Entre los casos estuvieron la condena judicial al exjefe de la custodia presidencial Alejandro Astesiano, y a seis personas vinculadas al caso del exsenador Gustavo Penadés, que reconocieron formar parte de una “trama” para “salvar” al exsenador del Partido Nacional. Cinco de ellos alcanzaron acuerdos abreviados con la Fiscalía en diciembre del año pasado y el exdirector del Comcar, Carlos Taroco, fue condenado en marzo de este año tras reconocer que era la cabeza de un equipo parapolicial que investigó a víctimas que denunciaron a Penadés.
El cohecho calificado, según el Código Penal, es cometido por los funcionarios públicos cuando retrasan u omiten un acto que deberían hacer, o cuando hacen algo que va en contra de sus obligaciones. A cambio, reciben dinero u otros beneficios, ya sea para ellos mismos o para alguien más. Este es uno de los nuevos delitos que la Justicia imputó este lunes 23 a Penadés.
En el mismo período, la Justicia condenó a 201 personas por delitos de lavado de activos. Según especificó el Ministerio Público, se consideraron los delitos de asistencia a las actividades precedentes, “conversión y transferencia” de activos generados por actividades delictivas, y “posesión o tenencia de activos para el lavado”. Los departamentos con mayor cantidad de imputaciones fueron Cerro Largo (50), Salto (42) y Canelones (24).
En 2022, las personas condenadas por lavado de activos y corrupción —que en el visualizador de datos la Fiscalía los agrupa por ser delitos íntimamente relacionados— fueron 328, un 31% más que en el año y medio considerado, y más del doble que las 156 condenadas por estos delitos en 2023. En tanto, en 2021, fueron 221, una cifra también superior.
Propuestas de los partidos políticos
Con la mirada puesta en el próximo gobierno, los programas de los principales partidos con representación parlamentaria, que se encuentran publicados en la página web de cada uno, incluyen propuestas para enfrentar estos delitos. Las iniciativas vinculadas al lavado de activos son bastantes más que las de corrupción.
Los blancos proponen la creación de un Grupo Especial Conjunto Contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico que, según explica el documento, estaría integrado por funcionarios de todas las dependencias estatales con vinculación en las investigaciones, “adaptando el Modelo Antimafia multifuerzas que es utilizado por Italia”. Ese trabajo coordinado, con técnicos y profesionales estables, permitiría la “acumulación y procesamiento de información que mejore la capacidad de inteligencia preventiva y respuesta represiva en la persecución del crimen organizado, el narcotráfico y el lavado de activos”, indica el documento.
Otra medida que plantean es unificar los cometidos de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) y de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), además de una “centralización” del manejo de información. Sobre las investigaciones que se llevan adelante, proponen implementar la figura del “agente encubierto financiero” para facilitar las indagatorias financieras y contables, así como la “actualización de normas penales y procesales” que impactan contra el crimen organizado y el narcotráfico, ambos precedentes del blanqueo de capitales.
“Potenciar” a la junta anticorrupción
El Frente Amplio, en sus bases programáticas y entre sus prioridades, define al lavado como un “verdadero problema” de seguridad que “favorece” el avance de la delincuencia organizada, y, por ende, el incremento de la criminalidad y de la inseguridad. Esto, señalan, atenta contra el “desarrollo sano” de la economía, constituye un “lastre” para el desarrollo productivo, “además de entrañar un riesgo reputacional para el país”.
Entre las acciones prioritarias para enfrentarlo plantean “potenciar el sistema de contralor” vinculado a la lucha contra la corrupción y el lavado, buscar mecanismos para reducir los topes de transacciones bancarias, desestimular las transacciones en efectivo y mejorar el contralor y la mayor coordinación posible entre los organismos involucrados, como la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), la Senaclaft y la UIAF. En ese sentido, proponen “potenciar” a la junta anticorrupción como “máximo órgano” en la materia, al darle mayor autonomía y un “presupuesto acorde”.
Para la coalición de izquierda, el “fortalecimiento” debe darse en el marco de un “sistema integral” que comprenda a otros órganos del Estado, como el Tribunal de Cuentas, la Auditoría Interna de la Nación y la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. “Es en ese contexto que deberá definirse su posición institucional, asignación de recursos, criterios de designación de integrantes y competencias, con especial atención a la reglamentación de las potestades de sanción previstas”, agrega el documento.
