Uno de los grandes objetivos del próximo elenco de gobierno presidido por Yamandú Orsi es alcanzar un pacto en educación sobre la base de un acuerdo amplio político, social y académico. Los ejes de esta apuesta fueron avanzados durante la campaña electoral del Frente Amplio y apuntan a universalizar la primera infancia desde los tres años, revertir el ausentismo en escuelas y liceos, mejorar las tasas de egreso de educación media, así como la calidad de los aprendizajes, y “reforzar y actualizar las formas de acompañar y educar”, con la universidad de la educación como “norte”.
El planteo hace pie en una idea resumida a Búsqueda por el recién confirmado presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani, del futuro gobierno: “Estamos en un escenario en donde ya fracasamos todos (los partidos) en los grandes problemas de la educación, y los desafíos siguen ahí; veamos juntos cómo resolverlos”.
“Obviamente, no vamos a estar en todo de acuerdo. Pero el talante de la negociación es mucho más potente cuando partimos de la realidad de que todos fracasamos —unos más lentos y otros más rápido—, y de un acuerdo de base sobre determinados objetivos”, razonó.
Caggiani, confirmado titular de la ANEP este viernes 27, integra el Movimiento de Participación Popular (MPP), sector del presidente electo, y tiene extensa trayectoria en la Federación Uruguaya de Magisterio-Trabajadores de la Educación Primaria (FUM-TEP). También integró el Consejo de Educación Inicial y Primaria y es el actual director del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed) por el Frente Amplio.
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Escudo nacional en la inauguración de la escuela n° 264 del barrio Nuevo París, en mayo de 2024
Mauricio Zina / adhocFOTOS
Consultado sobre esta idea para alcanzar un pacto educativo, el nombrado titular del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), José Carlos Mahía aseguró que el planteo de Caggiani es la “línea” política que proyecta plasmar el futuro elenco de la educación. “Es la línea que vamos a impulsar en este período”, afirmó el también docente y senador astorista. “Es la idea”, insistió.
Mahía dice estar convencido de que “hay que ser más sencillos y humildes para que las cosas sucedan” en educación, premisa que contrapone a “eslóganes refundacionales” y advierte que no quiere que la gestión educativa esté al servicio del “marketing político”.
En una reciente entrevista con Búsqueda, el futuro ministro cuestionó la llamada “transformación educativa” que a partir del 1º de marzo alcanzará a todos los niveles de la enseñanza formal obligatoria —desde educación inicial hasta bachillerato—, un proceso de cambios curriculares y sistémicos establecido por la administración del colorado Robert Silva y resistido desde la izquierda, tanto por el Frente Amplio como por sindicatos.
Un pacto para la educación de base ancha
Uruguay tiene antecedentes en la búsqueda de acuerdos políticos y sociales en materia educativa, advierte el futuro presidente del Codicen. Caggiani cita casos que van desde la experiencia de la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE) y el trabajo en el marco de la ANEP sobre el Plan Nacional en el primer período de gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010) hasta los llamados acuerdos multipartidarios sobre educación, firmados por los cuatro partidos con representación parlamentaria durante el gobierno de José Mujica (2010-2015).
Por eso, señala que no se trata de una búsqueda inédita de acuerdos, y sostiene que requerirá intercambios con todo el arco partidario y también con “otros actores” convocados por la administración de lo educativo. Entre estos actores que ubica más allá de los partidos políticos, incluye a docentes, estudiantes, familias, funcionarios, gremios, de la academia y del sector privado de la educación. También abarcará a instituciones públicas —como las intendencias—, a representantes del mundo productivo, empleadores y trabajadores organizados, y a instituciones barriales, como clubes deportivos, iglesias, cooperativas y ligas de fomento, tomando en cuenta las particularidades de cada región del país.
Según las bases programáticas del Frente Amplio, la elaboración de los formatos de gestión y desarrollo de los programas definidos se elaborarán en consulta con las Asambleas Técnico Docente (ATD) y las comunidades educativas.
