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El diputado del Partido Nacional Diego Echeverría presentó un proyecto de ley que prevé aumentar las penas por el tráfico de armas al modificar los artículos 8 y 9 de la Ley N° 19.247, que prohíbe la tenencia y el porte de armas de fuego, municiones y explosivos sin autorización del Ministerio del Interior.
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“La baja penalidad que actualmente conllevan los delitos de tráfico de armas y los altos beneficios económicos que generan han convertido al país en un territorio propicio para ese mercado ilegal”, sostiene la exposición de motivos del proyecto, al cual accedió Búsqueda. La iniciativa argumenta que “un alto porcentaje” de las personas condenadas por delitos vinculados a armas de fuego cumplen penas alternativas a la prisión, lo que hace que la actividad “resulte atractiva y rentable” para sus protagonistas.
En el caso del tráfico internacional de armas, el proyecto de ley propone elevar el mínimo de la pena de seis meses a cuatro años de penitenciaría, mientras que frente al tráfico interno lleva el mínimo de seis meses de prisión a cuatro años de penitenciaría y el máximo de seis años a ocho años.
Según la iniciativa, la permeabilidad de las fronteras con Argentina y Brasil supone un factor de riesgo significativo para el aumento del comercio ilícito de armamento en Uruguay, especialmente porque la normativa uruguaya en la materia es más laxa que la de sus vecinos, “que han adoptado políticas más estrictas para combatir este crimen”.
En los últimos cinco años, operaciones policiales en Uruguay evidenciaron la conexión entre el tráfico de armas y organizaciones criminales brasileñas que operan a lo largo de la frontera, especialmente en la zona de Chuy. La Dirección General de Información e Inteligencia de la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Aduanas fueron dos de las principales agencias encargadas de procedimientos contra el tráfico ilegal de armamento, en particular, piezas de armas de fuego destinadas a la fabricación de fusiles.