El precandidato del Partido Nacional que hoy lidera con distancia la intención de voto en la interna también se ha posicionado a favor de la transparencia. Consultado por la diaria, Delgado dijo que Uruguay “no está exento” de que el crimen organizado busque infiltrarse en la política: “El grupo contra el crimen organizado que pretendemos crear trabajará en ese tema, cruzando información, y por ello es importante que haya una ley de financiamiento de los partidos, para que el sistema político esté blindado y allí no pueda permear el lavado”.
Los números de la campaña
El cuestionario elaborado por Búsqueda interrogaba a los precandidatos sobre el presupuesto estimado de sus campañas hacia las internas, lo gastado hasta el 20 de mayo —fecha en que se enviaron las preguntas— y lo planificado hasta el 30 de junio, en rubros como publicidad en televisión, cartelería, organización de eventos, alquiler de locales y recorridas por el país, entre otros. También se les consultó sobre el origen de los fondos (donaciones nominadas o innominadas, donaciones en especie, aportes propios, recaudación por eventos, etcétera). Por el Partido Colorado respondieron Carolina Ache, Robert Silva y Gabriel Gurméndez. No lo hicieron Andrés Ojeda, Tabaré Viera y Zaida González. Por el Partido Nacional respondieron los candidatos con las campañas más austeras, Carlos Iafigliola y Roxana Corbrán. Ni Álvaro Delgado, ni Laura Raffo ni Jorge Gandini dieron información sobre sus gastos. Por el Partido Independiente respondió Pablo Mieres, precandidato único. Ninguno de los tres precandidatos del Frente Amplio—Yamandú Orsi, Carolina Cosse y Andrés Lima— accedió a dar información. Tampoco lo hizo el precandidato por Cabildo Abierto, Guido Manini.
Gurméndez informó un presupuesto total estimado de US$ 390.000, de los cuales lleva gastados US$ 197.000. Invirtió US$ 18.000 en publicidad en la vía pública y prevé gastar otros US$ 28.000. Invertirá US$ 90.000 en publicidad televisiva (a partir del 1 de junio, cuando quedó habilitada la publicidad electoral) y un total de US$ 60.000 en publicidad digital. Los gastos de locomoción (ha utilizado un avión privado para viajar a eventos en el interior) le insumirán unos US$ 34.000 y el alquiler de locales partidarios casi US$ 40.000. Además, gastará unos US$ 48.000 en la impresión de listas. Reportó como principal donante a la Agrupación Batllismo Lista 15 (US$ 110.000); además, obtuvo US$ 30.000 de donaciones anónimas, US$ 35.000 de donaciones en especie y US$ 190.000 en eventos de recaudación.
Silva informó que gastó hasta el 20 de mayo unos US$ 224.000 y que lleva recaudados US$ 300.000. El monto a gastar hasta el 30 de junio dependerá de los ingresos por aportes que tenga la campaña, indicó. Hasta la fecha desembolsó US$ 20.000 en publicidad televisiva, US$ 34.000 en la vía pública y US$ 31.000 en digital. Otros US$ 21.000 entre alojamiento y viáticos y US$ 32.000 en la organización de eventos. En el rubro “otros gastos” reportó US$ 75.000, lo que incluye el costo de producciones audiovisuales, servicios profesionales y estudios de opinión pública. Lo recaudado surge principalmente de donaciones (US$ 200.000), sin especificar de quienes, y de eventos (US$ 90.000).
Ache prevé un presupuesto de US$ 330.000, de los cuales gastó US$ 130.500 y recaudó US$ 60.000. En el rubro publicidad planifica gastar US$ 90.000 en TV, US$ 10.000 en radio, US$ 10.000 en vía pública y US$ 20.000 en plataformas digitales. Otros US$ 45.000 se irán en gastos de impresión de listas; US$ 30.000 en locomoción y viáticos, y US$ 30.000 en alquileres. El rubro “otros gastos” se lleva casi US$ 200.000. En cuanto al origen, no especificó detalles: US$ 270.000 provienen de la categoría “otros” y US$ 60.000, de eventos de recaudación.
Mieres planifica gastar US$ 203.700 en toda la campaña, de los cuales lleva recaudados US$ 140.000. Unos US$ 12.800 se destinarán a publicidad en TV, US$ 28.400 a publicidad en la vía pública, y US$ 61.000 a publicidad digital. El alquiler de locales se lleva unos US$ 37.000. Los fondos provienen de eventos de recaudación (US$ 140.000) y ahorro del partido (US$ 90.000).
Iafigliola informó que gastará en toda la campaña unos US$ 42.000. El mayor gasto es el de impresión de listas (US$ 10.000) y el del alquiler del local partidario (otros US$ 10.000). A publicidad destinará US$ 2.600. Los fondos surgen de “aportes de amigos y compañeros de agrupación”, cenas de recaudación con tickets de US$ 100 por persona, una rifa, préstamo a cuenta del ingreso por voto (subsidio del Estado) y contribuciones propias y de su pareja. Corbrán, por su parte, prevé gastar US$ 30.000, de los cuales lleva recaudados US$ 2.000. Hasta el 20 de mayo había gastado US$ 1.000 en publicidad digital. El principal gasto es la impresión de listas (US$ 10.000). Los fondos provienen de tres donantes, de la propia precandidata y como donaciones en especie reportó dos sedes en Punta Carretas y Aguada.
