Es así que, cuando se refiere al diálogo que existe con el gobierno nacional —con el que, según dice, falta la “contraparte de la respuesta”—, Metediera destaca la necesidad de crear una “institucionalidad metropolitana” capaz de absorber en términos políticos las obras vinculadas a la movilidad. Sin esta herramienta, agrega, proyectos como el Tren de la Costa se vuelven inviables.
Más allá de su trayectoria en Tránsito, su foco para lo que resta de la gestión es tan diverso como el propio territorio, dice. Sus prioridades van desde inciativas de desarrollo y regulación de proyectos inmobiliarios y barrios privados, hasta la puesta en marcha de la carta hidrogeológica, un instrumento elaborado con la academia para conocer la realidad de las aguas subterráneas del país.
—Mi primera responsabilidad era finalizar el período de gobierno cumpliendo con cada una de las cosas a las que nos comprometimos con los 30 municipios y con la gente. Después se van presentando cosas nuevas a las que uno le va poniendo la impronta: hemos tenido situaciones vinculadas al tema de memoria, con el acuerdo que firmamos con la Institución Nacional de Derechos Humano y la búsqueda en el Batallón 14; se discutió con la Dinagua y el Ministerio de Transporte la intención de construir una autopista por el medio de la cuenca de la laguna del Cisne que provee de agua potable a 33.000 hogares, y trabajos vinculados a emprendimientos inmobiliarios también en espacios de reservas naturales, que estamos trabajándolo en la misma Comisión de Cuenca. Analizamos una iniciativa privada vinculada al sitio de disposición final de residuos, que hasta que el Ministerio de Ambiente no se pronuncie entendimos pertinente y políticamente archivarla. Y estamos con otra iniciativa privada vinculada al proceso de alumbrado público, en el que queremos llegar al 100% de las plantas urbanas con luminarias LED.
—Canelones ha tomado importantes medidas en temas como el reciclaje y el manejo de residuos. ¿Qué balance hace de estas políticas? Por otro lado, recientemente el intendente de Maldonado, Enrique Antía, criticó la gestión de residuos en Montevideo y Canelones. ¿Qué le contesta?
—Antía planteó dos situaciones, la basura en Canelones y Montevideo y el tema del fondo metropolitano. La primera preocupación es que Antía es el presidente del Congreso de Intendentes. Por lo tanto, tiene un rol institucional en el que no está bueno que se ponga a dar este tipo de debate. En cuanto a la basura, en Canelones tenemos un fuerte trabajo hecho vinculado al tratado de los restos domiciliarios; entregamos hace poco el contenedor 100.000, para reciclar los residuos domiciliarios y también una compostera. Ahora estamos cerrando el “círculo verde”: te doy los contenedores, reciclás, compostás y plantás las semillas orgánicas para que generes tu huerta. Tenemos un 70% de aprobación de la gente al sistema de residuos. Ahí se equivocó Antía.
—Canelones ha trabajado mucho en la protección de cuencas como laguna del Cisne y Santa Lucía y desde la semana pasada es el primer departamento del país en contar con una carta hidrogeológica. ¿Qué implica este proyecto?
—La carta hidrogeológica nos permite saber, trabajando con la Universidad de la República (Udelar) y el Institut Pasteur, qué es lo que está pasando con las aguas subterráneas. En qué lugares están localizadas, qué cantidad de agua se genera, qué capacidad tienen esas cuencas y en qué estado sanitario están. Por otro lado, firmamos el viernes una resolución en la que, junto con la Udelar, le solicitamos al Ministerio de Ambiente que declare de clase 1 la cuenca de la laguna del Cisne. Esto significa que ahí vamos a seguir avanzando, al ir hacia una transición agroecológica en lo productivo. Pero también que quienes se pretendan instalar para vivir ahí van a tener exigencias mayores de saneamiento o pluviales.
—Llegó hace unos días de una misión oficial en El Cairo, en la que CAF anunció que destinará US$ 12 millones a obras de infraestructura en Canelones. ¿A qué proyectos se irá ese dinero?
—En setiembre del 2021, Yamandu Orsi firmó en Barranquilla un contrato adicional a un programa que tiene la CAF que se llama Biodiverciudades, que es una mistura entre el cuidado ambiental y el desarrollo urbano de ciudades intermedias. En el marco del trabajo que veníamos realizando y del fideicomiso aprobado en la Junta encontramos la vuelta jurídica para que la CAF financie parte de ese fideicomiso y es la primera vez que un banco económico de América Latina le otorga un préstamo a un gobierno subnacional sin tener en cuenta al gobierno nacional, por eso nos invitaron a El Cairo a exponer en el Foro Urbano Mundial. El fideicomiso de US$ 12 millones se destina a 24 obras que se están ejecutando en todo el departamento y a equipamiento urbano en general. Además, la CAF nos acaba de habilitar a las intendencias de Montevideo, San José y Canelones un préstamo no reembolsable de US$ 250.000 para hacer una actualización de la encuesta de movilidad que hicimos en el año 2016 de origen-destino a nivel metropolitano.
—En cuanto a la gestión del ordenamiento territorial, usted ha dicho que quiere evitar la segregación y por eso está en contra del desarrollo de barrios privados. Sin embargo, en los últimos años se ha dado una concentración importante de barrios privados en Canelones y se proyectan muchos más. ¿Le preocupa?
