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    Fallo que obligó a Udelar a tomar examen especial por motivos religiosos a un alumno reavivó debate sobre laicidad

    José Carlos Mahía dijo que no comparte la sentencia porque es “inconveniente” que deba existir una “adaptación” a “las opciones individuales”; Carmen Asiaín afirmó que Uruguay “no va a dejar de ser laico” por atender los derechos de las minorías

    La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República (Udelar) cumplió con la sentencia judicial que la obligó a disponer de una mesa de examen especial para un estudiante que por motivos religiosos debe descansar los sábados. El pasado miércoles 5 de febrero, dentro del plazo de cinco días dispuesto por la Justicia, Wolfgang Ernst rindió la prueba en las mismas condiciones que el resto de los estudiantes, según confirmó a Búsqueda el decano de la Facultad de Ciencias Económicas Jorge Xavier.

    Sin embargo, el fallo de la jueza letrada de primera instancia en lo Contencioso Administrativo de 2° turno, Virginia Ginares, del 31 de enero de 2025, fue apelado por la Udelar, que se opuso a la decisión por varios motivos. Entre ellos, la institución argumentó que la decisión “violenta los principios de laicidad”, debido a que disponer una mesa de examen especial para un único estudiante hace “primar el interés particular sobre el general”, aseguró que la Justicia “ha excedido su ámbito de competencia”, y se refirió a dificultades de recursos.

    “Contemplar razones religiosas, con la validez que tengan, se nos hace imposible”, aseguró Xavier, aunque todavía resta el pronunciamiento del Tribunal de Apelaciones.

    Ernst tiene 21 años y es estudiante del primer año de la Licenciatura en Administración, pero no podía avanzar con algunos exámenes y parciales de la carrera que se rinden los sábados porque la comunidad religiosa minoritaria a la que pertenece, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, establece que ese día de la semana debe guardarse como día de reposo.

    Según relata en la acción de amparo que presentó, representado por la abogada Valentina Piquinela, la materia denominada Administración y Gestión de las Organizaciones 1 tiene todas las instancias de evaluación los sábados. “Participar de un examen ese día significa agredir mi identidad y violentar los mandatos de mi conciencia”, dice el escrito de Ernst, sobre la unidad curricular que es previa de otras materias de años siguientes.

    El estudiante reclamó por el respeto de su derecho a la educación, a la libertad de religión, a la igualdad y la no discriminación, y la jueza hizo lugar al recurso de amparo.

    José Carlos Mahía: ser religioso “es una opción”

    El designado ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, una cartera que en la próxima legislatura pasará a llamarse Ministerio de las Culturas, las Artes, los Patrimonios y la Educación, dijo a Búsqueda que no comparte el fallo judicial. Mahía consideró que en Uruguay el Estado es laico y “eso le da libertad de culto a las personas” —algo que aclaró defienden— pero señaló que es “complicado” e “inconveniente” que la educación “tenga que adaptarse a las opciones individuales”, como ser religioso.

    “Lo laico es una garantía para todos los ciudadanos, y adoptar cambiar una mesa de examen en función de la religión es un precedente que para mi gusto no es una buena noticia”, afirmó.

    Para el futuro ministro, los reclamos de mesas especiales de examen como el que realizó Ernst son parte de un “contexto de avance de las ideas religiosas” desde el retorno a la democracia, que implicó un “retroceso del campo laico del Uruguay liberal y batllista”.

    En sentido contrario, la senadora del Partido Nacional Carmen Asiaín dijo a Búsqueda que Uruguay “no va a dejar de ser laico porque atienda los derechos de las minorías” y que este tipo de situaciones “en otros países se han solucionado hace mucho tiempo”.

    “Es tener un poco de cintura, y decir, justamente porque es laico y hay pluralidad religiosa, reconozco los derechos de las minorías”, agregó.

    Para Asiaín, la religión define a muchas personas, “es parte de la identidad”, y es en base a la laicidad “que se debe prestar atención a la diversidad, así como a la diversidad sexual, de género”, aseguró. En su opinión, Uruguay “está en deuda” con la creación de “mecanismos que contemplen los derechos de todos”.