¿Cuánto sale un cartel en la Ruta Interbalnearia?
Es complejo estimar el gasto total de una campaña, ya que varía mucho según los recursos de cada precandidato. Además, los sectores y las listas hacen sus propias campañas, para lo cual también recaudan y gastan dinero que queda por fuera de los números de la campaña principal. Es posible, sin embargo, estimar algunos costos.
Delgado tiene un local para su comando de campaña en Bulevar Artigas y Chaná, el mismo edificio que funcionó como sede en la última campaña presidencial de Lacalle Pou. El alquiler supera los US$ 3.000, aunque no necesariamente es un gasto, ya que muchos políticos consiguen locales como “donación” de los propietarios. Semanas atrás, emitió un extenso spot televisivo de casi cinco minutos que generó polémica porque aún no estaba habilitada la publicidad electoral. Ha realizado varios actos y recorridas por el interior, y tiene cartelería de gran tamaño en lugares claves como Bulevar España y la rambla. Raffo tiene su sede en frente a la plaza Independencia, no tiene grandes carteles en edificios ni tampoco ha hecho grandes actos de masas, aunque tiene una apuesta fuerte a la publicidad digital.
Orsi tiene su sede central en 18 de Julio, entre Pablo de María y Joaquín Requena. Además, tiene cartelería en edificios en algunas de las principales calles de la ciudad, como 18 de Julio o Avenida Italia. Algunas de las listas que lo apoyan, como la 949, PAR y El Abrazo, han hecho una intensa campaña en redes sociales. La sede central de Cosse también está sobre 18 de Julio, aunque es más chica que la de Orsi. En su equipo aseguran que cuentan con pocos recursos y que están haciendo una campaña “austera”, basada en recorridas por los barrios de Montevideo y ciudades del interior, y en la publicidad digital.
Ojeda-cartel-ruta-interbalnearia-adhoc-ra.jpeg
Publicidad electoral de Andrés Ojeda en ruta Interbalnearia.
Ricardo Antúnez / adhocFOTOS
Ojeda, uno de los candidatos que ha levantado más suspicacias por su gran presencia publicitaria, tiene su sede en Bulevar España y Enrique Muñoz, que según fuentes coloradas cuesta unos US$ 6.000 por mes. Desde principios de año tiene una importante presencia en cartelería, tanto en rutas como en edificios. También tiene mucha presencia en medios digitales. Viera tiene una sede central en Bulevar Artigas y Berro. Ha desplegado cartelería en varias calles de Montevideo y tiene escasa presencia publicitaria en medios. A principios de mayo hizo una cena de recaudación en el Enjoy de Punta del Este.
Cabildo Abierto presume de ser un partido con pocos recursos económicos. Las audiciones partidarias emitidas semanalmente en Radio Universal tienen un costo que las fuentes cabildantes ubican en unos US$ 10.000 mensuales. La sede central del partido, ubicada en el Centro de Montevideo fue adquirida hace un tiempo por el partido de Manini, por lo que se paga a los funcionarios y el mantenimiento. En la campaña para las internas, el partido “no invirtió mucho en cartelería, spots publicitarios o merchandising”, porque en Cabildo Abierto “no hay mayor competencia interna”, indicó una fuente.
Según fuentes vinculadas a las campañas políticas, el minuto de televisión ronda los $ 40.000 más IVA en los canales privados. El Observador informó el mes pasado, citando un estudio de Mediciones y Mercado, que entre el 1 de enero y el 9 de mayo los canales emitieron 34.359 segundos —más de 572 minutos— de propaganda política. La publicidad de Ojeda ocupó 10.528 segundos, seguido de cerca por Delgado, con 10.453 segundos.
La disputa por la atención se juega también en la vía pública. Un cartel en una de las zonas mejor ubicadas, como ser las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Carrasco, puede costar unos $ 100.000 al mes, sin contar el costo de producción, que suma otros $ 50.000, aunque por única vez. En la Ruta Interbalnearia los carteles, dependiendo de su ubicación, pueden llegar a costar desde $ 20.000 a $ 70.000 por mes, a lo que hay que agregar el costo de producción.
cartel-Cosse-18-de-Julio-adhoc-ra.jpeg
Cartel de Carolina Cosse en la avenida 18 de julio.
Ricardo Antúnez / adhocFOTOS
La publicidad digital es difícil de medir, dado que Google no reporta cuánto gastan los políticos en Uruguay. Esto se debe, en parte, a que no existe legislación que lo obligue, como sucede en otros países. La publicidad programática de Google es con la que se cruzan los internautas cuando navegan por la mayoría de los sitios de internet. Meta, propietaria de Facebook e Instagram, sí permite ver cuánto invierten los políticos para que sus avisos invadan las redes sociales de potenciales votantes. En los últimos 90 días, Silva fue el que más gastó en Meta: $ 1 millón. Le siguieron Raffo, con $ 900.000, Gurméndez con $ 788.000, Ojeda con $ 441.000, Cosse con $ 350.000, Gandini con $ 249.000 y Viera con $ 201.879.
