Narcos amenazan a víctimas de violencia doméstica para que pidan el retiro de tobilleras o custodia y así evitar presencia policial

Varios operadores del sistema de Justicia, que prefirieron no identificarse por temor a posibles represalias de los delincuentes, señalaron a Búsqueda que detectaron un “nuevo fenómeno” que vincula a los narcos barriales y a las víctimas de violencia de género.

En algunas de las situaciones amenazaron a las víctimas a través de mensajes o de personas que se presentaron en sus hogares, por lo que decidieron solicitar que les retiren la tobillera, la custodia policial o dar marcha atrás con la denuncia. Hubo otros donde les balearon la fachada de su casa o hasta las expulsaron del barrio. Estos últimos dos fueron casos aislados en Montevideo.

Las fuentes consultadas también advirtieron que han trabajado en situaciones donde el agresor era una persona vinculada al microtráfico y las mujeres recibieron amenazas por las declaraciones que podrían hacer en el juzgado por la denuncia de violencia.

En ese sentido, desde hace unos dos años la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de las Mujeres comenzaron a trabajar el fenómeno de la violencia doméstica atravesada por la criminalidad, dijo a Búsqueda una fuente del Ministerio Público, porque el contexto del microtráfico “atraviesa” las relaciones y eso es complejo para las víctimas. “Es imposible que no permee la violencia que se da naturalmente en la organización criminal”, agregó.

Un obstáculo en los trabajos

A principios de agosto de este año una mujer fue asesinada por su expareja en el barrio La Teja. El hombre había sido denunciado por violencia de género por quien luego fue su víctima y estaba requerido por la Policía desde abril por quitarse la tobillera electrónica, pero no había sido detenido. El femicidio dejó al descubierto una situación: la denunciante había solicitado no tener una tobillera que, mientras el hombre tenía el dispositivo, permitiera emitir una alerta si se producía un acercamiento. Tampoco contaba con una custodia policial.

Ese caso es uno de muchos. Porque, desde su incorporación, el uso de dispositivos y la custodia policial de las víctimas han generado dificultades. En los casos donde quienes los portan no son quienes cometen los delitos, como las víctimas de violencia doméstica, también les suele afectar su vida cotidiana y en aspectos vinculados al trabajo. Se han registrado situaciones donde los empleadores les han pedido que no vayan, sobre todo con la custodia policial, según relataron varios operadores del sistema de Justicia y desde el Ministerio del Interior. También hubo casos donde se negaron a tenerla porque podía afectar sus emprendimientos o fueron reticentes a tener un dispositivo porque lo consideran estigmatizante o invasivo.

Medio centenar de casos en 2024

La cantidad de pedidos de mujeres víctimas de violencia doméstica que no quieren usar los dispositivos es visto como “problema”, indicó otra fuente del Ministerio del Interior, que es la cartera encargada de la disposición de las tobilleras a los victimarios y los aparatos a los hombres y también a las víctimas, luego de quedar establecido a través de una sentencia judicial. Actualmente, hay cerca de 2.000 tobilleras activas en el país.

En lo que va del año fueron más de 50 casos de arresto o prisión domiciliaria donde solo terminó dispuesta la tobillera en los hombres formalizados como los agresores, porque las víctimas dieron su negativa. Para que eso ocurra, se aplica el principio de la autonomía de la voluntad de la mujer —que la habilita a oponerse— y debe quedar por escrito en un acta que no quiere portar un dispositivo.

Pero también existen otras dificultades. Por un lado durante algunos períodos se registra una falta de tobilleras para colocar en los casos de violencia de género —porque la mayoría se destinan a arresto y prisión domiciliaria—, lo que lleva a que exista una lista de espera para las mujeres. “Cuando saltan a la prensa hechos de violencia, aumentan los pedidos de tobillera porque las víctimas se sienten con miedo, y hay momentos donde no hay dispositivos”, dijo una fuente judicial a Búsqueda. En esas situaciones, la Justicia debe disponer una custodia permanente, que las mujeres consideran más perjudicial. “Es complicado para la víctima tener dos policías que se tienen que movilizar con ella todo el tiempo”, indicó la fuente.

Por otro lado, también existen complicaciones vinculadas al funcionamiento de los dispositivos, porque a veces las tobilleras del agresor se quedan sin batería y eso emite una alerta y las víctimas reciben una llamada a través del aparato. En ese contacto se les pide que se resguarden y se envía un móvil policial que llega en minutos al lugar. También puede ser por fallas técnicas o porque la persona imputada se alejó del dispositivo.

A su vez, también relataron los operadores consultados que hubo otras situaciones en las cuales cuando se realizó la audiencia de formalización todavía no estaba pronto el informe de riesgo y por tanto la Justicia rechazó poner un dispositivo o un Tribunal de Apelaciones dio marcha atrás a una sentencia de primera instancia. Es el caso de una sentencia dictada en abril de 2024 por el Tribunal Apelaciones de Familia de 1^er turno, que se encuentra disponible en la Base de la Jurisprudencia Nacional. El tribunal revocó parcialmente la sentencia que había dispuesto, que pese a no tener el informe de evaluación era una situación de riesgo y debía ingresar al Sistema de Monitoreo Electrónico y utilizar una tobillera. La jueza había argumentado la decisión basada en la denuncia de la situación de violencia de género y a la existencia de antecedentes del denunciado con anteriores parejas.

En 2023, el programa de tobilleras electrónicas colocó 3.277 en casos de violencia doméstica, en los que 96% de las víctimas fueron mujeres y 97% de los agresores fueron hombres, según informó El País en mayo. En 2022 eran 2.811 las tobilleras colocadas y en 2021 fueron 2.586.

“La mejor forma es que se vayan”

Los operadores del sistema de Justicia consultados coincidieron en que existe una dificultad vinculada al acceso a la vivienda para las víctimas de violencia doméstica de bajos recursos, que no tienen posibilidad de cambiar de hogar luego de las amenazas. En ese sentido, han ocurrido casos donde solicitaron una solución habitacional desde la Defensoría Pública, provisoria o definitiva, y no había cupos.

Las fuentes consideraron que se trata de situaciones donde debe haber un trabajo interdisciplinario para atender a las víctimas que es responsabilidad de Fiscalía —a través de la Unidad de Víctimas y Testigos— y del Poder Judicial. Desde el Ministerio Público consideraron que por la complejidad de las situaciones de la violencia doméstica, a lo que debe sumarse la criminalidad organizada, es “fundamental” el rol de la Defensoría Pública, que debería tener equipos especializados para resolver situaciones de las víctimas, como la vivienda.

Desde la Fiscalía también señalan que existen complicaciones para que las víctimas vayan a los refugios o a lugares como una medida de protección, porque cuando toman conocimiento de que el victimario está vinculado con una organización criminal “genera ruido”. En ese sentido se han “adaptado” dispositivos para poder recibirlas. “La mejor forma es que se vayan del entorno”, aseguró la fuente del Ministerio Público.