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IM busca sensibilizar a autoridades de organismos públicos para promover incorporación de cantinas saludables
Quiere que la categoría “cantina saludable”, que implica cumplir estándares nutricionales, sea condición en licitaciones de servicios alimentarios; ya hay cinco establecimientos con ese sello, por el que exoneran la tasa bromatológica
Desde hace dos años, la Intendencia de Montevideo (IM) lleva adelante el programa Cantinas Saludables, una iniciativa que busca promover que los establecimientos con oferta gastronómica que funcionan en dependencias públicas cumplan con los estándares nutricionales contemplados en el decreto departamental aprobado en 2022. Desde el pasado martes 17, son cinco las cantinas calificadas por la comuna como “saludables”, cifra que podría duplicarse en los próximos meses, ya que hay otras cinco en proceso de acreditación, según explicó a Búsqueda la directora de la División Salud de la IM, Virginia Cardozo.
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Los establecimientos que obtienen la categoría de “saludables” quedan exonerados de la tasa bromatológica por concepto de habilitación y de inspección por habilitación. La iniciativa se deasarrolla a través de un convenio —que se acaba de ampliar— con Vital Strategies, la organización global de salud pública que coordina la Alianza de Ciudades Saludables, una red internacional que Montevideo integra desde 2017.
La resolución de ampliación, publicada el 22 de noviembre, indica que el convenio “tiene por objeto financiar y desarrollar proyectos y programas dirigidos a mejorar los hábitos alimentarios del personal que trabaja en instituciones públicas”, para lo cual la División Salud de la IM se compromete a ejecutar el plan de trabajo y de implementación acordado. Por su parte, Vital Strategies se compromete a transferir fondos para su ejecución, “ofrecer recursos técnicos y acceso a conocimientos y buenas prácticas internacionales en salud pública”.
“Esta resolución responde a una ampliación del trabajo que venimos haciendo y va a permitir a Vital Strategies transferir US$ 50.000 a la IM para fortalecer la implementación de las cantinas”, celebró Cardozo. Según dijo, ese dinero permitirá ampliar el número de establecimientos, así como los beneficios en torno a las necesidades de cada cantina para transformarse en un emprendimiento saludable. En paralelo, con esos fondos se llevará adelante una evaluación de impacto económico que ya comenzó a diagramarse, junto con la Universidad de la República (Udelar), para “ayudar a romper mitos” en torno a los costos y ganancias de vender alimentos saludables, y fortalecer las estrategias de monitoreo.
Cardozo dijo que la IM realizó este año una primera evaluación, junto con la Udelar, sobre el proceso de implementación del decreto departamental en los servicios de alimentación de distintos organismos públicos, al relevar el grado de cumplimiento de las disposiciones por parte de los responsables de las cantinas saludables y no saludables, y caracterizar la oferta alimentaria y la forma de publicidad utilizada. Así se conocieron también las razones por las que las cantinas elegían no registrarse como saludables, la gran mayoría vinculada a cuestiones económicas y de rentabilidad.
El relevamiento mostró que 15 de 16 cantinas analizadas registró venta de productos envasados —en su mayoría ultraprocesados—, de los cuales un 46% tenía rotulado frontal de exceso de nutrientes, 35% exceso de azucar, 23% exceso de grasas, 20% exceso de grasas saturadas y 8% exceso de sodio. Solo dos de los servicios relevados (uno de ellos registrado como cantina saludable) no ofrecían productos con rotulado nutricional. En cuanto a la disponibilidad de sal —otro de los aspectos relevados—, el informe reflejó que mientras el 12% de los establecimientos tenían saleros en las mesas, 19% los tenían en un lugar centralizado y 63% solo los entregaban a pedido del cliente.
Por otro lado, se identificó algún tipo de publicidad de productos ultraprocesados en 13 de los 16 servicios de alimentación (81%), de los cuales la mayoría se encontraban en ubicaciones destacadas. “En todos los casos se trató de marcas de productos con exceso de azúcares. Únicamente no se encontró publicidad de productos ultraprocesados en tres servicios, dos de los cuales estaban registrados como cantinas saludables”, menciona.
El informe señala, además, que la calidad nutricional percibida en usuarios de servicios registrados como cantinas saludables es mayor que la de los usuarios de servicios no registrados. “Esto ayuda a fortalecer el negocio. No solamente es un beneficio para la salud de la población, sino que también tiene beneficios en cuanto a la imagen del emprendimiento hacia los consumidores”, indicó Cardozo. Para la directora, ese resultado “rompe el mito de que si no encuentro a mano un refresco, la cantina no va a ser bien recibida”.
Otro de los elementos que llamó la atención de la comuna fue que hay muchas cantinas no registradas que no están lejos de cumplir con el decreto (por ejemplo, al no tener refrescos en exhibición pero sí a la venta), por lo cual solo con modificar algunos elementos pueden convertirse en saludables. Esto es relevante, agregó Cardozo, porque una medida tan sencilla de implementar “puede generar beneficios económicos para el emprendimiento, y beneficios para la población que no va a consumir productos bombardeada por mensajes que estimulen el consumo de alimentos no saludables”.
Un aspecto problemático del negocio, explicó la directora, es que en ocasiones los emprendimientos tienen compromisos con la industria de alimentos, que les ofrecen heladeras gratuitas a cambio de visibilizar sus productos. Por eso entiende que la política pública tiene que trabajar para que ese apoyo externo no sea necesario.
En esta nueva etapa del programa, Cardozo se propone mostrar que las cantinas saludables mejoran el vínculo con los consumidores y la fidelidad con el establecimiento.
El universo de establecimientos que podrían aspirar a esta categoría son unos 30, explicó la jerarca. Los cinco que ya la obtuvieron —Ministerio de Educación y Cultura, el palacio municipal, la Junta Departamental, el Edificio Polivalente Parque Batlle y el Hospital de Clínicas— fueron privados que se presentaron por su propio interés, generalmente motivados por el beneficio económico. Un paso que podría ampliar el alcance de la iniciativa y que todavía no se logró es que “los organismos públicos” se apropien del decreto municipal y lo incorporen como condición en los “llamados a licitación” para servicios alimentarios en sus edificios.
“Ese es el paso que queremos dar, así que esperamos poder trabajar para sensibilizar a los organismos y sus autoridades para hacer que esta sea una herramienta que los distintos actores involucrados puedan incorporar como una forma de cuidar la salud de los trabajadores”, señaló Cardozo. Y agregó: “Esta ha sido reconocida como una política innovadora a nivel global, porque estamos más acostumbrados a que se desarrollen políticas centradas en la alimentación de los niños y de los centros educativos. Sin embargo, las políticas que apuestan a generar entornos saludables para la población adulta tanto en Uruguay como en la región todavía son muy débiles”.