Al igual que las redes sociales de Meta, X tampoco permite conocer cuánto gastaron los políticos.
Las consultas de los partidos políticos en el mercado inmobiliario para alquilar locales comenzaron a principios de año y se concretaron a partir de marzo. En materia de precios, el vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria, Matías Medina, dijo que en la zona del Centro y Cordón los alquileres de ese tipo rondan entre los $ 30.000 y $ 40.000 mensuales. En la zona, detalló, hay al menos 15 locales arrendados con fines políticos partidarios. En Ciudad Vieja se ubican cerca de $ 30.000, en Cordón Sur, Parque Rodó y Parque Batlle la mensualidad ronda los $ 55.000. En Pocitos los valores se elevan en torno a $ 80.000 y por encima de eso en Punta Carretas, donde además la oferta es escasa. En barrios más periféricos, en general, se alquilan casas y los precios pueden ubicarse entre $ 20.000 y $ 25.000.
Laocal-Laura-Raffo-adhoc-ra.jpeg
Local partidario de Laura Raffo en el Parque Rodó.
Ricardo Antúnez / adhocFOTOS
Un balance agridulce
El Parlamento aprobó el 5 de junio una nueva ley que regula el financiamiento de los partidos y que modifica la legislación vigente desde 2009. La nueva norma establece que a partir del próximo ciclo los partidos deberán declarar ingresos y gastos de la campaña previa a las elecciones primarias, la Corte Electoral podrá pedir la colaboración del Tribunal de Cuentas y la Secretaría Nacional para el Combate al Lavado de Activos (Senaclaft); reduce el tope de los montos de las donaciones anónimas y los aportes propios de los candidatos.
Piñeiro, académico de la Universidad Católica, sostuvo que la ley “subsana problemas” de diseño de su antecesora, aunque “no necesariamente de la manera óptima”. Como punto a favor, dijo a Búsqueda, la nueva norma transparentará el gasto de los candidatos y partidos en propaganda televisiva, el rubro al que destinan más dinero. Por otra parte, señaló la complejidad de regular el financiamiento de las campañas cuando los precandidatos no son los únicos que gastan y recaudan. “No es sencillo regular esto en Uruguay, porque hay miles de agentes, personas que tienen listas, que recaudan y ejecutan dinero. No es sencillo, pero se puede avanzar mucho más”.
Para la experta Carla Arellano, de Ferrere Abogados, el balance es agridulce. “Sobre el tema financiamiento privado a partidos políticos, en la nueva norma hay varios cambios que podrían llamarse técnicos o de diseño normativo, todos bienvenidos, algunos pocos cambios sobre control y transparencia, y ninguna mejora en tema de seguimiento o monitoreo de aportes y fortalecimiento en recursos a la Corte Electoral”, resumió.
65788.jpg
Fachada de la Corte Electoral
Ricardo Antúnez / adhocFOTOS
Arellano valoró que haya definiciones claras sobre los ciclos electorales y cuándo deben ser controlados, la reducción de montos y la creación de nuevas prohibiciones de donaciones. Consultada por Búsqueda, mencionó varios aspectos que podrían haberse incorporado a la norma. Si bien mejoran las sanciones ante incumplimientos para los partidos y comité de campañas, “continúan siendo todas sanciones monetarias”, y no se incluyen “otro tipo de sanciones para situaciones graves, como por ejemplo, inhabilitación del propio partido”.
Uno de los puntos centrales que marcó Arellano es que se debió establecer que además de presentar sus rendiciones de cuentas después de cada elección, los partidos incluyeran información que respaldara esas declaraciones. “Se recibe información muy genérica que no permite a la Corte Electoral analizar en detalle los movimientos de fondos para determinar eventuales incumplimientos”, explicó.
La experta recordó que la Corte Electoral no tiene los recursos necesarios para llevar adelante un control profundo de las declaraciones que recibe desde 2014. De hecho, Búsqueda informó en febrero que en 15 años la Corte había investigado una sola vez presuntas irregularidades en el financiamiento de campañas y fue después de una denuncia.
El socio de Brum&Costa y exprosecretario de la Presidencia Leonardo Costa dijo el 29 de mayo en "La Tertulia" de En Perspectiva que era una “vergüenza” algunas de las cosas que votaron los parlamentarios, sobre todo después de discutir horas sobre la cantidad de minutos gratis en televisión que debían recibir los partidos. Criticó que no se preocuparon de “ponerle obligaciones y sanciones en los casos de incumplimiento”, no crearon “el delito de financiamiento ilícito de campañas”, no le dieron fondos suficientes a la Corte Electoral, ni “poder a la Senaclaft para que investigue el origen del dinero”.