Una de las posibilidades es que las políticas anticorrupción comiencen a tomarse a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que los tres partidos políticos coinciden en que debe crearse en la próxima legislatura. Tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado proponen que la vinculación con el Poder Ejecutivo de la Jutep y la Fiscalía sea a través del Ministerio de Justicia, pero difieren sobre la Senaclaft. Mientras que los blancos consideran que debería estar en el Ministerio de Justicia, los colorados proponen que sea un servicio descentralizado que se vincule con el Poder Ejecutivo a través de dicha cartera. Los tres partidos consideran que deben fortalecerse estos organismos.
Lavado: una “prioridad de primer orden”
“Transformaremos la prevención del lavado de activos en una prioridad de primer orden”, señala el Partido Colorado, que dentro de las medidas propone que los candidatos a directores de la Jutep propuestos por el Poder Ejecutivo “deban cumplir con requisitos de formación y trayectoria específicos”.
También plantea “jerarquizar” la fiscalía especializada y crear la Dirección General de Lucha contra el Lavado de Activos en la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional.
Sobre la formación de los policías que trabajan como auxiliares de la Fiscalía en las indagatorias penales, el Partido Nacional impulsa el desarrollo de un Instituto Educativo Especializado en Investigaciones, que tenga “especial énfasis” en la capacitación sobre el crimen organizado, el lavado de activos, el enriquecimiento ilícito, además de los delitos vinculados al narcotráfico y los homicidios. En tanto, el Partido Colorado propone un programa de capacitación específico y permanente sobre investigaciones financieras y fortalecer el vínculo con organismos internacionales como Interpol y la DEA.
“Uruguay debe seguir protegiendo su sistema financiero de prácticas ilegales que facilitan el lavado de activos, con las consecuencias indeseadas sobre la reputación del país que esto tiene”, señala el programa colorado, que hace referencia a la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que se publicó en 2023 y detectó “vulnerabilidades” en los organismos públicos dedicados al combate.
Entre las iniciativas propone realizar una Auditoría Nacional de Seguridad, como “punto de partida” para la creación de la primera Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado, que, entre otros delitos, como el narcotráfico, se extienda a la corrupción y el lavado.
Nuevos delitos de corrupción
El programa del Partido Colorado incluye la propuesta de impulsar una actualización de la normativa anticorrupción con la aprobación de tres leyes: una de enriquecimiento ilícito (que finalmente el Parlamento la aprobó antes del cierre de la legislatura), otra sobre la “figura del arrepentido” que “incentive el rompimiento de redes de corrupción” y otra de extinción de dominio, para trasladar al Estado los bienes adquiridos a través de operaciones ilegales.
También sugiere crear “nuevas figuras delictivas” relacionadas con la corrupción pública, el “retraso de la prescripción” de esos delitos e impulsar un proyecto de ley sobre corrupción privada.
Corrupción policial
Entre los colorados y frenteamplistas concuerdan en que debería reestructurarse la Dirección de Asuntos Internos, que investiga los casos de corrupción policial. El Frente Amplio propone “revisar y jerarquizar” esa dirección de la Policía, para lo que consideran se debería estudiar su “dependencia funcional”, al igual que dotarla de los recursos económicos y técnicos necesarios para su profesionalización. También “estudiar la posibilidad de crear una Policía Judicial para delitos complejos o casos de corrupción”. En tanto, el Partido Colorado enfatiza que se propone profundizar su independencia y autonomía de las jerarquías actuales, “dotándola de una estructura que permita garantizar su efectividad, imparcialidad y transparencia en los procedimientos que lleve adelante”.
En el programa del Partido Nacional hay una única mención a la corrupción, cuando en el inicio del capítulo denominado “Un Uruguay más abierto al mundo” se plantea: “Somos reconocidos como un país serio, con una sólida estabilidad institucional, la menor tasa de corrupción en el continente y un alto nivel de seguridad jurídica, política y económica, lo que constituye fortalezas importantes para impulsar nuestra inserción en el mundo”.
