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El Ministerio de Ambiente prepara un registro público de infracciones ambientales graves
La iniciativa, que se pretende dejar operativa antes del final del período, es vista como una herramienta poderosa para influir en el comportamiento de las empresas
Planta UPM 2 en la localidad de Pueblo Centenario, en el departamento de Durazno
La situación ambiental de UPM 2 en el departamento de Durazno todavía provoca tensiones. En la órbita parlamentaria, las autoridades del Ministerio de Ambiente han tenido que asistir en más de una oportunidad a la Comisión Especial de Ambiente, de la Cámara de Diputados, para dar explicaciones sobre los diversos incidentes protagonizados por la planta de celulosa.
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El pasado 3 de setiembre, representantes de la cartera —entre ellos, el ministro de Ambiente, Robert Bouvier, y el subsecretario, Gerardo Amarilla— informaron en ese ámbito sobre dos eventos de contaminación ocurridos en la empresa: el vertido de lixiviado al arroyo Sauce en junio de 2024 y el derrame de soda cáustica en la terminal portuaria, en julio del mismo año. Durante la sesión de la comisión, varios diputados expresaron preocupación por la frecuencia de estos incidentes, la tardía comunicación por parte de UPM y las multas impuestas por el Ministerio de Ambiente, que consideraron “insuficientes”.
El representante por Cabildo Abierto, Rafael Menéndez, puso sobre la mesa otro aspecto con el fin de fomentar la responsabilidad ambiental de las empresas. Según consta en la versión taquigráfica, el legislador propuso la creación de un registro público de sanciones ambientales para empresas como UPM, bajo el argumento de que la información sobre las sanciones podría ser una herramienta poderosa para influir en el comportamiento de las compañías. Según sugirió, la existencia de un registro público “de fácil acceso para los inversores” podría llevar a las empresas a tomar medidas más serias para evitar la contaminación y a ser más transparentes en la comunicación de incidentes.
“Hoy hay inversores en el mundo que están mirando este tipo de episodios. Por eso puede ser una iniciativa del Poder Ejecutivo establecer que las empresas que reciben sanciones tengan un tipo de registro de las mismas y de sus causas (...), sería una excelente herramienta para que la propia empresa no contamine, no demore en informar y no tengamos que hacernos cargo de todos los costos que significa controlarlas”, comentó.
Menéndez argumentó que la posibilidad de que las acciones ambientales de las compañías afecten su reputación entre los inversores podría ser un incentivo más efectivo que las multas, especialmente para empresas con grandes ganancias. “Lo que estamos haciendo no está dando resultados; estamos actuando siempre sobre hechos consumados (...) a una empresa que gana casi US$ 300 millones en un trimestre, evidentemente, si no es por otro tipo de situaciones, como la valorización de las acciones de la propia empresa, no vamos a lograr controlarla”, opinó.
Durante la comparecencia, Bouvier afirmó que la iniciativa “se va a estudiar y que se va a trabajar sobre eso”. En realidad, la cartera ya analiza una iniciativa similar. El director del área Jurídica de la cartera, Marcelo Cousillas, dijo a Búsqueda que es algo que efectivamente “ya han considerado” y que incluso “están trabajando en un registro de infractores y sanciones”.
Según explicó, equipos del ministerio trabajan actualmente en el desarrollo del soporte informático, pero aclaró que “hay que ser muy cuidadosos porque tiene muchos detalles y situaciones diferentes a considerar”. La idea, agregó, es elaborar un registro web de acceso público para la población que contemple todas las infracciones ambientales graves cometidas por las empresas, un proyecto que esperan dejar habilitado antes de que finalice la actual administración.
“Hay que tener en cuenta que ya existe una sanción complementaria, que es posible aplicar conjuntamente con otras multas en casos de infracciones graves, que es la de la publicación”, comentó en relación con una medida contemplada en la Ley General de Protección del Ambiente. Sin embargo, durante la reunión, Amarilla explicó que el ministerio recibe cientos de denuncias e impone numerosas multas cada año, lo que dificulta la comunicación diaria de todas estas acciones.
“El ministerio recibe unas 1.000 denuncias por año, pero además hace controles, lo que deriva en una suma de 2.000 multas anuales. Si tuviéramos que comunicar diariamente todas las multas que establecemos o todas las inspecciones que hacemos, sería un poco tedioso y deberíamos pensar dónde pondríamos el límite o cuáles comunicaríamos y cuáles no”, señaló. Además, el hecho de comunicar inmediatamente “supone una debilidad”, al no contar siempre con todos los elementos sobre un acontecimiento.
Marco normativo
En la comparecencia se discutió también la modificación del decreto que establece el régimen de las sanciones vinculadas a infracciones ambientales, incluyendo un aumento en el monto de las multas, con el fin de generar un impacto real en empresas de gran porte. La propuesta fue bien recibida por algunos diputados, mientras que otros se mostraron escépticos sobre su efectividad bajo el argumento de que se necesitan sanciones más contundentes, como la creación de la figura penal de los delitos ambientales.
Al respecto, Cousillas dijo a Búsqueda que el “decreto que actualiza los reglamentos de sanciones” ya fue enviado al Poder Ejecutivo para su aprobación, y establece, entre otras modificaciones, que el tope máximo de las multas pase de 5.000 Unidades Reajustables (UR) —unos US$ 200.000— a 100.000 UR —cerca de US$ 4 millones—, tal como permite la Ley de Urgente Consideración. “Ya se trabajó en la actualización de las multas, pero eso requiere la firma de todo el consejo de ministros para su aprobación”, indicó.
Por su parte, Bouvier reconoció ante el Parlamento que “a veces los montos no son los adecuados o no generan el impacto que deberían”, razón por la que es necesario contar con “un marco diferente al que tenemos hoy y que las multas sean un poco más gravosas”. Según dijo, el 29 de agosto se aprobó una resolución ministerial que permitió imponer dos multas a UPM, ambas correspondientes a incumplimientos a lo estipulado en el Plan de Gestión Ambiental de Operación aprobado. La primera, por no haber comunicado de forma inmediata el incidente, por un monto de 1.000 UR; la segunda, por el apartamiento de la pauta de operación normal en el bombeo de lixiviados del relleno industrial, por un costo de 3.500 UR.
“Ambas sanciones se encuentran firmes. La empresa tuvo la oportunidad de hacer descargos en forma previa, pero no fueron considerados aceptables”, comentó Cousillas, en tanto.