—Sí. Canelones es el único gobierno subnacional de América Latina que tiene un ordenamiento territorial del uso de suelo en el marco de la protección de los pequeños productores y producción familiar. En ese marco también hay planes parciales, como está el plan parcial de Camino de los Horneros, donde hoy están concentrados los barrios privados. Pero también tenemos el corredor logístico de la Ruta 101, que atrae inversiones por estar cerca del aeropuerto y tener un lugar para vivir en las condiciones que ellos quieren. Los barrios se pueden entender como una atracción a la inversión en una zona determinada del departamento. Pienso que esa zona ya está definida para eso. Pero no está bueno que el departamento absorba barrios privados en otros lugares. Por eso estamos analizando alguna normativa que nos dé la tranquilidad. A quien invirtió en la zona del Camino de los Horneros, le mantenemos y le respetamos las reglas jurídicas para dar certezas de que lo que estaba previsto hacerse se haga. Pero no quiero barrios privados en otros lugares.
Dicho esto, una cooperativa de trabajadores que cierra su cooperativa y que no permite la circulación también es un barrio privado de alguna manera. Entonces, coartar la libre circulación en Camino de los Horneros es tan inválido como hacerlo en el medio de Las Piedras. La libre circulación es en todos lados y para todo el mundo. Si todo va a ser construido en la lógica barrio privado, ¿qué sociedad estamos construyendo? También, no es menos cierto que ese tipo de barrios nos permite cobrar una contribución muy cara, que nos permite hacer obras en el resto del departamento.
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Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
—Ha criticado la falta de coordinación entre el gobierno nacional y la intendencia canaria con relación a proyectos de infraestructura clave, como el Tren de la Costa o la autopista que atraviesa la laguna del Cisne. ¿En qué están ambos proyectos?
—La nada misma. Nos pasó con el Tren de la Costa, nos pasó con la autopista, nos acaba de pasar ahora con el intercambiador de las rutas 101 y 102, muy necesarias las tres cosas, pero las formas son a las cuales criticamos y nos molestan bastante. Para el Tren de la Costa, hoy no hay un proyecto concreto. De la autopista nos enteramos también por la prensa y tuvimos discusiones. Es una lástima porque son cosas muy necesarias. Finalizar la Ruta 8, doble vía de la 9, que es lo que se está haciendo, parecía razonable y lógico. ¿Qué necesidad de meterte en una cuenca con todas las dificultades ambientales que tuvimos? Nos pasó con el intercambiador de la Ruta 101 y la 102, es un intercambiador muy necesario, pero nos enteramos por un anuncio que hizo el ministro de Transporte en un almuerzo de ADM y bajamos el proyecto de la web del ministerio.
—Apenas asumió como intendente, se reunió con Lacalle Pou. ¿La intención era paliar esta situación?
—Exacto, era “acá estamos, estamos a la orden, estamos para laburar”. Hay diálogo, lo que no tenemos es la contraparte de la respuesta. El 21 de marzo del 2021 hicimos un planteo al MTOP vinculado al transporte, de que todos los usuarios vulnerables que viajan en las empresas departamentales viajen también en las empresas del ministerio, haciéndose cargo la intendencia de los subsidios. Hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta, entonces tenés una embarazada, un jubilado, un discapacitado con acompañante en una parada de ómnibus y, dependiendo de si el ómnibus que viene es de la intendencia o del ministerio, lo puede tomar o no para tener beneficios. Ahí se desnuda otra cosa: vuelve a quedar manifiesta la necesidad de una institucionalidad metropolitana capaz de absorber en términos políticos y ejecución la movilidad metropolitana. Porque ni el Tren de la Costa ni el proyecto de Cinve se va a poder hacer si no hay un ámbito subnacional pero supraintendencias que tenga la capacidad de definir políticamente qué es lo que se va a hacer y la ejecución de la obra. Durante este periodo casi no funcionó el Consorcio Metropolitano de Transporte y ahí es donde están las debilidades, en términos de trabajo no tiene las resoluciones que debería tener.
—Se habla de la posibilidad de que se presente como candidato a la intendencia. ¿Lo considera? ¿Qué factores influirán en su decisión?
—Hay muchas cosas que analizar. Primero, este es un proyecto colectivo, no es personal. Si todos vamos a ser candidatos a la Intendencia de Canelones, ¿quién conduce la intendencia? Que me gustaría ni que hablar. Después está el hecho de si tenés condiciones o no. El hacer esta tarea naturalmente pone el nombre arriba de la mesa, pero hay que analizarlo. No es lo mismo que el Frente Amplio gane el gobierno nacional a que lo pierda, la presentación electoral para mayo va a ser distinta. La coalición republicana ya tiene definido presentarse junta donde hay intendencias frenteamplista. Si es necesario, si es posible, me gustaría, sí, ni que hablar. Pero es colectivo.
—¿Con qué Uruguay cree que se va a encontrar el partido que gane las elecciones de cara a 2025?
—Con un Uruguay complejo en términos de estructura social, hay una malla social que está bastante rota. En términos económicos, no va a ser el 2002, pero tampoco el 2019 en cuanto a la composición económico-social. Hemos perdido salario y condiciones en atención de salud. Tenemos retrasos en materia de vivienda. Hay políticas públicas en las que el país ha tenido un retroceso en estos cinco años. Ese es el país que tenemos hoy y ahí es donde el Frente Amplio va a ser más que volver a esos ajustes estructurales que permitan que todo el mundo tenga garantías, que el empresario invierta y haga lo suyo, pero que también los trabajadores tengan mejores condiciones de vida. Fundamentalmente en los estratos sociales más bajos visualizo la mayor crisis en términos de malla social.
