde, aseguró a Búsqueda que “no se han tomado acciones” frente a los casos de acoso y violencia laboral, porque “están los cargos para crear la oficina, pero no se hicieron llamados”.

“Hay desbordes de autoridades en todos lados” y “no hay una política férrea para desestimular, porque no hay talleres, la Corte no emite opinión y tampoco ha hecho cambios sustanciales”, agregó Elizalde. Para el representante gremial, “hay una sobrecarga laboral importante que el organismo no está sabiendo atender, y ese es un desencadenante de tensiones que pueden generar desbordes de autoridad”.