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En una oficina del décimo piso de la Torre Ejecutiva, el gobierno saliente dejó una amplia variedad de documentos: programas, memorandos, estudios, briefings y alertas, entre otros. Más de mil, elaborados por la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado(SIEE) entre 2020 y 2025, con información sobre distintas amenazas que enfrenta Uruguay.
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Los informes fueron archivados por el director saliente de la SIEE, Álvaro Garcé, quien renunció el 28 de febrero para dedicarse a la actividad privada. El registro comprende el Informe Anual de Actividades de Inteligencia, que abarca aspectos presupuestales, de gestión, planes de recolección de datos y directivas de trabajo de todas las agencias encargadas de realizar actividades de inteligencia en el Estado; incluye además al Plan Nacional de Inteligencia, que se elabora anualmente y detalla las medidas de inteligencia y contrainteligencia destinadas a detectar riesgos para el país.
Según señalaron a Búsqueda fuentes oficiales, la documentación se centra en distintos tópicos que a lo largo de la última administración fueron presentados al expresidente Luis Lacalle Pou: crimen organizado, terrorismo, ciberataques, fenómenos meteorológicos, siniestros o catástrofes de origen natural, incidentes en bioseguridad, deterioro del ambiente, pandemias y epidemias, inestabilidad democrática en la región, conflictos regionales, y violación de la soberanía terrestre, marítima, aeroespacial y del ciberespacio.
El crimen organizado es considerado por la SIEE como una de las principales amenazas del país
Javier Calvelo/adhocFOTOS
De crimen organizado, los documentos mencionan organizaciones, formas delictivas, rutas de tráfico de estupefaciantes y procesos de globalización que generan asociaciones entre grupos criminales. También se detallan movimientos de personas de interés, procedimientos policiales llevados adelante en Uruguay y en la región y la probabilidad de ocurrencia de ciertos delitos.
A lo largo del período, todo el trabajo de la SIEE se realizó con estricta reserva. El organismo no emitió comunicados de prensa y los únicos archivos accesibles al público fueron tres: la Política Nacional de Inteligencia, uno sobre misiones de paz de las Naciones Unidas y otro sobre los retos de la migración en Latinoamérica. En cuanto a la normativa, la SIEE tuvo disponible en su sitio web conceptos y definiciones sobre su historia, misión, estructura y cometidos, y el contenido completo de la ley de aprobación y regulación del Sistema Nacional de Inteligencia del Estado (N° 19.696). En cuanto a actividades abiertas, la Secretaría de Inteligencia organizó cinco seminarios sobre la situación de Uruguay en la Antártida; drogas sintéticas y nuevas sustancias psicoactivas; abuso infantil y trata de personas; actos terroristas y extremismo violento, y nuevos desafíos del comercio exterior.
En esta última actividad, realizada en mayo del año pasado, Garcé habló sobre el envío de drogas desde Uruguay a Europa por vía marítima, con el Puerto de Montevideo como eje, y la necesidad de mejorar los controles de seguridad sobre buques y cargas. “Hoy Uruguay tiene algunos desafíos propios internos. Voy a mencionar uno, no es el único, y tiene que ver con el crecimiento del puerto. El haber logrado la meta de un millón de teus movilizados por año en contenedores es un éxito sin duda, que al mismo tiempo nos plantea desafíos de gestión, desafíos de control y de seguridad. Un país es confiable también mirando la calidad de la seguridad portuaria”, dijo.
La SIEE, de la estrategia a la táctica
Todo el expediente producido por la Secretaría de Inteligencia desde 2020 estuvo a disposición de los miembros de la Comisión de Control y Supervisión del Sistema Nacional de Inteligencia del Estado. Compuesta por representantes de todos los partidos políticos con representación parlamentaria, la comisión se creó para supervisar las actividades de inteligencia desarrolladas por el Estado. Los legisladores que la integran están habilitados a mantener un vínculo directo con el director de la SIEE, quien por ley debe proporcionarles toda información que requieran, facilitándoles el acceso a los archivos y permitiéndoles la visita a la oficina del organismo en la Torre Ejecutiva.
