En repetidas ocasiones, tanto la exintendenta Carolina Cosse como el actual jerarca municipal Mauricio Zunino han acusado al gobierno central de llevar adelante un “ahogamiento financiero” sobre la Intendencia de Montevideo (IM), que —según dicen— es víctima de una suerte de discriminación respecto a otros gobiernos departamentales.
En primer lugar, el documento solicitado por el diputado, al que accedió Búsqueda, habla de una “discriminación inversa”, en referencia al Fondo del Área Metropolitana, un mecanismo financiado por Rentas Generales habilitado por el expresidente Tabaré Vázquez que permitía destinar US$ 100 millones exclusivamente para Montevideo y otros US$ 25 millones para Canelones, mientras los restantes 17 departamentos del país “quedaban excluidos de esta ‘pequeña ayuda’”. Además, agrega, la IM “subejecutó” US$ 1.505.860, por lo que “mientras el gobierno nacional contrajo deudas para financiar obras en la capital, Montevideo ni siquiera logró gastar todo lo que se le asignó”.
Para Lema y su equipo, hablar de “discriminación contra Montevideo cuando el resto del país cargó con el peso de sus proyectos exclusivos es, cuanto menos, un insulto”.
“Es paradójico que quienes hoy gritan ‘ahogo financiero’ no mencionen que las partidas que recibieron no solo se entregaron en tiempo y forma, sino que quedaron subejecutadas. Y que la deuda contraída para beneficiarlos sigue siendo pagada religiosamente”, menciona el documento.
El informe aborda en un pasaje el “mito del subsidio al alumbrado público”. Esto obedece a que otro de los reclamos de la IM se basa en el recorte de este subsidio que, según el gobierno departamental, fue del 100% en el año 2022. Sin embargo, Lema y su equipo señalan que ese subsidio “no es un regalo arbitrario”, sino que se otorga según un criterio “claro y justo” destinado a financiar el consumo del alumbrado eficiente.
“En 2022 la IM recibió menos fondos porque tan sólo un 8% del consumo cumplía los requisitos exigibles para obtener el subsidio; (…) el gobierno central reservó $ 90 millones que no se pudieron asignar porque la intendencia no hizo su tarea”, cuestiona el informe.
La economista Annick Peter, que integra el equipo de Lema como asesora técnica y trabajó en la elaboración del documento, dijo a Búsqueda que la IM “quedó muy desfasada en la modernización” y, por eso, no cumplió el requisito de exigibilidad. No se trató de un “capricho” del gobierno central como se quiso insinuar, subrayó.
La candidatura de Lema para la Intendencia de Montevideo puede formalizarse antes del cierre del 2024. El 20 de diciembre se reunirá la Convenición Departamental del Partido Nacional y en esa instancia se propondrá su nombre para pelear por el gobierno departamental en mayo.
“Voracidad tributaria”
El documento elaborado por el equipo de Lema sostiene que Cosse, con los reclamos presupuestales en su gestión, actuó con “voracidad tributaria” al pretender más ingresos “sin nunca revisar si los gastos están bien ejecutados”.
“Esta postura muestra una total falta de respeto al contribuyente al priorizar la recaudación sobre la eficiencia”, indica.
Agregan que ni Cosse ni Zunino mencionan que la ley de Rendición de Cuentas aprobada en 2021 hizo exigible la Declaración Jurada de Caracterización Urbana en toda traslación de dominio o hipoteca, lo que le permitió a la IM llevar adelante una actualización de la base de datos catastral y generar US$ 40 millones adicionales anuales en la recaudación por concepto de contribución inmobiliaria. Por tanto, “(el reclamo) es algo ingrato y muestra una parte parcial de la historia”, opinó Peter.
Por otro lado, en la rendición de cuentas de 2022, la IM planteó que según sus estimaciones debería haber recibido $ 664 millones adicionales por año del gobierno central “para no sufrir discriminación respecto a otros departamentos”. Lema y su equipo replican que ese monto podría haberse cubierto si la comuna evitara algunos “despilfarros evidentes”, tales como el casino municipal, que tuvo pérdidas por $ 329 millones entre 2021 y 2023; las horas extras, que el año pasado ascendieron a $ 380 millones, y los gastos culturales, que alcanzan los $ 2.500 millones anuales, y que podrían “revisarse”.
“Al descomponer ciertos gastos que tiene la IM, se ve que al hacer un poco mejor las cosas esa plata se podría recuperar rápidamente”, señaló Peter.
Por último, el documento cuestiona la falta de autocrítica del gobierno departamental, que, según dice, siempre atribuye los problemas a algún “factor externo” y, en ese sentido, cita algunos ejemplos: “Si las calles se inundan, es culpa del cambio climático. Si los nadadores se intoxican por aguas servidas, es culpa de los nadadores. Si el departamento es una mugre, es culpa del exceso de consumo y de los hurgadores. Si el 95% del presupuesto se destina a compras directas, es culpa de los imprevistos”.
Como reflexión final, el informe explica que lo “inmoral no es el supuesto ahogo financiero infligido por el gobierno central”, sino “la narrativa engañosa que intenta pintar a Montevideo como un mártir”. “Quizás sería más apropiado que, en lugar de llorar lágrimas de cocodrilo, se concentren en utilizar mejor los US$ 2 millones recaudados por día sólo de los contribuyentes”, cierra el documento.
Consultado por Búsqueda, Lema opinó que una de las primeras acciones que deberá llevar adelante la nueva gestión departamental será “ordenar las prioridades”, al ir a la raíz de las funciones principales de la IM y de la respuesta que esta debe brindar. “Ordenar las prioridades permite una mayor eficiencia en los recursos para fortalecer la respuesta que la gente necesita y mejorar la gestión”, dijo.
El diputado puso como ejemplo el casino municipal, y afirmó que “la gente no se beneficia en la ruleta, sino tapando los pozos, mejorando las paradas, recogiendo la basura y agilizando el tránsito”.
Lema explicó igualmente que no está discutiendo el uso de fondos extra, sino que en un escenario en el que la IM recibe US$ 743 millones por año de los contribuyentes en forma directa, la comuna “no debería poner ningún tipo de excusa y tendría que dejar de ahogar a los montevideanos” a nivel de impuestos y tasas, de la explosión en materia de basura vinculada a problemas de recolección y de falta de mantenimiento de calles y veredas. “No es que se tenga que prescindir de eso, sino que con lo que ingresa, la intendencia no debería tener una sola excusa para no brindar los servicios que tienen que dar. Con el esfuerzo que se hace, Montevideo debería tener un salto mucho mayor de calidad que el que tiene”, cerró el diputado.
“En 2023 la IM recaudó US$ 808 millones entre los fondos de origen departamental y nacional, de los cuales destinaron a inversión nada más que un 14%. Después, la mitad de todo ese presupuesto se va a retribuciones personales”, criticó Peter. Y agregó: “Estamos frente a una intendencia que está completamente desequilibrada a nivel estructural”.