    Respecto a este punto se pronunció la jueza Ginares, quien en la sentencia concluyó que la laicidad del Estado “no debe conducir al desconocimiento de la existencia de diversas religiones y credos que conviven en el país” y que su reconocimiento implica asegurarle a las personas que se respeta su individualidad. La magistrada también aclaró que el fallo “no se dicta a favor de religión alguna”, sino del demandante, que “es joven, del interior, quiere estudiar y el país lo necesita capacitado”.

    Dificultades logísticas y de capacidad en la Facultad de Ciencias Económicas

    En el marco del recurso de amparo presentado ante la Justicia, uno de los puntos que generó discusión fue la normativa vigente que admite realizar mesas de exámenes especiales para deportistas federados. Una resolución emitida por el Consejo de la Facultad de Ciencias Económicas el 4 de abril de 2016 establece que cuando la solicitud se justifica en la ley de fomento del deporte, debe realizarse “de manera automática”.

    Sobre este punto, en la respuesta a la apelación, la defensa del demandante plantea que se da lugar a la obligación de otorgar una mesa especial “sin ninguna consideración respecto a las posibilidades presupuestales, o de gestión de cualquier índoles, para aquellos estudiantes que sean deportistas”. También hace referencia al último artículo de la resolución, que plantea que los pedidos de mesas especiales “que no se ajusten” a esa situación y otras planteadas (como de estudiantes de planes de estudio anteriores a los vigentes) “deben ser informados de su pertinencia o no”. Por lo tanto, “no le otorga el mismo nivel desprotección y autoejecución que la solicitud de un estudiante deportista, pero sí deja claro que serán analizadas otras situaciones , por tanto no existe impedimento normativo” para “facilitar mesas de exámenes con fechas alternativas al calendario ordinario”.

    Mahía, quien se considera agnóstico, dijo que “es una opción ser religioso” y que la oportunidad que la Udelar da a los deportistas para que puedan rendir exámenes fuera del período de competencias es “muy específica” y se debe a la “representación en una actividad que muchas veces tiene el auspicio del propio Estado”.

    En tanto, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas afirmó que es un beneficio “que lo impone la ley”, aunque aclaró que tiene una “mirada crítica” porque también genera una “complicación” para el centro de estudios. Xavier indicó que es una “enorme dificultad” porque la facultad tiene un “crecimiento sustancial” de la cantidad de estudiantes cada año, y eso plantea un desafío porque el cuerpo de docentes “es el mismo o baja”.

    “Desde el punto de vista logístico no nos da la capacidad”, afirmó, y expresó que es la facultad que “tiene la mayor cantidad de estudiantes de grados activos de toda la Universidad”, que son cerca de 27.000.

    Sobre este último argumento de la Udelar, en primera instancia la jueza había planteado que “se entiende perfectamente que establecer excepciones genera impacto en la gestión de un servicio, pero las dificultades administrativas no pueden anular ni el acceso a la educación ni la efectividad de los derechos sustanciales”.

    Proyecto de ley sin apoyo

    En la legislatura que acaba de finalizar, Asiaín impulsó un proyecto de ley para reconocer las festividades de las minorías religiosas, que en 2024 se aprobó con votos del oficialismo en la Cámara de Senadores, pero no llegó a ser aprobado en la Cámara de Diputados. Establecía que el goce de “días de observancia o precepto de su confesión religiosa” será respetado “a todo aquel que se hallare en una relación de trabajo o servicio”, así como también “en el ámbito educativo en todos sus niveles”, mediante un “previo acuerdo y coordinación”.

    Entre las delegaciones favorables a la aprobación, que comparecieron en la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión, estuvieron la B’nai B’rith, la Nueva Congregación Israelí, el Comité Central Israelita del Uruguay y la Iglesia Adventista.

    El proyecto, que fue motivo de discusión parlamentaria y evidenció diferencias entre los legisladores, fue aprobado por 18 votos, sin el apoyo del Frente Amplio. Cuando fue consultada por Búsqueda sobre si volverá a presentar el proyecto de ley en la actual legislatura, dijo que no lo sabe, porque en su momento fue aprobado sin los votos del Frente Amplio, que ahora tiene mayoría en la Cámara Alta.