El juicio también se transformó en emblemático porque la víctima, de 72 años, pidió que las audiencias fueran públicas y que los videos de las violaciones se mostraran, para que se conozca quiénes fueron los hombres que la violaron. “La vergüenza no es para nosotras, es para ellos”, dijo en el juzgado.
La doctora en Ciencias Sociales y coordinadora de la Cátedra de Género y Generaciones de la Universidad CLAEH, Teresa Herrera, hizo mención a la declaración de Pelicot sobre la vergüenza, en el inicio de un estudio comparativo de violaciones grupales que ocurrieron entre 2013 y 2022 en seis países: Argentina, Bolivia, Colombia, España, Guatemala y Uruguay.
A través del análisis de seis casos ocurridos en Iberoamérica, la investigación, a la que accedió Búsqueda, titulada El estigma de la violación grupal, hace énfasis en la revictimización como “principal aspecto en común”. Plantea que es una “situación corriente”, que lleva a que muchas mujeres desistan de denunciar o a que cambien su lugar de residencia, como ocurrió en tres de los casos, además de enfrentar consecuencias psicológicas, relacionadas con la agresión y “con el escarnio público”.
“La exposición con revelación de la identidad de las víctimas denunciantes genera la mayor revictimización y tiene muy serias consecuencias en la vida de esas mujeres, aun cuando los fallos de la justicia le sean favorables. Este es el principal obstáculo para la denuncia de estos crímenes”, dice el informe.
La revictimización es definida como el proceso mediante el cual la víctima de un delito es expuesta a un nuevo trauma o daño emocional. En el caso de una violación, puede aparecer como consecuencia de una respuesta inadecuada del sistema de justicia o cuando se les hace sentir que son responsables de la agresión que sufrieron, plantea el estudio.
La investigación menciona que se ha sembrado la “duda patriarcal” en beneficio de los agresores, un concepto utilizado por una investigadora española para plantear los cuestionamientos que reciben los relatos de las víctimas.
Herrera analizó el rol que tuvieron las redes sociales y los medios de comunicación en cada uno de los casos de violaciones grupales, y evidencia que el de Guatemala es el único donde no fueron revictimizadas, porque no pudieron ser identificadas gracias a que “declararon con identidad protegida”. Eso “no generó solidaridades con los agresores y la consiguiente búsqueda de desacreditación de las denunciantes”, dice el estudio.
En cambio, los relatos de lo que ocurrió en los otros cinco países son similares. En Argentina, donde una adolescente de 14 años fue violada por tres adultos en un campamento en el balneario Miramar, el juicio fue oral y público, no se protegió la identidad de la víctima y su sexualidad “fue usada en la defensa de los agresores para exculparlos y fue repetido en las redes y medios de comunicación”. En Bolivia, la familia de los violadores publicó críticas a la víctima por su vida sexual. En el caso de Colombia, se difundió que la madre “ofrecía” a la niña, como forma de “justificar” a los agresores. De Uruguay, la académica analizó la violación grupal en el barrio Cordón de Montevideo. El caso fue el de una mujer de 30 años que, en 2022, denunció haber sido violada por tres hombres, uno de ellos menor de edad, en un apartamento cercano a un boliche. Había llegado al apartamento con un hombre que conoció en el local, pero mientras estaba allí fue violada por otros dos. “La defensa de los acusados envió a la prensa videos parciales de la situación, con la consiguiente exhibición pública de la denunciante”, plantea el estudio.
A partir de los casos relevados, la investigadora concluye que una política pública sobre la temática deberá tener en cuenta que se debe proteger la identidad de las sobrevivientes de una violación grupal “con todo el peso del Estado”. Y agrega que “esa es la principal condición de garantía a un acceso a la justicia, porque la paradoja es que solo hay garantía de castigo a los culpables si la mujer muere”.
