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Las mutualistas piden al futuro gobierno una actualización del cálculo de las cápitas y una redistribución del gasto en salud acorde a la población que atienden. Todo esto emerge de un “resumen analítico” de “propuestas”, un documento con fecha 1º de octubre, que la Coordinadora Nacional de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (Conaiamc) elaboró con la intención de compartir con los principales candidatos a la presidencia.
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Pese a que solicitó entrevistas con todos, ninguno de los postulantes accedió a un encuentro con las mutualistas, según dijeron a Búsqueda fuentes del sector. En estos días, el texto fue entregado a los comandos de los postulantes aún en pugna para el balotaje, Yamandú Orsi del Frente Amplio y Álvaro Delgado de la coalición republicana.
De no contemplarse estas acciones, la sostenibilidad y la financiación del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) están “en riesgo”, dijeron a Búsqueda las fuentes.
En el documento se señala que, mientras las instituciones de asistencia médica colectiva (IAMC, las mutualistas), 34 en total, atienden a 2,16 millones de personas, alrededor del 63% de la población de Uruguay, los recursos recibidos en 2022 correspondieron al 35,9% del gasto total de salud (GTS) de ese año, que correspondió con el 9,13% del Producto Interno Bruto (PIB). Desglosado, las mutualisas recibieron ese año US$ 1.974 millones por aportes del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y otros US$ 343 millones por cuotas individuales y colectivas más gasto de bolsillo de sus afiliados.
Todo esto representó un 3,28% del PIB. “Puede observarse que, mientras el sector IAMC atiende las necesidades sanitarias del 63% de la población, percibe ingresos equivalentes a poco más de la tercera parte” del GTS, destaca el documento. Las otras dos terceras partes “se distribuyen entre la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), sanidades militar y policial, Banco de Seguros del Estado (BSE), Fondo Nacional de Recursos (FNR), seguros privados y pagos de bolsillo”.
La organización no pide más gasto en salud —que considera acorde a los requerimientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) al ser superior al 6%— sino que pide “una revisión de la asignación” de dicho gasto “de manera más eficaz”. Más dinero de la torta a las mutualistas. Entre las autoridades de la Conaiamc está el convencimiento de que ellos pueden ejercer de forma más eficiente las normativas del SNIS, sobre todo las referidas a investigación clínica, capacitación, implementación de la historia clínica electrónica y mejoras edilicias.
“El mutualismo es un eje principal del sistema y las exigencias que tiene no están acordes a los gastos adjudicados; el financiamiento actual es insuficiente para lo que se nos exige”, dijeron fuentes del sector a Búsqueda.
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imagen de Lema pedirá explicaciones a las autoridades de ASSE por el pago de deudas con el Círculo Católico
Reformulación del SNIS
La reformulación del sistema de salud, cuya sostenibilidad actual ya había sido puesta en entredicho por representantes de la Conaiamc el año pasado, no se limita a una distinta distribución del gasto. Las mutualistas piden que toda la población del país tenga una cobertura del Fonasa y abatir la múltiple cobertura, que alcanza a unas 154.000 personas. “El fenómeno se concentra en sanidad militar y sanidad policial, donde se aprecia que solo el 47% de los usuarios presenta una sola cobertura, mientras que en el sector mutual solo el 6% tiene más de una”, dice el documento. El texto señala que “el presupuesto público destinado a BSE (US$ 50 millones), sanidad militar (US$ 109 millones) y sanidad policial (US$ 128 millones) destinado a servicios o población superpuesta con el sector IAMC podría ser reasignado sobre bases diferentes”.
Un aspecto central a evaluar, según las mutualistas, es una readecuación de las cápitas del Fonasa, el principal componente de sus ingresos. Según el resumen analítico enviado a los candidatos, el método hasta ahora vigente para su cálculo es “rudimentario” y los datos de base utilizados —sexo y edad del afiliado— son de hace casi 20 años (2005), “período en el cual cambió el perfil de la población asistida por las IAMC, las patologías atendidas y la intensidad de uso de los servicios y su demanda”. Esa no revisión derivó en que la cápita actual “no representa adecuadamente el costo asistencial brindado”, lo que deteriora a criterio de estas instituciones el “resultado operativo global”.
Según dijeron a Búsqueda desde la Conaiamc, el primer paso sería “actualizar el cálculo” de esas cápitas con los mismos predictores utilizados, sexo y edad, pero con los datos de población actuales: “Eso ya puede demostrar si hay un desfasaje”. Recién ahí se daría un nuevo paso, también pretendido por las mutualistas, que es apelar a una cápita “inteligente” que incluya morbilidades, enfermedades basales o factores de riesgos en cada caso.
Los tiempos de espera, otro factor para revisar, también están directamente relacionados a la “reactualización” de las asignaciones de recursos. En esto se pone el acento en la perspectiva del usuario, cuyos reclamos del poco tiempo de atención y las largas esperas para conseguir una hora están entre las quejas más habituales. El documento desarrolla el concepto: “Una espera es excesiva cuando afecta negativamente el bienestar y la salud del paciente”, señala. Precisa empero que un “hiperconsultismo”, un efecto detectado sobre todo a fin de la pandemia, “promueve la sobremedicación, la iatrogenia y la ausencia de mejora real en la salud”.
Sin embargo, lamentan que una eventual reforma del SNIS “no ha sido un tema de campaña”. La imposibilidad de concretar una entrevista con “al menos los cuatro” candidatos a la presidencia que parecían con mayor chance para octubre les parece un indicador significativo.