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Celsa Puente, Pablo Caggiani y Héctor Florit durante una conferencia sobre educación en la sede del Frente Amplio en 2022
Javier Calvelo / adhocFOTOS
El futuro titular de la ANEP asegura que, si bien hay un conjunto de políticas que habrá que “revisar” sobre la marcha de la transformación curricular —que este año se completará en todos los niveles educativos—, también reconoce “áreas” en las que la actual administración “avanzó” y sobre las que la izquierda buscará “profundizar”: la ampliación de la cobertura educativa desde la primera infancia, la extensión del tiempo pedagógico en todos los niveles y un sistema de acompañamiento de las trayectorias de los alumnos y de cuidados de las familias.
Tanto Mahía como Caggiani creen que es posible arribar a un pacto educativo. Y también coinciden en que los “tonos” del intercambio con los otros partidos, así como con las corporaciones gremiales, son los que facilitan u obturan la posibilidad de lograr acuerdos, más allá de las diferencias en un tema tan complejo como es la educación.
Caggiani sostiene, además, que Uruguay cuenta con un “acumulado de profesionales”, técnicos y políticos de todos los partidos con varias décadas de experiencia en el sistema educativo. Del lado del Frente Amplio señala, por ejemplo, a “los históricos” —entre ellos, el maestro Héctor Florit, la profesora Celsa Puente o el designado asesor ministerial Luis Garibaldi—, quienes, tras una “primera línea de renovación”, buscarán “elevar el debate” para mejorar la situación educativa del país.
Presupuesto educativo con enfoque social
Las políticas en educación del Frente Amplio apuntan a destinar una dotación importante de recursos para universalizar la educación en el nivel inicial y para ampliar las experiencias de mayor tiempo pedagógico en primaria y media —tanto en liceos públicos como en centros de UTU—, así como para reforzar apoyos económicos a las familias y a los estudiantes de los sectores más vulnerables.
El objetivo es “llegar o aproximarse” a un presupuesto equivalente al 6% del Producto Bruto Interno (PBI) para la educación y al 1% para la ciencia durante el quinquenio, dijo Mahía a Búsqueda, al aludir a una meta trazada desde hace una década por la izquierda, que aún nadie logró, y que figura en las bases programáticas del Frente Amplio.
Primero, el nuevo gobierno deberá “conocer” la dimensión de la realidad económica del país, dijo Mahía, que el viernes 27 tuvo una primera reunión oficial de transición con el ministro saliente, Pablo da Silveira. El gobierno destinó en 2023 el 4,9% del PIB a la educación, según la exposición de motivos de la última Rendición de Cuentas.
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Paro y ocupación de Fenapes en el liceo Bauzá en octubre de 2024
Mauricio Zina / adhocFOTOS
Desigualdad de base
Los proyectos de la izquierda implican una ampliación “sustantiva” en monto y extensión de la cobertura de beneficiarios de las becas para estudiantes, la duplicación de la Tarjeta Uruguay Social (TUS) que ofrece el Ministerio de Desarrollo Social (un programa dirigido a hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica extrema), “partidas universales” para el inicio de los cursos y para crear un programa de 12.000 empleos juveniles de “primera experiencia” al cierre de los ciclos.
El Frente Amplio prevé que “uno de cada cuatro” alumnos y sus familias reciban apoyos públicos para asegurar la continuidad de los estudios, con una inversión estimada en 0,5% del PBI para financiar este conjunto de medidas sociales.
Los equipos frenteamplistas del área educativa también estudian la adecuación y construcción de nuevos locales en zonas de mayor vulnerabilidad económica, que son las que presentan los problemas más agudos para efectivizar las políticas.
El primer objetivo será “recuperar” los niveles de “asistencia” al aula en los centros de estudio durante todo el proceso formativo, según dijo a Búsqueda Gabriel Quirici, quien estará a cargo de la Dirección Nacional de Educación del MEC, desde donde aspira a impulsar la creación de una universidad de la educación.
Quirici destacó la evolución de Ceibal, el trabajo con las maestras comunitarias y con la Universidad Tecnológica (Utec) como “demostración” de que el país puede dar respuesta a los desafíos, “con refuerzos económicos” y la potencia necesaria que reduzca las desigualdades de base.
También Caggiani, el futuro presidente del Codicen, subrayó que “muchos” de los desafíos de la educación se vinculan a la desigualdad de ingresos y el acceso a derechos.