“Una expresión de poder sobre el cuerpo de las mujeres”
El estudio incluye datos de un análisis sobre la percepción social de la violencia sexual elaborado en España por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, de 2018, que reflejan que el 26,3% de las personas entrevistadas consideran que las víctimas de agresión sexual no denuncian lo sucedido por “miedo a no ser creídas” y el 15,2% por “miedo a ser consideradas culpables de lo sucedido”. También una encuesta de opinión realizada en el Reino Unido mostró que el 56% de los consultados creían que la víctima debería asumir parte de la responsabilidad en caso de violación si incurrían en determinados comportamientos o adoptaban determinadas actitudes, como tomar alcohol en exceso o vestir de forma “provocativa”.
Las violaciones grupales son “una expresión de poder sobre el cuerpo de las mujeres”, dice el estudio comparativo, y, como un efecto de la “influencia patriarcal”, la prevalencia de quienes ejercen la violencia sexual son hombres contra mujeres y menores de edad. La mayoría las cometen varones de una clase superior a la de las víctimas.
El estudio señala que, aunque la mayoría de los agresores sexuales son conocidos por las víctimas, en el caso de las violaciones grupales “no siempre es así”. En los ejemplos relevados, cuatro no tenían relación previa, en el caso de Argentina, solamente estaban en el mismo camping y en el de Bolivia fueron a bailar juntos. Con relación a los victimarios, en todos los casos carecían de antecedentes penales, salvo en Guatemala.
La investigación plantea como un problema que no haya “datos estadísticos fiables de la violencia sexual en América Latina, mucho menos de la violencia sexual grupal”.
“Es imposible cuantificar el problema”, agrega.
En las conclusiones de la investigación, Herrera hace referencia a que la aplicación de protocolos de delitos sexuales “es condición necesaria, pero no suficiente, para lograr un adecuado acceso a la justicia de las víctimas”, y pone como ejemplo que “en algunos de los casos analizados, aun cuando se comprueba la agresión sexual en el cuerpo de la denunciante, se considera que fue consentida”.
Elaboran protocolo regional
La directora de la Unidad de Víctimas y Testigos y de la Unidad Especializada en Género de la Fiscalía, Mariela Solari, adelantó que la Red Especializada en Temas de Género de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos identificó que existe una “debilidad” en las investigaciones y el tratamiento de víctimas de delitos sexuales, vinculada a los protocolos que se aplican.
En respuesta, elaboraron un protocolo regional con orientaciones generales, que será aprobado la semana que viene. En diálogo con Búsqueda, dijo que el trabajo pone énfasis en la recepción de las denuncias y la asistencia psicosocial de la víctima que debe “ser inmediata”. Explicó que “si se demora, afecta el testimonio” o, incluso, puede llevar a interrumpir la demanda.
Para Solari, en el sistema de justicia y en otras instituciones que atienden a las víctimas, “siguen existiendo prácticas que pueden ser revictimizantes”.
Otro de los focos del protocolo está en cómo debe ser la investigación del contexto de los hechos, con relación a tomar en cuenta el lugar donde ocurrió el delito, analizar el consentimiento, el contexto de coerción, analizar las características de vulnerabilidad de la víctima, solicitar los informes médicos, entre otros.
En el mismo sentido, una consultoría que encargó la Fiscalía estableció que para que la declaración de la víctima alcance “credibilidad o fiabilidad” es “imprescindible” entender que la “corroboración que exige la jurisprudencia” refiere a “datos periféricos” de los hechos delictivos denunciados y no de su propia declaración. De lo contrario, eso redundaría “de facto” en la “imposibilidad de que el testimonio único de la víctima” alcance “valor probatorio, porque se exigirían siempre otras pruebas”.
Violación grupal en Cordón avanza en la CIDH
El Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República presentó una denuncia contra el Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el objetivo de que luego llegue a la Corte Interamericana de Justicia. Este paso se dio luego de que los imputados fueran sobreseídos, como informó El País en marzo de 2024.
La demanda cuestiona la actuación de los fiscales Raúl Iglesias, Judith Rodríguez y Schubert Velázquez, menciona que había evidencia pendiente por diligenciar y plantea que hubo una revictimización de la denunciante.
La abogada Soledad Suárez señaló a Búsqueda que el caso superó la etapa de revisión inicial, que implica que se admitió dar trámite a la petición.
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