Sin embargo, durante el período pasado la relación entre Garcé y los legisladores de la comisión fue dificultosa, especialmente con los de la oposición. Al inicio del gobierno, los miembros del Frente Amplio cuestionaron cambios normativos sobre la SIEE que se aprobaron con la Ley de Urgente Consideración (LUC), al argumentar que otorgaban un poder excesivo al director de la Secretaría de Inteligencia y al presidente de la República para clasificar ciertos informes como secretos, lo que podía reducir el control ejercido por el Parlamento. El vínculo con Garcé se debilitó aún más en 2022, cuando el director denunció a los miembros de la comisión en la Fiscalía General de la Nación, luego de que MVD Noticias filtrara parte del Plan Nacional de Inteligencia que Garcé había entregado a los legisladores bajo confidencialidad.
La denuncia fue archivada y la comisión terminó por sesionar en bastantes menos ocasiones de las esperadas. Fue convocada en agosto para su última reunión ordinaria del período 2020-2025, en una sesión que duró apenas un minuto porque solo participaron cinco de los 15 parlamentarios y no se habían presentado temas para el orden del día.
Más allá del relacionamiento con el Poder Legislativo, la gestión de Garcé estuvo marcada por una mirada estratégica de la inteligencia. La LUC introdujo modificaciones a la Ley 19.696 para diseñar una SIEE con mayores facultades para su director y mayor coordinación sobre las unidades de inteligencia que actúan en los ministerios de Interior, Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Economía y Finanzas. Garcé lideró esta nueva estructura bajo la consigna de producir conocimiento de alto nivel sobre seguridad interna y externa del Estado, y difundirlo al presidente para la toma de decisiones y formulación de políticas que cumplan con los objetivos del país a largo plazo.
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Mario Layera en 2016, año en que asumió como director de la Policía Nacional
Javier Calvelo/adhocFOTOS
A diferencia de este enfoque estratégico, el gobierno entrante pretende darle a la Secretaría de Inteligencia un rol más táctico: por ejemplo, al abordar de manera directa situaciones de crimen organizado que puedan tener consecuencias para Uruguay en el corto y mediano plazo. Esta orientación queda reflejada en el nombramiento de Mario Layera como próximo titular: exdirector de la Policía Nacional (de junio de 2016 a marzo de 2020), Layera posee un profundo conocimiento de la institución y el Ministerio del Interior designó en puestos de jerarquía a varios oficiales cercanos a él o que trabajaron a su lado. Además, su carrera policial se forjó en la lucha contra el narcotráfico desde la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas.
Al asumir como ministro del Interior el miércoles 5, Carlos Negro adelantó el relacionamiento que tendrán ambos organismos. “Será prioridad la represión inteligente del crimen organizado y el narcotráfico; más inteligencia y análisis con organismos del Estado, coordinados para complicarles la vida a quienes operan fuera de la ley”, sostuvo.
La visión policial que pueda imponer la SIEE provoca incertidumbre entre las Fuerzas Armadas. El equipo de la Secretaría de Inteligencia está compuesto por aproximadamente 20 personas (47% personal civil, 27% policial y 26% militar), el cual fue mantenido por Garcé durante el período 2015-2020. Sus contratos finalizaron el 28 de febrero, lo que dejó al gobierno entrante la libertad de decidir renovarlos. Con Layera como director, la principal preocupación en el ámbito militar es que el equipo de Inteligencia termine integrado mayoritariamente por funcionarios de la Policía.
Layera deberá ser nombrado por el presidente Yamandú Orsi en acuerdo con los ministros de Interior, Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Economía y Finanzas, previa venia de la Cámara de Senadores. El oficialismo cree que la aprobación pueda demorarse debido a repetidos cuestionamientos que legisladores de la oposición han realizado sobre Layera, quien fue investigado por la Justicia ante la fuga del mafioso italiano Rocco Morabito de la antigua Cárcel Central en 2019.
